El proyecto de modernización de la Cancillería se encuentra desde el 10 de enero pasado en el Tribunal Constitucional (TC) a la espera de ser visado para convertirse en ley. Pero el texto emanado del Congreso no dejó conformes a todos los funcionarios del ministerio, los cuales formularon observaciones -mediante dos “téngase presente”- para que el TC los tenga en consideración a la hora de dictar sentencia.
Uno de los documentos fue ingresado por la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Aemre), en el cual expusieron que el proyecto “vulnera la carrera funcionaria” que es garantizada por el artículo 38 de la Constitución, reiterando lo planteado en el debate legislativo.
En concreto, apuntan a los artículos que facultan a las autoridades -el subsecretario de Relaciones Exteriores y los nuevos subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y director General de Promoción de Exportaciones- a asignar por resolución funciones de carácter directivo o de jefatura al personal a contrata, con un tope de 4% de la dotación en el primer caso y de 7% en los otros dos.
De acuerdo a lo expresado por la Aemre, tales disposiciones “atentan contra el sentido de la carrera funcionaria”, ya que limita la posibilidad de promoción de los niveles jerárquicos de jefe de departamento y sus equivalentes sobre la base del mérito, resaltando que la carrera se inicia con el ingreso en calidad de titular.
“Los cargos de jefatura son parte de la carrera funcionaria, por lo mismo, deben ser ocupados mediante sistemas de concursabilidad, a fin de velar por la igualdad de oportunidades y la ideonidad de quienes acceden a los cargos de jefatura”, indica el texto firmado por el presidente de la Aemre, Marcelo Palominos.
Acusan artículos “discriminatorios”
El otro “téngase presente” fue ingresado por tres funcionarios de planta del Servicio Exterior del ministerio, que reúne las funciones diplomáticas y consulares. Apuntan a dos normas que, en su opinión, son de “dudosa” constitucionalidad: una que pone un límite de edad para que los diplomáticos de carrera se desempeñen en el exterior; y otra que cambia la disposición actual de las remuneraciones en determinados casos.
En el primer punto, alegan que se establece una “prohibición” ya que el proyecto decreta que los diplomáticos de carrera no pueden ser destinados en el extranjero después de cumplir 65 años, lo que constituye “una discriminación arbitraria por edad que viola lo dispuesto en el artículo 19 N° 2 de la Constitución”.
Además, recalcan que este límite solo afecta a los diplomáticos de carrera y no a los nombramientos políticos decididos por el Presidente de la República. “Ello nos confirma la discriminación arbitraria que comporta esta norma que, al no extenderse a funcionarios de confianza política, rompe odiosamente la igualdad ante la ley”, sostiene el documento firmado por Raúl Sanhueza Carvajal, Roberto Cordero Pinilla y Ricardo Herrera Rocuant.
Los funcionarios también alegaron por la excepción incluida en esta norma, que indica que si los diplomáticos de carrera renuncian al servicio público, podrán ser destinados en el extranjero hasta por dos años más, lo que calificaron como una forma de “chantaje” que “debería avergonzar a la administración que la impulsa”.
Finalmente, apuntaron a los cambios en materia de remuneraciones. Actualmente, si un funcionario diplomático de carrera es designado embajador (aún sin poseer ese grado) accede al ingreso correspondiente al cargo que ejerce. Pero con la nueva ley eso se cumpliría solo en el caso de los nombramientos hechos por el Presidente, ya que los diplomáticos de carrera percibirían el sueldo del grado que sigue ostentando en la planta del Servicio Exterior.
En opinión de los firmantes esta normativa “vulnera el principio que indica que a igual función, igual remuneración” e introduce una discriminación arbitraria antes inexistente.
Dado que el pleno del TC no sesiona en febrero, se espera que la sentencia del proyecto se dicte la primera o segunda semana de marzo.
Los contenidos de la iniciativa
Además de reformas a la estructura institucional y cambios al estatuto del personal, el proyecto de modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores contempla la creación de una Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que estará conformada por dos servicios: la Dirección de Asuntos Económicos Internacionales y la Dirección General de Promoción de Exportaciones. Ambos servicios serán parte del Sistema de Alta Dirección Pública.
La discusión de la iniciativa es de larga data, ya que se retomó en abril de 2017 luego de siete años de pausa. En esa oportunidad, se ingresaron indicaciones al proyecto elaborado en la primera administración de la presidenta Michelle Bachelet (en septiembre de 2008) y que cesó su debate en 2010 tras el cambio de gobierno. El canciller Heraldo Muñoz calificó la aprobación del proyecto como "un día histórico" para la cartera, destacando que finalmente se contará con una ley de modernización con innovaciones "importantes" y "efectivas" en la estructura y contenido del ministerio.
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