Diferencias con la Nueva Mayoría ponen en jaque acuerdo político en la Araucanía

El 31 de enero de este año. Ese fue el compromiso que se trazó a fines de 2014 el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, para concretar un "acuerdo histórico" con las fuerzas políticas de la Araucanía que condenara la violencia y que fomentara el desarrollo de la región. Varios meses han pasado y dicho acuerdo sigue estancado y con pocas posibilidades de llegar a buen puerto, pese a las intenciones que ha mostrado el nuevo ministro del Interior, Jorge Burgos, en orden a avanzar, incluso marcando un plazo de 30 días, liderando él mismo el proceso de negociación.

¿Cuáles son las razones por las que no se ha firmado el acuerdo? Desde el mismo gobierno confiesan que es la Nueva Mayoría la que está impidiendo avanzar, básicamente porque algunos senadores como el presidente del PPD, Jaime Quintana, cuestionan el rol que ha jugado Aleuy en la materia, queriéndole hacer un "gallito", para que no se logre firmar nada, mientras no exista un real compromiso del Estado para avanzar en temas como la autonomía del pueblo mapuche y que no se criminalice al pueblo indígena. El propio Quintana fue bastante claro la semana pasada al afirmar: "No hay nadie en la región que avale la violencia, eso de firmar documentos no tiene ni un sentido. Lo importante es que el gobierno despliegue una agenda de respeto y reconocimiento al pueblo mapuche como política de Estado. Eso no requiere ni de firmas ni de papeles, eso requiere de acciones".

La lectura política a dichas declaraciones, apuntan desde Palacio, es que el PPD no aprueba la gestión de Aleuy. Más allá de este tema, se asocia a la pugna que tuvo en su momento con el ex ministro Rodrigo Peñailillo. "Es una cuenta que aún quieren cobrar", afirman las mismas fuentes.

Desde la oposición, en tanto, confirman la tesis que la piedra de tope para firmar cualquier tipo de acuerdo es la misma NM, pero también la poca voluntad e importancia que le ha dado el gobierno al conflicto que se vive en la zona, y que en los últimos meses ha recrudecido con ataques incendiarios, tomas de caminos y robos de madera. "Hay una oposición férrea de los parlamentarios de la Nueva Mayoría para que el gobierno no concrete un acuerdo. Muchos no quieren que se aísle a los violentistas y pretenden entregarles beneficios a comunidades que han participado en actos terroristas", afirma el diputado por la zona Diego Paulsen (RN).

Otro parlamentario apunta que mientras no se condenen estos actos será imposible llegar a algún acuerdo, pero, al menos, confían en que "la mano de Burgos" -quien prontamente visitaría la zona- podría ayudar a generar los puentes políticos que estaban cortados con el anterior jefe de gabinete.

También, tanto en la oposición como en el mismo oficialismo reconocen que el ojo está puesto en el actuar del intendente Francisco Huenchumilla, quien prometió una propuesta, que en el gobierno central, al menos, no saben sus detalles. Por ello, en la misma Moneda reconocen que su permanencia está en "constante proceso de evaluación".

¿De qué se trataría el acuerdo?

Parlamentarios de la Alianza, liderados por el senador Alberto Espina (RN) entregaron el año pasado un documento titulado "Acuerdo por la Paz Social en la Araucanía". Este se ha transformado en un documento base que maneja el gobierno. En él, se establecen cuatro áreas de trabajo.

Primero, elaborar una política de tierras con la creación de comisiones que determinen la entrega de terrenos a las comunidades; segundo, un plan para mejorar la productividad de la zona; tercero, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas; y, como último punto el tema de la violencia.

El compromiso de Aleuy

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló a DF que ahora existe un plazo concreto para firmar el llamado acuerdo por la paz: "Un acuerdo político de gran magnitud requiere de amplio consenso entre todos los sectores políticos y en eso venimos trabajando a nivel central y regional en el gobierno para alcanzar un desarrollo en La Araucanía. Y de hecho, el ministro Jorge Burgos, al recibir esta semana a parlamentarios de RN, dio un plazo de 30 días para culminar con el análisis de la propuesta que ellos elaboraron".

En esa línea, manifestó la que dentro de la segunda quincena de junio se firmaría un texto: "Esperamos poder firmar un documento en conjunto con todos los sectores políticos y sectores políticos, que aborde la implementación de políticas públicas, habitabilidad, compra de tierras, y que condene y aísle la violencia entre quienes delinquen", indicó el subsecretario.