Estudio jurídico innova y lanza la primera criptomoneda del sector legal español
En una primera fase, sólo financiará proyectos pro bono, pero en el futuro se utilizará para pagar servicios jurídicos.
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Pombo. Así se llamará la primera criptomoneda española emitida por un estudio de abogados. Dentro de un mes, Gómez-Acebo & Pombo (GA_P) emitirá esta criptodivisa, que cotizará en la red pública Stellar (similar a un mercado de valores o Bolsa virtual, pero diseñada a partir de tecnología blockchain).
"Se trata de una iniciativa pionera en el sector legal español. Con la ayuda de Blockchain Work Labs, una start up especializada en tecnología de cadena de bloques, hemos creado un mercado en el que los Pombos pueden ser negociados libremente, si bien en esta primera emisión lo hemos limitado a clientes del despacho", según explica Guillermo Guerra, socio de GA_P responsable de este proyecto.
Aunque en el futuro está previsto que esta criptomoneda pueda utilizarse para pagar, por ejemplo, los servicios de asesoramiento legal que presta el despacho, de momento su uso quedará circunscrito a la actividad pro bono e iniciativas de responsabilidad social que el bufete articula a través de la Fundación Fernando Pombo.
"El espíritu de este proyecto ha sido el de combinar la tecnología con el fin social de la fundación", apunta Guerra. "Sobre la base de esta experiencia, nuestra intención es valorar distintas alternativas de uso de blockchain para otros servicios legales del despacho".
En esta primera fase, la criptomoneda se lanza para sufragar proyectos de acceso a la Justicia de la fundación que requieren financiación, así como para el trabajo pro bono del bufete. Una vez que se adquieren los Pombos, el comprador tiene que seleccionar el proyecto que desea financiar y, a través de un contrato inteligente, su aportación queda registrada y los tokens (unidad de moneda virtual) son transferidos al monedero virtual de cada una de las iniciativas sociales disponibles.
El despacho ha compartido su iniciativa con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha confirmado que se trata de una utility, es decir, un servicio, y no de un valor negociable que busque rentabilidad, por lo que la emisión queda exenta de la supervisión del regulador.
Está previsto que el primer lanzamiento se realice a principios de julio, con un total de 350 Pombos, que se comercializarán en paquetes de 35 unidades a un precio de 1.000 euros. Esta emisión tiene una duración anual, por lo que en julio de 2020 los tokens serán amortizados.
Los fondos recaudados se transferirán a la fundación, encargada de canalizar las ayudas destinadas a los proyectos solidarios. Además, cada una de estas criptomonedas da derecho al propietario a asignar una hora de trabajo pro bono de un abogado del despacho para asesorar en uno o varios de los proyectos identificados. La identidad de los beneficiarios de estas iniciativas es previamente contrastada para que no sea posible el uso fraudulento de la red blockchain.