BancoEstado envía carta al Congreso y advierte peligros en proyecto de fraudes

El proyecto de ley que busca limitar la responsabilidad de los usuarios en caso de fraudes en tarjetas continúa generando preocupación en la industria financiera. Muestra de ello es que el presidente de BancoEstado, Arturo Tagle, envío una carta al presidente de la comisión mixta que está revisando la iniciativa, el senador José Miguel Durana (UDI), con aprensiones respecto a las modificaciones que se están impulsando.

La inquietud de BancoEstado no es menor, teniendo en cuenta que posee el mayor número de clientes del mercado. Posee más de 11 millones de cuentas abiertas, de las cuales el 94% registran movimientos en los últimos 12 meses que realizan 1.600 millones de transacciones anuales.

Tagle planteó que si el usuario sólo es responsable de los fraudes cometidas en contra de sus medios de pago para el caso de culpa grave o dolo “se consagra que los bancos deben responder por cargos o transacciones objetadas a todo evento, ante la imposibilidad de probar en sede jurisdiccional la ocurrencia de la culpa grave o dolo, se genera en los hechos un incentivo negativo, promoviendo la falta de cuidado de los usuarios respecto de sus medios de pago”.

A juicio de Tagle para evitar los fraudes y preservar el sistema de pagos electrónicos, todos los actores -comercio, emisor y tarjehabiente- deben colaborar. No obstante, señaló que “si el emisor es negligente en su servicio, éste debe responder. Pero asimismo, la negligencia del usuario no debiera ser amparada por la normal legal”.

Recalcó que “sólo la culpa leve u ordinaria podría en forma realista ser objeto de prueba en una instancia jurisdiccional como los juzgados de policía local y posibilitar un examen de las transacciones objetadas”.

El proyecto estableció un plazo de cinco días para restituir fondos sustraídos menores a UF 35. Expresó que la iniciativa no recoge la realidad de BancoEstado. “Requiere de mayores plazos para asegurar la contactibilidad de sus clientes”, dijo Tagle.

Seguros y bancarización

Respecto a la limitación de la contratación de seguros contra fraudes que impulsa el proyecto, afirmó que estos mecanismos “proporcionan una cobertura eficaz y legítima, cuya contratación debiera quedar sujeta a la libre voluntad del usuario”. Además, mencionó que de no existir estas pólizas se terminarían encareciendo los costos de los medios de pago.

“Afectará negativamente el proceso de bancarización, el cual aún se encuentra en desarrollo, generando un riesgo que incentiva el fraude” y añadió que “todo lo anterior afectará el desarrollo de los medios de pago y canales electrónicos, promoviendo el uso del dinero efectivo, lo cual va en sentido contrario de la tendencia de países desarrollados”.

Ayer, la comisión mixta planteó estudiar la creación de un registro de personas que hayan sido objeto de fraudes para evitar que existan ilícitos cometidos por los propios usuarios. La idea fue recogida por el Ejecutivo que analizará la posibilidad de presentar una indicación.

Además, el senador (RN) Rodrigo Galilea propuso retomar la figura de la “culpa leve” en la cual se demuestre la responsabilidad de un usuario ante un fraude, pero fue rechazada por el resto de los integrantes de la comisión. El senador (PPD) Felipe Harboe, señaló que en países como España, Colombia y Uruguay se plantea un estándar de “culpa grave” para casos de fraude con tarjeta.

Ejemplificó que “lo que queremos es que si a una persona se le queda la tarjeta en el cajero, ese solo hecho no sea constitutivo de una excusa para no pagar cuando lo defraudan. Ahora bien, si esa misma persona se le queda la tarjeta en el cajero y luego no da aviso, será un elemento que tendrá en consideración el juez a la hora de establecer si corresponde que el banco pague o no. No parece que sea un estándar tan difícil”.

Ante una eventual desbancarización que provocaría el proyecto, dijo que “lo mismo dijeron con la Ley Dicom. Dijeron que iba a ver una desbancarización y no la hubo. En el Parlamento estamos acostumbrados a que aquellos que se les va a establecer una regulación que los obligue a mejorar los estándares digan que las consecuencia son catastróficas”.