Hasta las dependencias de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad llegarán hoy los abogados que defienden al superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, y a otras dos autoridades de la misma entidad por las querellas presentadas en su contra por Julio Ponce en el denominado “Caso Cascadas”.
Según adelantan en exclusiva a Diario Financiero, los abogados que representan al órgano fiscalizador Paula Vial (PV) y Mario Vargas (MV), el objetivo de esta reunión es agilizar la tramitación de dichas acciones penales, ofreciendo que los querellados se presenten a declarar lo antes posible. Y es que tras varios días de análisis y reuniones al interior de la SVS, la defensa llegó a la conclusión de que todo lo que se describe en ambas querellas -por prevaricación administrativa y abuso contra particulares, además de la que pide investigar la filtración de los cargos- sólo son parte de una maniobra que busca “dilatar, distraer y ensuciar al superintendente Coloma y a quienes han trabajado en la investigación”. Para ello, preparan una carpeta que entregarán al fiscal José Morales, en la cual acreditarán que la SVS cumplió con todos los procedimientos que obliga una denuncia como la que formuló Norte Grande contra Moneda.
En medio de esta batalla legal, son claros en señalar que la actuación de Coloma “no ha estado en absoluto motivada por la protección de intereses del presidente Piñera”, como pretende hacer creer la defensa de Ponce.
- El abogado Jorge Bofill señala en una entrevista a un matutino que se vieron obligados a presentar la querella, porque el superintendente los “ha tratado de la peor manera posible” y que “ha abusado de su poder”…
- PV: La verdad que algunas de las afirmaciones que hace el abogado Bofill son bien increíbles. De hecho, algunas de sus respuestas nos dan la razón, porque se puede deducir que él asume que es una maniobra dilatoria desde el momento que confiesa que quieren que sea otro superintendente quien resuelva la formulación de cargos. En consecuencia, no le da un contenido real a la querella, sino en tanto le sea funcional para ese cambio de autoridad que buscan. Sin embargo, sus afirmaciones mismas no tienen ningún basamento, porque el punto de partida de ellos es errado, falaz. Eso tiene que ver con que la defensa de Ponce exige el mismo trato -el cual se les ha dado- y con resultados iguales, en circunstancias que las operaciones son totalmente distintas.
- Pero ellos relatan varios hechos que acreditarían que no se les dio el mismo trato...
- MV: Lo que hace el querellante es tratar de confundir situaciones que son distintas. Cuando ellos hablan de Moneda o de algunas AFP, eso no puede vincularse o asimilarse a las actuaciones de las sociedades que controla el señor Ponce Lerou, porque no tenían habitualidad y no tenían el control, por lo tanto lo esporádico de las transacciones no lo ponen en la misma situación.
PV: Lo fundamental y la diferencia de base es la participación del controlador. Acá se advierte un esquema donde está el inicio y el final, obviamente no se trata de lo mismo. Lo anterior no impide que, como ellos mismos han respondido en más de una ocasión, si ellos tienen antecedentes los hagan llegar a la SVS. La máxima de la Superintendencia en general es el profesionalismo y la independencia con que se actúa. A partir de esa premisa, la SVS ha trabajo con la misma intensidad y acuciosidad cada una de las denuncias que ha recibido. Todo lo que se señala en la querella es inefectivo, y en algunos casos es evidentemente sesgado e interpretado de una manera acomodaticia. La SVS en este caso y en todos ha actuado técnicamente, profesionalmente y de manera independiente. La única diferencia que obviamente hace que ellos reaccionen así es que el resultado es disímil, por lo tanto con esta maniobra se busca difuminar el escenario, igualar situaciones que no lo son y pretender que a partir de aquello, con una presión evidente, se resuelva su causa con esos criterios.
- ¿Tienen cómo acreditar que cada cosa que pidió Julio Ponce se investigó?
- PV: Sí. La SVS llevaba un registro de cada una de las investigaciones que han hecho a partir de las denuncias de ellos.
- Pero la defensa de Ponce ha dicho con todas su letras que quieren que sea otra autoridad quien sancione este caso.
- PV: Es la única lectura posible porque el superintendente y su equipo han actuado de la manera más correcta posible, no sólo cumpliendo el procedimiento, sino que de manera transparente, con mucho profesionalismo y dedicación. Ahora bien, lo esperable es que si se nombran nuevas autoridades respondan a las mismas características.
- ¿Les llama la atención que la defensa de Ponce trate de dilatar la resolución hasta que se nombre a un nuevo superintendente?
PV: A mí lo que me sorprende es la expectativa de que en el gobierno de Michelle Bachelet se vaya a nombrar, si es que se nombra a otra autoridad distinta, a un superintendente que no responda a las características que mencioné antes ¿Por qué ellos esperan que el nuevo superintendente vaya a tener un comportamiento profesional distinto y vaya a ser más laxo? Lo que se ha hecho hasta ahora es un trabajo profesional, por lo tanto cualquiera debiera esperar que la nueva autoridad siga con ese criterio. Esa expectativa de ellos de que un nuevo Superintendente vaya a ser más blando, me llama la atención.
MV: Todo lo realizado por el señor Ponce Lerou y sus abogados está muy relacionado con la inhabilidad del señor Coloma, porque lo único que quieren es que una persona que fue rigurosa, que trabajó en estos antecedentes seriamente, no falle algo que han investigado.
- ¿No hay cambio en los plazos establecidos por el propio Coloma para resolver las formulaciones conocidas?
- PV: Lo razonable es que él pueda resolver como está planificado.
- ¿Pero esto no entorpece la investigación de la SVS?
- PV: Esta es una maniobra infructuosa. En la SVS han seguido enfocados en trabajar en el procedimiento administrativo. Lo anterior no quita que insistamos en la idea que es un abuso del sistema lo que ellos están realizando, porque pretenden resolver un conflicto de una manera distinta, más allá de lo que está establecido institucionalmente para la resolución de estos casos. Eso no sólo tiene un efecto nacional, sino que incluso internacional, porque cuestiona la institucionalidad y la forma en que ella opera.
Además, me resulta relevante recalcar que las autoridades que se nombran en este tipo de organismos son autoridades técnicas y trascienden a gobiernos y sesgos políticos que éstos puedan tener. Por lo tanto, la pretensión de que el superintendente Coloma responde a los intereses del presidente es una falta de respeto.
- Pero la defensa de Ponce señala que las palabras del Presidente Piñera respecto a este caso ponen en entredicho la autonomía del Superintendente. ¿Fueron afortunadas las palabras del mandatario desde el punto de vista de la defensa?
- PV: Más allá de lo afortunado o no, me consta que el actuar del superintendente no ha estado en absoluto motivado por la protección de intereses del presidente Piñera.
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