Después de una intensa actividad legislativa en enero, el Congreso de Chile ha entrado en el receso parlamentario de febrero habiendo aprobado cuatro de las siete propuestas que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet había designado como de alta prioridad para principios de 2016. La aprobación de la reforma más importante -cambios en el código laboral de Chile (la reforma laboral) diseñados para mejorar la capacidad de negociación de los trabajadores- se ha pospuesto al menos hasta marzo, en medio de desacuerdos entre la coalición gobernante Nueva Mayoría (NM).
El similar aplazamiento de la legislación diseñada para acabar con la delincuencia y establecer sanciones más estrictas en casos de colusión corporativa se sumará a la insatisfacción del público. Sin embargo, el gobierno será capaz de señalar el progreso en la limpieza de la vida pública con la aprobación de una nueva ley que regula los partidos políticos (la Ley de Partidos) y un proyecto de ley que busca un financiamiento de las campañas más transparente.
La autorización de una inversión de US$ 2.300 millones en mejorar la formación del profesorado se une a la reciente expansión del financiamiento de las universidades, y la aprobación de la tan esperada simplificación de la reforma fiscal previa irá en cierto modo hacia la estabilización de la confianza empresarial.
Reforma laboral retrasada
La mayor parte de la NM está de acuerdo en torno a la disposición central de la reforma laboral, que establece la primacía de los sindicatos en las negociaciones y establece multas para las empresas que negocian a través de canales ad hoc. Sin embargo, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), de centroizquierda, ha solicitado varias modificaciones, con el objetivo de limitar el impacto de las reformas sobre la confianza empresarial y las pequeñas y medianas empresas.
Los senadores del Partido Comunista y el Partido Socialista, por su parte, han bloqueado una petición del PDC que permitiría a las empresas hacer “ajustes necesarios” en respuesta a las huelgas, temiendo que esto sería seguir permitiendo que los empleadores sustituyan a trabajadores en huelga.
Una serie de concesiones por parte de la administración de Bachelet ya han dado lugar a una dilución de algunos elementos de la reforma laboral, permitiendo a las empresas retener un mayor grado de libertad para burlar las huelgas de lo previsto inicialmente.
La Central Unitaria de Trabajadores de Chile, la organización de trabajadores más importante que incorpora varios sindicatos, ha convocado a una huelga general el 22 marzo con el fin de presionar al gobierno a que cumpla los elementos centrales de la reforma prometida, y encuestas de opinión pública sugieren una alto grado de confianza en el apoyo a los sindicatos fuertes y en contra de la sustitución de los trabajadores en huelga.
Es probable que la confianza empresarial registre una nueva caída debido a la incertidumbre actual sobre el contenido de la reforma laboral. De acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas, un think-tank del sector privado, la confianza empresarial aumentó ligeramente en enero, a 44,99 puntos; por debajo de los 51,88 puntos de cuando Bachelet inició su segundo mandato en marzo de 2014.
Sin embargo, la reforma moderada en sí misma, cuando sea probada, es poco probable que inflija un mayor daño en la confianza empresarial, ya que el gobierno de Bachelet puede argumentar que pondrá a Chile en línea con las normas de otros países de la OCDE. La simplificación de la reforma fiscal también debería ayudar a estabilizar la confianza de los inversionistas.
Leyes de Partidos y de Financiamiento
El gobierno ha disfrutado de un éxito notablemente mayor en su agencia de transparencia. En virtud de la Ley de Partidos, aunque la dirección de los partidos puede ser elegida por las organizaciones intermediarias, éstas deben ahora ser elegidas directamente, y no más del 60% de los líderes pueden ser del mismo género.
Los partidos también deben hacer que sus cuentas y deliberaciones estén disponibles públicamente, y su capacidad para invertir en actividades con fines de lucro serán limitados. Con el fin de mantener el registro, las partidos tendrán que obtener al menos un 5% de los votos en cada una de las regiones donde presenten candidatos, o mantener al menos cuatro legisladores (frente a los dos actuales), aunque los requisitos para el registro se mantienen sin cambios.
Otra ley aprobada es la que regula el funcionamiento y el financiamiento de las campañas. El límite superior para las donaciones anónimas a las campañas electorales se reducirá en un tercio -a cerca de US$ 1.500 para los candidatos presidenciales- serán registradas por el Servicio Electoral de Chile (Servel, la autoridad electoral).
Las donaciones no anónimas tendrán un tope de US$ 36.000 para los concejales y alcaldes, y de US$ 72.000 consejeros regionales, diputados, senadores y candidatos presidenciales. Las empresas tendrán prohibido donar a las campañas y el límite de gasto se reducirá en un 50%, aunque los candidatos recibirán mayor financiamiento estatal.
El período de la campaña presidencial primaria también se ha duplicado, y ahora puede tener una duración de entre 90 y 200 días antes de las elecciones presidenciales. Al Servel se le dará un mayor poder para controlar y multar a los candidatos y jefes de campaña que infrinjan las reglas electorales, con sanciones que incluyen penas de prisión de hasta cinco años, y las violaciones graves pueden llevar a que los candidatos titulares sean despojados de sus asientos. El tamaño y la ubicación de la publicidad electoral también estarán restringidos y regulados por el Servel.
Confianza y popularidad permanecen bajas
La aprobación pública de Bachelet se situó en 26% en enero, de acuerdo con Cadem, un think-tank local, por debajo del 53% de marzo de 2014. Sólo un tercio de los encuestados cree que la presidenta cumplió las promesas o inspira confianza, mientras que el 71% cree que Bachelet sabía de un acuerdo de negocios polémico que involucró a su hijo y a su nuera que se encuentra actualmente bajo investigación.
Como tal, parece poco probable que el progreso en la mejora de la transparencia, a pesar de tener un impacto significativo de largo plazo para la cultura política de Chile, proporcione cualquier comodidad inmediata para la asediada administración Bachelet.
L
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
gobierno
