Herencia de alta inflación y deuda complica el inicio del gobierno de Vázquez en Urguguay

Tras iniciar su segundo período no consecutivo en marzo de 2015, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ya ha enfrentado una serie de grandes desafíos, particularmente contener los altos niveles de deuda e inflación acumulados por su predecesor, José Mujica (2010‑14). Pero mientras la economía era golpeada en el segundo semestre de 2015 por la crisis económica en Brasil y Argentina, y Vázquez afrontaba creciente oposición desde la izquierda del gobernante Frente Amplio (FA), se hizo evidente que alcanzar incluso objetivos de política menores durante su período de cuatro años va a resultar complejo.

Vázquez seguirá beneficiándose de una mayoría en ambas cámaras del congreso, lo que le ayudó a conseguir la aprobación del presupuesto de cinco años para el país, con algunas revisiones, en diciembre. Pero el presidente seguramente tendrá que luchar con la facción dominante de izquierda del FA, dentro y fuera del congreso, tal como ocurrió en septiembre, cuando el Pleno Nacional del FA vetó las negociaciones para unirse al acuerdo comercial Trade in Services Agreement (TISA). Sus detractores se han visto fortalecidos por los bajos niveles de aprobación del mandatario: según Opción Consultores, el apoyo a Vázquez se hundió a 29% en noviembre, desde 62% cuando terminó su primer período (2005‑10).

Batalla por empresa estatal

Las amargas críticas internas no apuntan directamente al presidente sino que se cruzan entre miembros del izquierdista Movimiento de Participación Popular (MPP) y la subcoalición moderada Frente Líber Seregni (FLS). En diciembre, el líder del MPP, Mujica, y el ministro de Economía y jefe del FLS, Danilo Astori, intercambiaron acusaciones públicas por las pérdidas de cerca de US$ 1.000 millones registradas por la compañía estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland (ANCAP) durante la administración de Mujica. Miembros del FLS culpan al vicepresidente, Raúl Sendic (ex director de ANCAP), y a José Coya, su actual presidente, por reducir el valor de la firma a la mitad y acumular deudas por US$ 2.200 millones.

El congreso aprobó recapitalizar la compañía y amortizar deuda por US$ 622 millones, y la Corporación Andina de Fomento (CAF) proveerá un crédito de US$ 250 millones en los próximos meses. Los resultados de una investigación parlamentaria de seis meses dominada por senadores del FA, que serán publicados en febrero, probablemente van a favorecer a Sendic y Coya, pero Vázquez se verá presionado para evitar que la disputa lleve a una sangrienta batalla interna, algo que podría ser explotado por la hasta ahora debilitada oposición. La salida de Mujica y otras altas figutas del MPP del senado en abril podría actuar como una válvula de escape, aunque pugnas tras bambalinas aún son posibles.

El caso ANCAP probablemte va a desatar un debate más amplio sobre el papel de las empresas estatales en 2016. Legisladores oficialistas y la oposición buscarán revisar las relajadas reglas de responsabilidad y gestión que gobiernan las relaciones entre el gobierno y las empresas estatales, particularmente en telecomunicaciones y servicios básicos. Vázquez buscará establecer nuevas normas de inversión y políticas de precios que se ajusten mejor a su estrategia macroeconómica general, y fortalecer a las agencias reguladoras.

Presión de los sindicatos

Fuera del congreso, Vázquez también tendrá dificultades para reafirmar el fuerte liderazgo que ejerció sobre los sindicatos del sector público en su primer período. En 2015 el país fue golpeado por paros y huelgas de empleados estatales exigiendo aumentos salariales. Vázquez podría evitar grandes conflictos apuntando a las concesiones hechas en las negociaciones salariales que concluyeron en diciembre. Su promesa de 2014 de no subir los impuestos podría permitirle resistir las demandas de algunos sindicatos de subir el impuesto a la renta a los contribuyentes y empresas de mayores ingresos como una manera de combatir el déficit fiscal.

Sindicatos y facciones parlamentarias de izquierda tendrán menos poder para resistir otra iniciativa: una muy postergada reforma a la red nacional de carreteras. Las principales autopistas se encuentran en pésimas condiciones debido a las cargas de madera y soya, y una mejora en la infraestructura elevaría la eficiencia y reduciría los costos. Como el gobierno carece de suficientes recursos para esas inversiones sin abandonar las restricciones fiscales, tendrá que recurrir a los mecanismos de alianzas público privadas (PPP) creados en 2011 pero que hasta ahora sólo se han usado en una oportunidad, para construir una cárcel.

En noviembre, el Ministerio de Transporte emitió una oferta de PPP para reparar dos autopistas, y otras cuatro serán anunciadas en la primera parte de 2016, con el gobierno apuntando a conseguir al menos

US$ 800 millones en inversiones por esta vía para 2020. Los opositores de Vázquez probablemente no se van a arriesgar a sufrir en revés público que supondría un boicot a estas iniciativas, dado su potencial para generar el muy necesario empleo en los sectores rurales del país; se estima que el desempleo aumentó a poco menos de 8% en 2015. Vázquez también buscará relanzar su política emblemática: una reforma a la seguridad social y a la educación.

Riesgos macro

Otro desafío será evitar una mayor desaceleración de la economía, o incluso una recesión, en 2016. El consumo interno se ha contraído junto con los ingresos por exportaciones, y las condiciones en Brazil y Argentina —los mayores socios comerciales e inversionistas— probablemente seguirán deteriorándose antes de repuntar. El crecimiento del PIB en 2016 seguramente estará por debajo del 2% que el gobierno estima para 2015.

Tras aplazar un doloroso ajuste fiscal el año pasado, la administración Vázquez se verá presionada para afrontar el déficit fiscal que probablemente superó 3,2% del PIB en 2015, por sobre la meta original del gobierno. También tendrá que adoptar una fuerte política anti inflacionaria, luego de que el alza en los precios superara el techo del rango meta por seis años consecutivos, promediando 8,6% en 2015.

Ligado con lo anterior, también deberán realizarse esfuerzos para desvincular los aumentos de sueldos del sector público de la inflación (actualmente las renegociaciones son activadas cuando la inflación alcanza una cifra de dos dígitos), y reducir en general las expectativas salariales.