La presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), venció en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebrada el 5 de octubre, aunque no logró superar la barrera del 51% necesaria para evitar el balotaje. Rousseff se enfrentará a Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de centro-derecha, en una segunda vuelta el 26 de octubre. En la noche de las elecciones, Rousseff se dirigió al país con un telón de fondo que decía "nuevo gobierno, nuevas ideas", y prometió cambios para su segundo mandato. Aunque admite que la economía afronta importantes desafíos, ha ofrecido pocas soluciones concretas. El embotellamiento legislativo podría también dificultar los esfuerzos de reforma propuestos
Aunque Rousseff acabó primera, sólo ganó el 42% de los votos, el peor resultado para un candidato presidencial en la primera ronda desde que el partido llegó al gobierno en 2003. Este relativamente pobre desempeño se debe a lo que muchos brasileños e inversionistas extranjeros vieron en su mediocre gestión de la economía (el resbalón hacia la recesión en el segundo trimestre del año y el crecimiento promedio del PIB un poco por debajo de 1,5% anual en su cuarto año de mandato), y su precaria gestión pública (con el reciente escándalo sobre el pago de aportes al PT por parte de la estatal Petrobras). Aunque Rousseff puede contar con el apoyo de millones de brasileños pobres y de bajos ingresos, principalmente en el norte y noreste del país, que han logrado mejorar su posición en los once años que el PT ha gobernado, tendrá que esforzarse por recuperar la confianza del sector privado a lo largo del país y de los inversionistas extranjeros. Así, también podría tener dificultades para elevar las perspectivas económicas de Brasil si es elegida, a menos que adopte sólidas políticas macroeconómicas y persiga políticas más predecibles y orientadas a los mercados, lo que es poco probable. Se pueden esperar cambios menores a nivel fiscal y de precios, pero éstos podrían ser insuficientes para recuperar totalmente la confianza y el sector privado podría soportar otros cuatro años "de lo mismo".
¿Un cambio de rumbo?
En respuesta a la reciente decepción por el desempeño económico del país y las masivas protestas contra la mala calidad de los servicios públicos y el gasto del gobierno en junio de 2013, Rousseff prometió un número de cambios a desarrollar en su segundo mandato, afirmando que "ha recibido el mensaje de las calles y las urnas". Sin embargo, ninguno de estos cambios coincide con las amplias reformas propuestas por Aécio Neves, apoyándose en cambio en un enfoque genérico de reforma y cambio, lo que ha caracterizado su primer mandato.
Durante la campaña electoral, Rousseff prometió algunos cambios en sus actuales políticas económicas. En materia fiscal ofreció políticas poco concretas para acabar con el déficit o librar la batalla contra la creciente inflación. Aunque la meta oficial es de 4,5% (con margen de 2 puntos porcentuales hacia arriba y hacia abajo), fue de 6,75% a finales de septiembre, el nivel más alto en tres años. Ella ha señalado, sin embargo, que el ministro de Hacienda, Guido Mantega, que promovió el gasto público para impulsar el consumo interno y provocó la ira del sector privado, no formará parte de su segundo mandato. Aunque no indicó quién sería su potencial reemplazo.
Rousseff también dijo que mantendrá las subvenciones a los precios del gas y las tarifas eléctricas, y que continuaría ofreciendo exenciones tributarias y grandes subsidios de crédito a sectores "estratégicos" de la economía brasileña, aunque estas medidas han logrado poco para que las empresas sean más competitivas y para reactivar el crecimiento. Mantendría los requisitos de contenido local en algunos sectores, como el petróleo y el gas, y promovería el programa Compre Brasil con el que busca incentivar la industria local. Además, prometió que continuará invirtiendo en infraestructura, principalmente para conectar las zonas económicas más importantes con los puertos a través del ferrocarril, que es uno de los mayores cuellos de botella de la economía. Rousseff dijo que quiere lograr el acceso universal a Internet de banda ancha. Sin embargo, en su primer mandato, el programa del gobierno para aumentar el acceso de la población pobre a la banda ancha representó poco más de 1,8 millones de los 23,2 millones de suscriptores actuales.
En un gesto hacia las demandas del sector privado, indicó que podría realizar cambios en el sistema tributario (un tema en la agenda durante años, pero por el que no ha hecho ningún esfuerzo), que podría reducir la carga al sector privado y los trámites burocráticos. También señaló que le gustaría implementar cambios al código laboral brasileño para lograr un sistema más competitivo a nivel internacional, pero que quiere negociar con los sindicatos. Sin embargo, dados los estrechos lazos entre el PT, los sindicatos y los sectores de la población con menores ingresos, es improbable que se realicen cambios que afecten negativamente el apoyo al partido. En el aspecto social, prometió que mantendrá los programas de transferencias condicionales de efectivo como Bolsa Familia, y que los extenderá durante su segundo mandato. Estos programas han ayudado a millones de familias pobres a alcanzar la clase media baja y han contribuido a aumentar el ratio de escolarización del país. Asimismo, son el distintivo de la forma de gobierno del PT y se han convertido en la "vaca sagrada" de las políticas brasileñas.
Desafíos políticos
Uno de los mayores impedimentos para que Rousseff pueda realizar cualquiera de estos cambios estará en el Congreso: después de la primera vuelta se compone de 28 partidos, seis más que antes. En la Cámara de Diputados (la cámara baja del Congreso), ningún partido cuenta con más de 70 de los 513 escaños: el PT tiene 70; el Partido por el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) tiene 66; el PSDB cuenta con 54; y el resto están repartidos entre 25 partidos minoritarios. Los cambios que la constitución podría requerir para realizar modificaciones en el sistema fiscal y las leyes laborales necesitan al menos 308 votos en la cámara baja. Este laberíntico sistema provoca a menudo un tira y afloja entre corrupción y política que obstaculiza una reforma real. Bajo el gobierno del PT, los ministerios han aumentado a 39 y los nombramientos políticos se utilizan para favorecer a los partidos aliados.
Tras las protestas del año pasado, Rousseff propuso una reforma integral del sistema político, lo que reduciría el número de partidos, cambiaría la forma de elegir a los políticos y las leyes de financiamiento de las campañas. Su intención era ayudar a agilizar los asuntos de gobierno y que la tramitación legislativa fuera menos compleja, pero el Congreso se negó a realizar el referéndum que ella propuso. Sin cambios importantes en la forma en que Brasil aprueba las leyes, será un desafío para Rousseff, o para quien gane las elecciones, lograr cambios, especialmente aquellos que el país necesita desesperadamente.
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