Red Dávila refuta argumentos de Fonasa contra demanda de cobro: “Es un inédito caso de elusión cometido por el Estado”

Intenso, y en duros términos, se perfila el desarrollo del caso de las demandas civiles de cobro interpuestas por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio –parte de Red Dávila, del grupo Empresas Banmédica-, contra Fonasa y dos servicios de salud de Santiago, disputa que llevó por primera vez a la esfera judicial el conflicto entre prestadores privados y sector público por la abultada deuda proveniente de atenciones a pacientes por conceptos de ley de urgencia y rebase (prestaciones postestabilización de un cuadro de salud).

Ambas clínicas reclaman el pago de “millonarias deudas”, que en Clínica Dávila Recoleta ascienden a $ 11.874,7 millones por cuentas con el seguro público y el Servicio de Salud Metropolitano Norte, y en Clínica Dávila Vespucio a $ 11.230,5 millones con el mismo organismo y la división Sur Oriente.

En plena fase inicial del juicio que partió en septiembre, los establecimientos de Red Dávila –cuyos pacientes provienen en un 52% de Fonasa- acusaron que los impagos “ponen en riesgo su sostenibilidad”, ya que se han visto obligadas a “financiarse con recursos propios y endeudamiento bancario, tras “agotar todas las instancias previas de solución”.

“Es una señal alarmante para las restantes clínicas que no han iniciado acciones, porque ya saben que Fonasa, al parecer, va a pretender ampararse en la prescripción para los pagos”, indica Cristián Boetsch.

La respuesta de Fonasa no se hizo esperar y en su defensa presentada a inicios de este mes cuestionó la idoneidad de la información presentada por la demandante, además de formular una excepción de prescripción para todas las cuentas correspondientes a 2017 y 2018.

En detalle, afirma que la demanda “se ha presentado en términos insuficientes, ya que no ha expresado un mayor detalle respecto de las prestaciones que pretende cobrar, al no individualizar ninguno de los casos”, puntualizando que tampoco "indica el tipo de prestación de salud otorgada, la fecha de supuesta validación o aprobación de pago de las cuentas, ni menos aún el método a través del cual estableció el monto a pagar”. Por ello, afirma que “no es posible para esta parte determinar el estado particular” de cada caso.

Para el abogado Álvaro Ortúzar –socio del estudio Ortúzar, Vergara y Boetsch, representante legal de Red Dávila- “lo esencial acá es que un deudor emplea una estratagema para escapar de una obligación de pago a través de dos argumentos: la prescripción y la falta de antecedentes”. Desde esta base, asevera: “Fonasa está induciendo a confusión para hacer pensar que no debe lo que efectivamente debe, lo cual es muy grave, sobre todo tratándose del Estado (…) Estamos frente a un inédito caso de elusión cometido por el Estado”.

Cristián Boetsch, socio del estudio, profundizó en la réplica, afirmando que lo señalado por Fonasa “es una vía para intentar dilatar aún más un pago porque, sinceramente, no hay ninguna defensa real de fondo para negar el cobro. El tema de la prescripción es improcedente e intrascendente -ya que los casos de esos años suman $ 170 millones representando apenas un 0,8% de la deuda- y la supuesta falta de identificación de detalle no es tal. Despejado eso, no queda más que pagar”.

Ambas demandas –que suman unos $ 23 mil millones- son parte del total de obligaciones reclamadas por Red Dávila por $ 76 mil millones, para lo cual se encuentran en preparación futuras acciones legales, señaló Boetsch.

Réplica a la prescripción

“Previo a este juicio, la clínica envió en reiteradas oportunidades toda la información específica de esta deuda. Y en el escrito de réplica, vienen identificados todos y cada uno de los casos, con lo cual desaparece la defensa consistente en la falta de identificación, porque entendemos que Fonasa, teniendo total conocimiento de lo que se está demandando, debiese proceder al pago”, indica Boetsch. De hecho, una de las demandas enumera datos de 771 casos de rebase y 212 prestaciones por Ley de Urgencia.

En relación al argumento sobre falta de antecedentes, Ortúzar añade que “el Estado reconoce la deuda en muchísimas oportunidades; primero, por el sistema computacional que desde 2017 presenta las prestaciones debidamente cumplidas a Fonasa, registrándolas de modo tal que el proceso siguiente de la información de la deuda es su validación. En este caso se han cumplido las dos condiciones  y lo que ha ocurrido es que Fonasa no paga”.

Los asesores legales de Red Dávila también refutan la excepción de prescripción de las cuentas clínicas de los años 2017 y 2018 por haberse excedido  más de cinco años para hacer exigible su cumplimiento.

“La prescripción es una institución legal que exime al deudor de pagar una obligación cuando transcurre un cierto plazo. Sin embargo, en este caso la prescripción no opera porque ha sido interrumpida por actos propios de Fonasa, que ha reconocido expresamente la deuda, fundamentalmente en tres oportunidades; en la Comisión de Salud del Senado, el 5 de mayo del 2023, donde expone la existencia de la deuda y su monto, que la propia Fonasa cifra en $ 195 mil millones, y en medios de comunicación (Diario Financiero), señalando que la deuda está cerca de la cifra en torno a los $ 11 mil millones con cada una de las dos clínicas, reconociendo la totalidad de la demanda”, expone Ortúzar.

Además, indica, Fonasa reconoce las obligaciones en la propia contestación de la demanda al indicar que  “el Fondo Nacional de Salud nunca ha establecido algún tipo de condición o plazo para la obligación de pago de las prestaciones relativas a la Ley de Urgencia”, con lo cual "está señalando al propio tribunal que esa deuda existe". Por lo tanto, añade, "acá lo que ha hecho Fonasa es inducir a una confusión respecto a lo que se discute en este juicio".

Señales a la industria

Para los asesores legales de Red Dávila, la defensa de Fonasa marca un precedente negativo para el conjunto del sector. “Es una señal alarmante para las restantes clínicas que no han iniciado acciones porque ya saben que Fonasa, al parecer, va a pretender ampararse en la prescripción para los pagos”, indica Boetsch. Cabe recordar que los prestadores aguardan el retorno de $ 200 mil millones desde los servicios de salud, para los cuales el Ejecutivo propuso un plan de pago con un primer 40% a contar de marzo próximo.

“Se está anticipando al resto de las clínicas que, si pretenden exigir el cobro, va a alegar las mismas defensas. O sea, esta es una amenaza. Además es una señal alarmante para todos los acreedores del Estado, que están siendo informados de que si se le cobra el Estado, éste no va a pagar. Ese mensaje desestabiliza de manera muy grave y profunda todo el sistema existente de relaciones entre el Estado y sus acreedores”, sostiene Ortúzar.