Al interior de las empresas inmobiliarias y constructoras hay inquietud. La Contraloría ha emitido una serie de resoluciones que han declarado contrario a derecho permisos de edificación ya aprobados por municipios.
Ahora, la luz de alerta se encendió en las oficinas de la compañía que levanta el proyecto inmobiliario actualmente en construcción más grande del país.
En Av. Apoquindo esquina El Bosque, en el sector oriente de Santiago, la empresa Territoria construye un complejo de tres torres de oficinas de alto estándar de 17, 18 y 19 niveles, además de ocho subterráneos (siete de los cuales ya están listos), junto con una placa comercial con más de 50 locales, todo con una inversión de US$ 500 millones.
Denominado Territoria Apoquindo, en este proyecto en particular -que tiene un permiso de edificación otorgado por Las Condes en 2015- participan los socios de Inmobiliaria Territoria (ligada a Ignacio Salazar y Francisco Rencoret), además de la familia Calvo Puig y el fondo de inversión Abu Dhabi Investment Authority.
Fue precisamente Ignacio Salazar quien encendió la luz de alerta. Según consta en la sección de Transparencia de la Municipalidad de Las Condes, solicitó una reunión con el alcalde Joaquín Lavín, la que se realizó el pasado 22 de octubre.
“Estimado sr. alcalde, solicito a usted audiencia para profundizar en las acciones que seguirá el municipio respecto de dar solución a los problemas generados a diversos proyectos que se desarrollan en la comuna que se ven afectados por el dictamen emitido por la Contraloría y en especial al proyecto que mi representada desarrolla en la esquina de las calles Apoquindo con El Bosque Norte, el que cuenta con permiso de edificación aprobado y que se ve gravemente afectado por las consecuencias derivadas del dictamen contralor”, reza la solicitud de audiencia firmada por Salazar.
Dos días después, el 24 de octubre, Víctor Silva y Carlos Figueroa, en representación de la inmobiliaria, se volvieron a reunir con el alcalde.
“Recientes dictámenes de la Contraloría, específicamente el N°12.827 del 23 de mayo de 2018, dio pie para eque la Fundación Defendamos la Ciudad presentara ante el ente contralor una denuncia de irregularidades que afectaría al permiso de edificación con el cual se construyen las obras. Al respecto, nuestra representada presentará sus descargos a la Contraloría. No obstante, solicitamos a usted nos reciba para hacer presente los fundamentos presentados, los que creemos tienen mérito suficiente respecto a una posible invalidación de dicho permiso”, dice la solicitud de audiencia firmada por Silva.
El dictamen Nº 12.827, dirigido al alcalde Lavín, respondió a una denuncia de la fundación sobre una serie de situaciones que calificó como improcedentes en materias de anteproyectos, permisos de edificación y vicios en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes.
En el mismo dictamen, la Contraloría declaró contrario a derecho al Permiso de Edificación N° 7 de 2016, por haberse excedido de la altura máxima y el coeficiente de constructibilidad. Se trata de un proyecto de 17 pisos en Los Militares con Apoquindo de Inmobiliaria FFV.
Según la fundación liderada por Patricio Herman, la Dirección de Obras Municipales de Las Condes aplicó una “norma viciada” contenida en el artículo 16 del Plan Regulador Comunal, contradiciendo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que fija la manera de aplicar bien el coeficiente de constructibilidad, y que sólo permite descontar las superficies de pisos subterráneos, pero no las del primer o segundo piso, pues dicha norma exige sumar todo sobre suelo.
Dado esto, según Herman, el proyecto Territoria Apoquindo “cuenta con un permiso de edificacion mal otorgado”, lo que a su juicio responde a una mala actuación de la Dirección de Obras Municipales. “Lo que tiene que hacer el titular del proyecto es solicitar un nuevo permiso apegado a la normativa”, dijo.
No obstante, las partes aún están a la espera de la resolución de la Contraloría sobre este proyecto en particular.
Los incentivos
Diario Financiero llamó a Territoria, pero evitaron hacer declaraciones. También se contactó a los asesores del alcalde Lavín, quienes derivaron al consejero urbanista Pablo de la Llera.
“La postura municipal, si se puede indicar así, es de apoyo y mantención en el tiempo a los criterios de ordenamiento territorial contenidos en el plan regulador comunal, que se manifiestan en normas de densificación, condiciones de uso de suelo y edificación e incentivos urbanísticos siempre y cuando los proyectos realicen mejoras en su entorno, como es el caso del proyecto Territoria”, señaló de la Llera.
Precisó que estos incentivos se encontraban vigentes con anterioridad a la propia Ley de 2016, que regula un sistema de aportes al espacio público.
“Gestado en 1995 y ajustado en 2003, el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes tuvo una alta difusión pública con encuestas y consultas más allá de las que estrictamente obliga la Ley, siguiendo todos los procedimientos administrativos para su aprobación, tras lo cual ha generado un historial de aplicación de sus disposiciones de casi 15 años y recibiendo cuestionamientos de manera continua de la Contraloría sólo a partir de 2016, particularmente concentrados en las facultades que tiene el municipio con este instrumento, para regular materias que, a nuestro juicio, sí son fundamentales para el ordenamiento territorial”, señaló Pablo de la Llera.
Y añadió: “Nuestro compromiso está en dar continuidad al proceso de transformación urbanística, al que subyace la zonificación y normativa contenida en el PRC acordada con la comunidad y, por cierto, indirectamente con aquellos proyectos que cumplen las disposiciones contenidas en el PRC sancionados con un permiso por la DOM y que son una fuente importante de dinamismo económico y empleo”.
Cristián Monckeberg, ministro de Vivienda y Urbanismo.
Minvu alista ley para unificar impugnaciones
El gobierno no se queda ajeno a las constantes quejas por parte de desarrolladores inmobiliarios por el ambiente de incerteza jurídica. Consultado, el jefe de cartera, Cristián Monckeberg, explica que están trabajando en un proyecto de ley.
"La Contraloría ha jugado su rol en la interpretación de normas urbanísticas y ha producido ruido. lo que hace falta acá, como ministerio, es ordenar la cancha desde el punto de vista de la certeza jurídica", dijo.
De esta manera, el próximo año planean ingresar un proyecto de ley que unificará el canal de impugnación y permitirá ordenar el sistema de permisos.
"Es una discusión que se tiene que dar, porque hoy día no solamente la Contraloría tiene competencia, sino que también el ministerio, los municipios, las seremis y el poder judicial (...) En el fondo es que todos tengan claro cómo y dónde se impugna, cómo se cuestiona, cómo se reclama y que haya plazos establecidos", enfatizó.
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