Astaldi pide a justicia chilena extender protección de activos por reorganización en Italia

Proteger el valor de sus activos en Chile se ha vuelto una prioridad para la italiana Astaldi, en el marco del proceso de reorganización de deudas que está llevando en su país de origen, por más de US$ 2.300 millones.

Aunque en Chile el efecto conocido hasta el momento es acotado –circunscrito básicamente a impagos en el Hospital Félix Bulnes y la renegociación de un contrato que impulsó Codelco-, la compañía busca que la operación local no se vea impactada por lo que sucede en Europa.

De este modo, el martes el abogado especialista en procesos de reorganización Nelson Contador, ingresó un escrito al 19° Juzgado Civil de Santiago con miras a extender la protección legal que tiene la empresa en Italia hacia Chile.

Se detalla en el documento que Astaldi SpA tiene desde 2008 una agencia en Chile llamada Astaldi Sucursal Chile SpA, que es la más importante del grupo, con ya más de 10 años de existencia y funcionamiento en el país.

Con esto, y amparado en lo que establece la legislación, piden que se reconozca el procedimiento concursal extranjero que desde fines de septiembre se está realizando en Italia.

Esto –dice el escrito de 13 páginas- “responde a la necesidad de Astaldi SpA de obtener seguridad jurídica para su ejercicio comercial en Chile a través de su agencia Astaldi Sucursal Chile, junto con proteger la existencia y valor de sus activos, al igual que la protección de los contratos de obra que actualmente se encuentran en ejecución, y además, la protección de los trabajadores actualmente dependientes de la compañía”.

En otro punto de la acción judicial, la empresa hace ver que esto es necesario, dado que el procedimiento en Italia generará “necesariamente efectos indeseados”, como la terminación anticipada de contratos con entes públicos y privados, cobros indebidos de boletas de garantías, caducidad anticipada en el plazo para el cumplimiento de obligaciones, inicio de juicios ejecutivos o solicitudes de liquidación forzosa.

Riesgo de efecto dominó

Los problemas no se acotan únicamente a las obras que está construyendo la italiana, ya que el lunes Itaú Corpbanca solicitó que la constructora Astaldi Sucursal se haga cargo de dos pagarés que suman $ 2.208 millones (unos US$ 3,2 millones), para lo que solicitó el embargo de bienes de la compañía.

La millonaria demanda, que está siendo revisada en el 22º Juzgado Civil de Santiago, no termina ahí, ya que Itaú también exigió hacer válidas las cláusulas que en caso de atrasos en el pago incrementarían la deuda.

“Se estipuló en el mismo pagaré, que en caso de mora o simple retardo en el pago de la obligación de que da cuenta el pagaré, se devengará el interés máximo que la ley permita estipular para operaciones no reajustables de esta naturaleza”, sostuvo el banco en el recurso.

Según expertos, la acción de Astaldi de ingresar el recurso de protección legal cobra sentido, toda vez que al ser la constructora una sucursal y no una filial, es la misma persona jurídica que el Grupo Astaldi. Por ende, cualquier solicitud de quiebra a la sucursal afectaría directamente a la compañía en Italia, y viceversa.

Cabe señalar que sólo por haber pedido la protección legal, Itaú Corpbanca no podrá ejecutar el embargo de bienes solicitados a la constructora. Primero tiene que declararse la suspensión temporal de los procedimientos ejecutivos.

Abandono de obras en otros países

Las dificultades financieras que atraviesa Astaldi se han expandido a otros países. Semanas atrás se supo de un conflicto que mantenía la constructora en Canadá, donde producto de que Nalcor Energy canceló la participación de la italiana en el megaproyecto hidroeléctrico Muskrat Falls, peligraban los puestos de trabajo de cerca de 800 personas, lo que se concretó la semana pasada.
Pero esto no es lo único, ya que en Perú también se encuentra en el ojo del huracán. En 2015 se adjudicó junto a Obrainsa la ejecución del proyecto hídrico multipropósito Alto Piura. Tras tres años de ejecución, el martes, el consorcio conformado por estas dos empresas abandonó la obra, acusando falta de solvencia económica, pese a que el gobierno regional de Piura cumplió con el pago de las valorizaciones, dejando además una deuda de 20 millones de soles ( US$6 millones aproximadamente) con sus proveedores.