Aunque lleva 60% de avance, el proyecto Vespucio 345 -que busca levantar dos torres de 19 y 12 pisos, ubicado en la avenida del mismo nombre con Renato Sánchez- ha sido más conocido por el enfrentamiento que ha tenido con un grupo de vecinos del sector -encabezados por Alberto Dalgalarrando- y la Municipalidad de Las Condes, que por sus detalles.
Los problemas partieron en 2017, cuando se interpusieron reclamos por ilegalidad del permiso de edificación y una modificación posterior -dados en abril y noviembre de 2016, respectivamente-, que la Dirección de Obras de la municipalidad terminó desestimando.
Luego partió una larga y enredada madeja de recursos judiciales -algunos de los cuales aún están pendientes- para abordar temas como la legalidad de los permisos, si cumple o no con las condiciones de conjunto armónico para tener un premio en constructivilidad, así como revisar decisiones que en su momento tomó el alcalde Joaquín Lavín, quien intentó invalidar el permiso, lo que fue frenado por la Corte de Apelaciones, en una decisión que se encuentra ejecutoriada.
Por el lado de la inmobiliaria -ligada a Juan José Gana y Pablo Letelier, entre otros- quienes han llevado el caso son los abogados Jorge Bofill (JB) y Vanessa Facuse (VF), que tienen una visión crítica de lo que ha pasado, especialmente por el rol que tomó la Municipalidad de Las Condes.
“El comportamiento de la Dirección de Obras es esquizofrénico. Ha sostenido la legalidad de los permisos cuando es demandada y ha intentado invalidarlos cuando es el funcionario que lleva el proceso”, dice Bofill.
El último hito del caso se produjo en junio, cuando la inmobiliaria ganó dos recursos de protección que se tramitaban en la Corte de Apelaciones de Santiago y que señalan que “la municipalidad, al actuar como lo hizo por medio de la Dirección de Obras (DOM), vulneró los derechos constitucionales de la inmobiliaria”, haciendo alusión al proceso de invalidación de la modificación del permiso; y que no permitía que la construcción del edificio de oficinas pudiera ir más allá del tercer nivel mientras no se definiera el tema de fondo.
“Hoy, no hay nada que impida que este proyecto se construya como está establecido en el permiso y su modificación, y eso es lo que estamos haciendo”, dice Bofill.
Facuse agrega que la decisión de seguir construyendo -aunque faltan decisiones de la Suprema- no responde a una actitud temeraria, sino que está amparada “en que ya tenemos sentencias a nuestro favor, donde se da cuenta que el permiso está vigente y ajustado a derecho. Además, aún en el peor escenario para nosotros, la decisión de la Corte está enfocada sobre qué pasará con 3.000 m2, que es un premio por cumplir las condiciones de conjunto armónico”.
- Que el origen del problema, como dice la contraparte, sea el tamaño del terreno, ¿no hay ahí un mea culpa de la empresa?
JB: El origen del problema no es el tamaño del terreno. La Corte de Apelaciones dijo que la superficie de 7.500 m2 es una cuestión totalmente irrelevante, porque aplicando las normas sobre el conjunto armónico, da lo mismo si el terreno tiene más o menos de 7.500 m2.
La interpretación que se había hecho por Dalgalarrando mezclaba peras con manzanas. Fue una cortina de humo que luego fue tomada por Lavín, quien le dio respaldo.
Nosotros siempre dijimos que acá no hay ningún problema con la superficie del terreno, sino que había que resolverlo de otra manera. Afortunadamente, la Corte de Apelaciones dijo lo mismo, que la superficie del terreno no implica ningún problema para la validación del permiso sobre la norma de conjuntos armónicos, lo que además confirma la decisión original de la DOM. Así como Delgalarrando tiene el apoyo de Lavín, nosotros tenemos la sentencia de la Corte que nos da la razón. A estas alturas no es que el abogado Bofill diga... sino que la Corte de Apelaciones dice que la superficie del terreno es irrelevante para las normas de conjunto armónico.
- ¿Cómo califica la actuación de Lavín en este caso?
JB: Uno se tienta a usar adjetivos y adverbios, pero yo trato siempre de hablar con sustantivos y verbos. No conozco un actuar tan fuera de la ley como lo que ha tenido Joaquín Lavín en este caso.
Que ha actuado fuera de la ley no es una aseveración mía, lo dice la sentencia ejecutoriada de la Corte de Apelaciones. Lavín se metió a hacer cosas que tiene prohibidas por la Constitución y la ley.
Cuando cualquier autoridad actúa fuera de la ley, por definición lo que genera es incerteza jurídica. Lo que uno espera es que ellos sepan hasta donde llegan y no llegan sus atribuciones.
No hay nada peor para el sistema político y para uno como ciudadano que está sometido al actuar de las autoridades, que tener a alguien al frente que tiene este tipo de conductas. Me parece que alguien que actúa así echa a perder cualquier confianza pública.
- ¿A qué lo atribuye?
JB: Entrar a las intenciones no es mi trabajo. Él ha actuado favoreciendo los intereses de algunos pocos vecinos del barrio, que lo que parecen pretender –pero tampoco lo han dicho- es que se mantenga el status quo de estas calles en Las Condes, donde existen ciertas normas de restricción en altura. Hoy está demostrado que las ciudades requieren densificarse. Son posiciones conservadores que tarde o temprano van a ir muriendo.
- ¿Lo ve como algo populista, que esté ocupando este tipo de situaciones para visualizarse como candidato presidencial…?
- No podría hablar de sus intenciones, sólo respondo a cómo ha actuado en este caso.
- Pero este caso en particular va a ser un referente respecto a otros problemas entre vecinos e inmobiliarias...
- Me gustaría hacer una distinción. Hay proyectos buenos y malos, empresarios buenos y malos, uno no puede tratar de inferir a raíz de este caso, que cuando una autoridad hace un escrutinio de un proyecto, está actuando indebidamente.
Uno entiende los intereses de los empresarios de que los proyectos salgan rápidamente, pero cuando tienen defectos hay que corregirlos. Pero yo no conozco un caso en el que exista una actuación tan exorbitante por parte de las autoridades encargadas. En algún minuto esto se trató casi de una pelea personal del alcalde, la directora de obra y el personal de la municipalidad, contra este proyecto y eso trasciende mucho en las discusiones que pueda haber respecto de si los permisos están bien o mal otorgados.
Cuando veíamos lo que estaba pasando, originalmente no lo podíamos creer. Hace dos años no estaba dentro de nuestras alternativas que el alcalde se metiera a invalidar, porque eso estaba fuera de la ley. Uno no espera que las autoridades actúen tan groseramente fuera de la ley. Entonces, cuando pasó eso expandimos nuestra imaginación. Pero esta es una situación bien anómala. No quiero decir que cuando se invalida un permiso se está en la razón o no, cada caso tiene su mérito. Si conductas como estas se replicaran serían un riesgo que uno no puede incorporar como algo normal en la industria.
El exceso de las atribuciones de las autoridades no puede ser un factor de riesgo normal, porque en caso de que yo fuera el que presta la plata y sé que las autoridades van a hacer lo que quieran, por los motivos que sean, yo creo que dejaría de prestar plata y, el día que eso pase, se acaba el desarrollo inmobiliario en Chile.
- ¿Cree que existe ese riesgo?
JB: Casos como este no, para mí este caso es exorbitante, único. Hay muchos casos, permanentes, pero como este ninguno. Si las autoridades van a exigirles a las empresas que desarrollen proyectos que se apeguen estrictamente a las normas, uno tiene que pedirles a las autoridades estricto apego a las normas jurídicas que regulan sus facultades, sino se desnivela la cancha.
Si las empresas son abusadoras, es razonable que la autoridad cuestione los proyectos o permisos. Para eso están las reglas. Los alcaldes que se meten ellos a invalidar permisos de edificación actúan todos de forma ilegal y eso genera riesgo.
- ¿Hay algún cambio normativo que haya que realizar?
JB: Las reglas están claritas, los alcaldes tienen que aprender cuáles son y que son leyes, y no creer que son meras recomendaciones.
- Los alcaldes dicen que se pueden dejar sin efecto permisos…
JB: Claro, pero por razones legales, no por caprichos ni discrecionalidad. La invalidación tiene que ver con problemas relevantes y sustantivos de los proyectos.
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