Siguen los movimientos en la Asociación de Generadoras: Repsol Ibereólica Renovables Chile renuncia al gremio en medio de conflicto sobre tarificación

Un nuevo ajuste en la conformación de la Asociación de Generadoras de Chile se materializó hace solo unos días. A la renuncia el 4 de abril de Global Power Generation (GPG), generadora eléctrica española filial del grupo Naturgy, se sumó este jueves la salida de Repsol Ibereólica Renovables Chile, un joint-venture donde cada actor tiene una participación del 50%. 

En la descripción como empresa asociada que se detalla en el sitio web de la Asociación de Generadoras, se indica que Repsol Ibereólica Renovables Chile es una alianza entre ambas compañías que se hizo efectiva en julio de 2020, la que tiene como objetivo "el desarrollo de proyectos de gran envergadura en el campo de las energías renovables en el país andino".

La decisión se da en medio del conflicto que gatilló un grupo de nueve empresas -entre ellas, GPG e Ibereólica- que solicitaron en una carta en febrero dirigida al ministro de Energía, Diego Pardow, una modificación reglamentaria transitoria para que las centrales generadoras que operan a mínimo técnico sean consideradas para el cálculo del costo marginal de operación del sistema eléctrico. Esto, según argumentaron las firmas, para evitar una subinversión e insolvencias.

Según comentaron fuentes a DF, si bien la renuncia se presentó como Repsol Ibereólica Renovables Chile, Repsol Chile volverá a la Asociación de Generadoras. De hecho, ya solicitó incorporarse, lo que de todas formas debe ser aprobado en una asamblea extraordinaria. Sin embargo, Ibereólica Renovables Chile se margina definitivamente del gremio.

Los cambios no dejarán sin representación gremial a las firmas salientes. Tanto GPG como Ibereólica Renovables Chile quedarán en la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), ya que ambas firmas también pertenecen a este gremio.

Cabe recordar que ambas asociaciones gremiales mencionadas han manifestado públicamente sus diferencias frente al conflicto. La Asociación de Generadoras de Chile rechazó la propuesta del grupo de firmas en una misiva a Pardow, asegurando que la idea presentada "adolece de graves deficiencias al atacar los fundamentos de diseño de mercado" contenidos en la regulación vigente. Además, dijeron, "contraviene las mejores prácticas internacionales dirigidas a dar señales adecuadas para el desarrollo de infraestructura tanto de generación renovable como de almacenamiento".

En tanto, el 22 de marzo, en una sesión del consejo directivo de Acera, el gremio decidió apoyar la propuesta del grupo de nueve empresas aunque en una votación dividida. "La moción que se ha aprobado considera que Acera apoye dicha propuesta, como una solución provisional en tanto se soluciona el problema de fondo por la vía de una modernización del mercado de generación eléctrica", aseguró la asociación en un comunicado tras la definición.

A todo lo anterior se suma un capítulo que ha mantenido en la prensa a las firmas de este joint-venture es lo sucedido con Ibereólica Cabo Leones II (ICLII) -empresa operada en un 51% por GPG Naturgy, y 49% por Ibereólica Renovable Chile- que se convirtió en la segunda empresa de energías renovables que declaró insolvencia. Entre las distintas batallas que ha dado en los últimos meses, se cuenta cuando sorprendió con el arriendo de sus activos a Enerbosch, lo que desató el debate en la industria y la posterior negativa del Coordinador Eléctrico, organismo que supervisa la operación del sistema.

Incluso, esta última entidad denunció a Ibereólica Cabo Leones II ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por incumplir con la entrega de información sobre los contratos de suministro vigentes con empresas distribuidoras en un acto de autotutela.

Luego, la entidad fiscalizadora amplió su alcance sobre la empresa tras la intervención de la Comisión Nacional de Energía (CNE), formulando cargos contra Cabo Leones II. Esto, ya que la Superintendencia consideró que se transgredió la ley al modificar las condiciones de los contratos de suministro asociados al proceso de licitación sin contar con la aprobación previa de la CNE.