Casi 1 millón y medio de clientes mantienen deudas de servicios básicos por más de US$ 600 millones

Pese a que el país lleva cerca de tres meses en una etapa positiva de la pandemia, empujada por la normalización de las actividades derivado del plan de vacunación, la morosidad en los servicios básicos parece no disminuir.

El tema mantiene preocupado al sector privado, el que ha estado promoviendo -en conjunto con algunos senadores- una salida integral al problema, donde las empresas y el Estado asuman una parte de los montos acumulados, y el cliente el resto.

Sin embargo, los saldos morosos -a raíz de la ley que impide el corte por no pago hasta fin de año- siguen creciendo. En base a la última información recolectada con las superintendencias de Servicios Sanitarios (SISS) y de Electricidad y Combustibles (SEC), ya se superaron los US$ 600 millones, con cerca de 1,5 millón de clientes.

En el caso de la electricidad, son 723 mil clientes al cierre de julio, quienes tienen una deuda promedio de $ 364.623, lo que implica más de $ 263.857 millones por este concepto.

Mientras, en gas, los morosos suman 77.708, con un valor promedio de $ 276.185, lo que en total implica más de $ 21 mil millones, según detallaron al ser consultados.

A esto se suma el sector sanitario, que mantiene una morosidad total de $ 193.955 millones, con más de 566 mil clientes. Aunque esta última cifra está más o menos estable desde octubre del año pasado, llevado a valor sigue creciendo.

Uno de los problemas que se ha detectado es que, al menos en el sector eléctrico, una parte relevante de quienes han utilizado el mecanismo son clientes de alto consumo. Según una presentación de la SEC en mayo, el 57% de la deuda se encuentra concentrada en el 33% de los clientes de mayores consumos.

“Sólo el 8% de los clientes morosos, que consumen en promedio más de $ 60 mil mensuales, representan el 24% de la deuda total”, detalló el organismo.

Esto, por ejemplo, es el motivo por el que Enel Distribución inició una ofensiva judicial para intentar cobrarle a una decena de clientes que -según los datos que ellos manejan-, podrían haber pagados sus cuentas.

“No existe ninguna justificación para otorgar un beneficio a quien no lo necesita”, dijo la italiana en un comunicado del lunes, a raíz de que llevó al Tribunal Constitucional el caso.

En sus resultados a junio, la firma detalla que “a partir del segundo trimestre de 2020 se originó un incremento por deterioro de las cuentas por cobrar de $ 2.068 millones, provocado principalmente por los efectos en la economía derivados de Covid-19”.

Lo morosidad de 61 días o más, que básicamente equivalen a dos cuentas impagas, creció 10% entre el cierre de 2020 y el del primer semestre.

En el caso de la Compañía General de Electricidad (CGE), esto fue asumido también en su reporte de resultados, donde señala que toda la pandemia y la ley “ha resultado en un aumento del riesgo crédito, asociado al empeoramiento de las condiciones económicas, todo lo cual ha provocado un aumento de la morosidad y de la provisión de incobrables, lo que ha hecho necesario una gestión integral de los riesgos asociados especialmente a la cartera de clientes vulnerables, habida consideración del principio del pass-through o de traspaso de costos en la cadena generación-transporte-distribución-consumo del servicio público eléctrico”.

Los impactos en las sanitarias

Las empresas sanitarias también han hecho ver esto en sus reportes. Esval -que presta servicios en la Región de Valparaíso- informó que las pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar comerciales ascendieron a $ 3.070 millones al 30 de junio de 2021, lo que representa un incremento de $ 1.885 millones respecto a la pérdida de $ 1.185 millones registrada durante el mismo período de 2020.

Agregó que durante los períodos anteriores a la pandemia, el gasto por deudores incobrables ascendió a $ 886 millones y $825 millones, al 30 de junio de 2019 y 2018, respectivamente.

En el caso de Essbio, advierten que el riesgo de crédito al cual está expuesto el grupo proviene principalmente de las cuentas por cobrar neta por servicios regulados y no regulados.

Aguas Andinas, empresa que opera en la Región Metropolitana, dijo que los efectos directos e indirectos en costos presumiblemente derivados de la situación excepcional por Covid-19, “se explican en una menor recaudación de cuentas de clientes regulados que incrementó la antigüedad del saldo de las cuentas por cobrar”.

Así, reconoció como provisión de deudores incobrables un monto de $ 7.493 millones, generando un mayor gasto por incobrabilidad en $ 1.573 millones respecto al año anterior.