Contraloría advierte "vacío legal" al indagar en vínculo de exministra Silva con abogados de empresa que construye Puente Chacao

Un nuevo capítulo se escribe en torno al polémico Puente Chacao. El miércoles la Contraloría General de la República emitió un dictamen donde cuestiona el vínculo de la exministra de Obras Públicas, Loreto Silva, con los abogados de Hyundai, firma controladora de la iniciativa. Esto, luego de que los diputados Leonidas Romero y Gabriel Ascencio, solicitaran a la entidad fiscalizadora indagar en eventuales conflictos de interés.

Romero solicitó determinar si existe un conflicto de interés y vulneración de la ley de probidad administrativa en las actuaciones de la actual presidenta del directorio de ENAP y la legalidad de su permanencia en dicho cargo, considerando que la empresa Hyundai Engineering & Construction anunció en diciembre que paralizaría la construcción del Puente Chacao y que habría contratado los servicios del estudio jurídico Bofill, Escobar, Silva abogados, con el objetivo de demandar al Estado.

Esto, considerando que Silva es socia de ese estudio jurídico, el cual también representaría a la concesionaria del Aeropuerto Nuevo Pudahuel en una causa contra el Estado.

Mientras, Ascencio puso en tela de juicio la contratación del MOP de Jorge Bofill García como asesor jurídico, quien es hijo del abogado Jorge Bofill Genzch, porque éste último forma parte del estudio legal contratado por la empresa Hyundai. Por esto, generaría suspicacia si el profesional ha tenido acceso a la información de la construcción del Puente Chacao y del Aeropuerto Nuevo Pudahuel.

De entrada, la Contraloría ratificó que Silva está vinculada a la sociedad Asesorías Bofill Escobar Limitada a través de Asesorías MLSR Spa, como también sucede con Jorge Bofill García, quien se relaciona con aquella sociedad a través de Asesorías e Inversiones BG.

En esa línea, revela que Silva descartó que los hechos constituyan inhabilidades o incompatibilidades para su rol como directora de la petrolera estatal, por lo que tampoco la obligan a dejar el cargo. Es decir, que su participación en una sociedad y el ejercicio como abogada no configuran una discrepancia.

El organismo liderado por Jorge Bermúdez asegura que, para que se cumpla la disposición de que todos los funcionarios tienen derecho a ejercer libremente cualquier profesión con su posición en la administración, siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes y sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley, "es necesario que la representación de un tercero se verifique en el ejercicio de la actividad particular del funcionario sujeto a tal prohibición", lo que supone una actuación personal de este último en una causa civil en contra de un organismo de la administración del Estado.

Sin embargo, esta disposición legal -aclara el escrito firmado por Bermúdez- no regula la participación del funcionario público en sociedades de profesionales en la que uno o más de sus socios asumen la representación de terceros en acciones civiles que puedan entablarse en contra de un organismo de representación del Estado, pudiendo conducir "al absurdo de que un funcionario se abstenga de patrocinar tales causas y eventualmente reciba utilidades provenientes de la sociedad en la cual participa".

"Como consecuencia de lo anterior, mediante una práctica como la descrita, se burla la prohibición en cuestión, produciéndose una situación de elusión de la ley, lo que debe ser remediado por la vía legislativa", advierte Bermúdez.

Por esto, la Contraloría pone en conocimiento a la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado que en esta materia "existe un vacío legal".

Pese a todo, respecto a la contratación de Jorge Bofill en el MOP, la entidad fiscalizadora indica que él comunicó al ministro de Obras Públicas su "inhabilidad de conocer y actuar en cualquier materia en la que Jorge Bofill Genzsch, abogado y asesor jurídico tenga interés, participe o haya participado como contraparte del MOP, para dar cumplimiento al deber de abstención, sin que existan antecedentes de que se haya configurado una infracción".