Tras estar dos años durmiendo en el Congreso, la comisión de Salud de la Cámara de Diputados reactivó la discusión para endurecer la Ley del Tabaco, impulsando la denominada cajetilla plana -prácticamente sin distinción de marca-, además de poner fin a los cigarrillos mentolados.
Así, tras superar en esa instancia la discusión en torno a la ley de aborto bajo tres causales, la comisión retomó la discusión en torno al tabaco con plazos definidos para despacharlo.
El diputado Jorge Rathgeb (RN), señaló que “la deberíamos despachar el próximos mes (esta iniciativa) a la comisión de Agricultura, porque se está analizando desde ella, teniendo presente que afectaría a zonas productivas de las Sexta y Séptima región”. Tras eso, la moción pasará a discusión en sala.
El parlamentario señaló que “teniendo presente la cantidad de invitados que está pendiente, se estaba considerando la posibilidad de impulsar una jornada temática para recibir la opinión de todos los actores en menos tiempo”.
Pero Rathgeb agregó que esta normativa, que motivó hace dos años a British American Tobacco (BAT) a anunciar su retiro del país si es que prosperaba, no es efectiva si no incluye nuevas herramientas en materia de fiscalización para contrarrestar el contrabando.
De hecho, en su reciente paso por el Congreso, la empresa fue categórica en señalar que “el modelo de operaciones de BAT Chile se verá seriamente afectado; tanto en sus operaciones de cultivo y procesamiento de tabaco en San Fernando, como en la viabilidad del modelo de operación de la fábrica que opera actualmente en la comuna de Casablanca”.
En relación al empaquetado genérico, sostuvieron que es una “medida inconstitucional”, porque remueve de manera injustificada derechos marcarios “dañando la libertad de elegir y de información”.
La empresa, que estuvo representada en esa instancia por Pablo Tomaselli, director de Asuntos Legales y Externos Conosur, y otros tres ejecutivos, agregó que la prohibición de cigarrillos mentolados, que representa el 30% del consumo total de la industria, tendrá un impacto en el contrabando, aumentando de un 15,4% actual a un 22% y en recaudación fiscal significará un 14% menos.
“Consideramos que es pertinente reevaluar la implementación de una política tan radical como la de prohibir el consumo de cigarrillos mentolados. Además de los efectos analizados sobre la demanda, es necesario considerar otros posibles efectos sobre la oferta de cigarrillos y la actividad productiva nacional, desde la producción de tabaco y cigarrillos hasta la comercialización y distribución de estos productos”, señalaron.
La empresa, que produce Kent, Lucky Strike, Dunhill y Pall Mall, mantiene firme su postura frente a que de aprobarse dicha regulación se cerrarán todas las plantas productivas en el país. Conocedores del proceso aseguran que “el modelo de negocio que utilizan en Chile no ha tenido ningún cambio, pero lo que corresponde de manera responsable es evaluar lo que podría ocurrir y eso es lo que han hecho”.
De momento, pese a pasar dos años del anuncio, el negocio sigue tal cual, con más de 23 mil puntos de venta, exportando a 14 países de América, y con cultivos entre las regiones de O’Higgins y el Biobío.
Argumento monetario no se justifica
El diputado Javier Macaya (UDI), sostiene que “los argumentos de BAT deberían estar más alineados con la salud de las personas”. Añadió que el argumento de costo monetario para entrar a convencer a la comisión respecto de este proyecto no es el más válido.
“Las pérdidas de la industria, ya sea impuestos que se dejarán de pagar por menores ventas, se recuperan con creces en el valor de salud de la población, es menos gasto público en salud, si el argumento se quiere llevar a números”, dice.
Sin embargo, el diputado dijo no estar ajeno a que uno de los puntos más importantes a trabajar es el contrabando. Según cifras dadas a conocer por BAT, la recaudación perdida en 2016 por efecto del comercio ilícito fue de US$ 350 millones, es decir cuatro veces más que hace cuatro años.
Mientras que otro factor relevante es saber qué ocurrirá con los productores de la zona central, ya que para los agricultores de pequeña escala, perderían casi 40% de sus ingresos si se concreta la amenaza de BAT.
Bajan agricultores y hectáreas cultivadas
En la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) fueron claros en decir que el proyecto ya "está haciendo daño". Lo anterior, porque de acuerdo a las cifras que presentaron frente a la comisión de Salud, a la fecha hay 405 productores de tabaco, muy por debajo de los cerca de 800 que habían en 2011.
Situación similar es lo que ocurre con la superficie cultivada, ya que "en 2003 se estimó que las hectáreas alcanzaron las 3.500, mientras que es 2016 sólo eran 1.444. La caída es de 60% desde 2003 y de 40% desde 2015", señaló Juan Pablo Matte, secretario general de la SNA (en la foto). Explica que la caída, "en parte, refleja las malas expectativas que se ven a futuro, producto de las incertidumbres generadas por el proceso regulatorio que se discute en el Congreso".
Sostiene que si se analizan las razones del abandono del cultivo de los últimos años, según datos de BAT, el 92% son por razones económicas, probablemente vinculadas a las expectativas futuras del tabaco. "De esta cifra un 49% ha abandonado el rubro agrícola por completo empleándose como jornalero, perdiendo la capacidad de generar su propio ingreso", concluyó.
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