El ingreso formal de la reorganización judicial de la fallida isapre Masvida, que buscará saldar las deudas que tenía la aseguradora de médicos, ha generado alta expectación, la que hoy podría ser disipada.
Esto, porque la demora en el inicio del trámite tiene preocupados a quienes tienen pendientes con la ex aseguradora. Y no es solo por la incertidumbre respecto del valor total de la deuda, sino también sobre cómo se distribuirá su pago entre los 5.000 acreedores que hoy engrosan la lista de clínicas, bancos, médicos, factoring, entre otros.
Aunque el administrador provisional Robert Rivas informó hace unas semanas las condiciones en que se realizaría el pago y el proceso de reorganización, la duda sobre si alcanzará o no a cubrir el monto aún mantienen incertidumbre, no sólo a las clínicas sino que también a la banca, sector que acumula un monto en torno a los $ 20 mil millones.
Según trascendió, esta preocupación llegó hasta la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la que fue transmitida por asociados por el efecto en industria en general.
Entre los bancos afectados están el BCI, Scotiabank e Itaú, entre otros. A ellos se sumaría el Santander, que tiene una boleta de garantía que venció a fines de mayo por $ 1.230 millones.
Trascendió que el gigante español habría prepagado parte de esta deuda con algunos saldos que se mantenían en cuentas de la ex Masvida.
Uno de los temas que ven con atención las instituciones financieras es que terminen siendo los más perjudicados de esta crisis, por la priorización del pago que se hará, ya que ellos no forman parte de los que tienen garantizados el pago de sus deudas.
La ley que establece garantías para el pago de prestaciones para afiliados en primer lugar y, luego, para saldar pendientes con prestadores.
Así, la única esperanza que tienen en vista los bancos es que en la reorganización judicial que se conocerá hoy se sumen todos los recursos disponibles y se repartan equitativamente.
Sin embargo, aún resta ver si los prestadores darán su visto bueno a la reorganización o no, más aún cuando esta significaría que deberán compartir los $ 83 mil millones que existen en garantías con los otros acreedores, cifra que no sería suficiente para enfrentar la totalidad de los pagos.
Las clínicas esperan recobrar parte de los casi $ 70 mil millones que se les adeuda, lo que se hará después que la continuadora de la empresa pague cerca de $ 40 mil millones a beneficiarios, en cosas como pago de licencias médicas pendientes.
Reorganización
Aunque se esperaba que ayer ingresar la solicitud de reorganización judicial, esta no pudo concretarse. Se espera que a primera hora del día de hoy finalmente entre, aunque los prestadores deberán esperan para conocer el detalle.
De aprobarse la reorganización, se inyectarían $ 27 mil millones que aportaría Nexus como acuerdo de la compra de cartera.
La expectativa del administrador Robert Rivas es hacer un fondo común incorporando el aporte de Nexus y $ 9 mil millones que se espera percibir por la venta de inmueble. Esto haría un fondo total de $ 120 mil millones, lo que esperan alcance para saldar en gran parte la deuda.
Sin embargo los planes de Rivas no coinciden con algunas aspiraciones de la Superintendencia de Salud, que estaría evaluando alguna fórmula para inyectar los
$ 27 mil millones de Nexus, directamente al fondo de garantías. Para ello estaría evaluando la publicación de un resolución que derive estos recursos, asegurando el pago a los prestadores, lo que en definitiva dejaría con menos recursos a otros deudores como los bancos.
Aun resta saber cómo Rivas y el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, harán coincidir la liberalización de las garantías con el aporte que Nexus realizará.
Concretar el pago, además, tomará al menos hasta octubre, según algunas estimaciones, tiempo que puede tomar en concretarse la reorganización judicial.
CRUZ VERDE VUELVE A LA CARGA
Luego que la cadena farmacéutica Cruz Verde fuera una de las beneficiadas de la liberalización de las garantías que le permitió el pago de $ 13,5 mil millones de deudas pendientes entre mayo de 2016 y enero de 2017, ahora la firma ligada a Guillermo Harding volvió a la carga.
Esto, porque se sumó a la larga lista de acreedores que han presentado demandas en tribunal para hacer efectivo el pago de saldos adeudados. Así, ante le 2º Juzgado Civil de Concepción ingresó la solicitud de pago por 156 facturas impagas por $ 3.607 millones, lo que sumado al pago equivalente del IVA, exigió la cancelación total de $ 4.292 millones por deudas correspondientes al periodo que va entre enero y abril de 2017.
La liberalización de $ 87 mil millones en garantías hoy ha sido cuestionado por prestadores, ya que sino se hubieran autorizado hoy existirían los montos asegurados para sus acreencias, según lo estipula la ley. Sin embargo la autoridad ha defendido su rol que asegura se hizo para resguardar el funcionamiento de la isapre.
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