Fue a principios de marzo que el controlador indirecto de SQM, Julio Ponce Lerou, llegó hasta la Unidad de Delitos de Alta Complejidad -dependiente de la Fiscalía Centro Norte-, para prestar declaración ante José Morales, fiscal que lidera la investigación en la arista penal del caso Cascadas. Esto, específicamente por la querella que presentó en contra del ex superintendente de Valores, Fernando Coloma, y otros tres funcionarios, por los delitos de prevaricación judicial y administrativa.
En esa oportunidad, el empresario causó impacto al señalar, a su salida, que “si su Excelencia, el presidente de la República no hubiese participado del caso Cascadas, no habría caso Cascadas”.
Poco más de dos meses después de ese episodio, tras innumerables declaraciones de testigos, y del mismo ex mandatario, Sebastián Piñera, la fiscalía ya ha llegado a las primeras conclusiones en lo que respecta a este punto.
-¿Es factible que una eventual participación de Sebastián Piñera sea investigada en este caso?
-No existe en la investigación ningún antecedente claro o específico que permita abrir una arista en el sentido que me señala.
-¿Y sobre la participación de otras autoridades?
-No tenemos antecedentes que nos permitan pensar que hubo algún tipo de participación o intervención de alguna autoridad pública, fuera de la SVS, como para plantearse una investigación penal respecto de ella.
-¿En qué etapa de la investigación se encuentra la fiscalía?
-En el caso Cascadas hay varias aristas penales. En la que aparecen imputadas personas vinculadas a la administración y propiedad de las cascadas, la investigación se ha seguido desarrollando, solicitando mucha información que existía en la carpeta de la investigación de la SVS, actualizando esa información, y tomando declaración a las personas que puedan haber aportado antecedentes. Esperamos pasar próximamente a tomar declaración a otros testigos, y analizando también cuál va a ser el momento para tomar declaración a los imputados.
-¿Qué tipo de nuevos testigos podrían declarar?
-Básicamente, aquellos que puedan aportar antecedentes sobre las operaciones cuestionadas, que se estime que no buscaban algún tipo de ganancia o interés, que conozcan las operaciones, qué elementos se tuvieron a la vista, y también aquellos que puedan haber sido perjudicados por estas operaciones, y que puedan entregar antecedentes.
-¿Por ejemplo corredoras, ejecutivos de mesas de dinero?
-En general sí, aquellos que forman parte de los intermediarios de las operaciones
-¿Y por el lado de afectados, ejecutivos de AFP, de Moneda?
-Podría ser, es un abanico amplio y no podría precisarle específicamente a quienes me menciona.
-¿Cuál arista va más avanzada?
-La que se refiere a la acusación por divulgación de antecedentes de la investigación y que podría haber sido cometida por funcionarios públicos - la que es dirigida por la fiscal Tania Sironvalle- está terminada desde nuestro punto de vista, y se solicitó sobreseimiento definitivo y decisión de no perseverar. La que persigue responsabilidades penales en contra del ex superintendente y ex funcionarios por abuso contra particulares y prevaricación administrativa, está bastante avanzada, y consideramos que faltan sólo algunas diligencias, básicamente solicitadas por la parte querellante, luego de lo cual deberíamos tomar una decisión sobre esa investigación.
-¿El sistema de justicia está preparado para asumir casos de esta complejidad?
- El aparato público no está capacitado para abordar casos con una complejidad como ésta, pero creemos que la única forma de estarlo es realizar todos los esfuerzos para llegar a ello; de que se tense la capacidad del aparato público para que tengan que haber nuevos recursos, más personas, o que las autoridades respectivas tomen estas decisiones.
-¿Y en términos de peritos?
- El aparato pericial del Estado no tiene la capacidad humana para hacerse cargo de delitos con este nivel de complejidad o que implique la destinación de tantas personas como para una investigación de este tipo.
-Pero los últimos grandes casos han demandado varios informes periciales
- Las pericias relevantes para el caso La Polar, por ejemplo, debieron ser pagadas por los querellantes, y ése fue un caso menos complejo. El presupuesto que tiene el Ministerio Público para pericias, no daba. Pero me parece que está bien, en cierto sentido, si se trata de intereses particulares y privados, y los querellantes pueden solventarlos; porque o si no, significaría que el Estado debiera quitar esos recursos a casos en los que las personas no pueden costearlas.
El hito Yarur
Dentro de las próximas semanas se espera que la Corte de Apelaciones vea los dos recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público en el caso de la demanda por apropiación indebida presentada por Jorge Yarur en contra de su primo, el ex superintendente de la SVS, Daniel Yarur.
El fundamento de dichos recursos está en que, según la fiscalía, se entiende que aún cuando una persona cuente con un mandato amplio de administración de bienes otorgado por otra, eso no la hablita jamás para actuar en perjuicio del mandante. "En este caso se acreditó que Daniel Yarur se apropió de US$ 60 millones del patrimonio de Jorge Yarur, y el mismo tribunal desestimó que el ex SVS haya tenido un honorario variable, tesis que sostenía la defensa, afirmó Morales.
Según el fiscal, este caso marca un hito, ya que implica "una desigualdad absoluta ante el derecho. Personas que se apropian de grandes sumas no tienen castigo ni son sancionadas, pero nuestro sistema sí sanciona a quienes que se apropian de sumas mínimas, o cometen delitos de bagatela como hurtos en supermercados, o al tesorero de curso que se queda con el dinero recaudado. Apropiarse del patrimonio de una persona debe ser sancionado ya sea que se trate de $1.000 o $1.000 millones".
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