El uso del 2% constitucional no implicará "ningún recorte de la política fiscal", enfatizó el ministro de Hacienda, Andrés Velasco explicando los alcances que tendría el uso de estos recursos para financiar el Transantiago.
El secretario de Estado señaló que estos dineros, aproximadamente US$850 millones (depende del tipo
de cambio con que se calcule), se financiarán durante este año mediante reasignaciones y no con recursos adicionales.
Explicó que para financiar el decreto se
utilizarán recursos de algunas partidas presupuestarias "que habíamos estimado
que tendrían una trayectoria, y que hoy estimamos que tendrán una trayectoria
distinta".
Citó como ejemplo de ello el menor gasto proyectado en combustibles. "Considerando los
precios contemporáneos y los que se proyectan en los mercados futuros, hoy día
estimamos que va a haber un ahorro de aproximadamente US$250 millones en
lo que resta del año por menor gasto en materia de combustibles. Esa va a ser
una fuente que vamos a utilizar para aportar estos fondos al transporte público
y actuar de modo totalmente coherente con las metas de gasto y de superávit
estructural", afirmó.
Consultado sobre cuál es el monto de recursos que serán efectivamente
necesarios, dijo que eso depende de las estimaciones que se están realizando
pero acotó que las brechas mensuales de Transantiago son de conocimiento
público.
Descartó tajantemente que pudiera existir alguna reasignación desde
partidas de gasto social para financiar los gastos involucrados en el decreto.
Consultado sobre qué ocurrirá con los recursos para el
transporte público en 2009, Velasco enfatizó que el compromiso del gobierno es
que el sistema siga funcionando y que cuente con el financiamiento
necesario.
El titular de Hacienda acudió esta mañana a La Moneda a firmar el decreto que permitirá el uso de estos recursos. Así lo hicieron también los demás ministros de Estado, de quienes se requiere la firma para dar luz verde a la iniciativa.
Las ministros que "autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en el
artículo 32, inciso 22, serán responsables solidaria y personalmente de
su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales
públicos".