El pasado 17 de diciembre se selló el oscuro destino del segundo proceso constitucional. Pero los ecos acerca del diagnóstico transversal de que el sistema político chileno está en crisis y que, por tanto, es necesario reformular algunos aspectos importantes que generan estabilidad política y gobernabilidad. Algo de lo que no sólo ha carecido la actual administración, sino también la del expresidente Sebastián Piñera, y será un problema para sea cual sea el próximo inquilino de La Moneda. Y que, además, afecta la economía y la inversión.
Aunque la fuerza que en esta materia mostraron parlamentarios de todos los sectores, recién cerrado el episodio del Consejo Constitucional, parece estar decreciendo con el paso de los días.
Tal vez por esa misma razón es que la bancada de diputados de la UDI tomó la iniciativa de reimpulsar el tema, ingresando a trámite una reforma constitucional que establece un umbral electoral aplicable a la distribución de escaños e incorpora, como causal de cesación en el cargo de diputado o senador, la renuncia al partido que hubiera declarado su candidatura. Los autores de la moción son, entre otros, Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Flor Weisse y Felipe Donoso.
En los antecedentes de la iniciativa, los diputados admiten que no están inventando la rueda y que “el proyecto recoge la propuesta del Consejo Constitucional relativa al establecimiento de un umbral electoral del 5% aplicable a la distribución de escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados, así como la fórmula del mismo órgano que apuntaba a incorporar como causal de cesación del cargo de diputado o senador la renuncia al partido político que hubiera declarado su candidatura”. Disposiciones aprobadas dentro del Capítulo IV, sobre el “Congreso Nacional”, del texto plebiscitado.
Con todo, los objetivos de la iniciativa apuntan a establecer un umbral electoral del 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional aplicable a la distribución de escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados, salvo que el partido tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios en el Congreso Nacional; incorporar como causal de cesación del cargo de diputado o senador la renuncia al partido que hubiera declarado su candidatura; y, atenuar la fragmentación parlamentaria y el multipartidismo -asociados a sistemas de representación proporcional- en beneficio de la gobernabilidad, la estabilidad y el equilibrio de las fuerzas políticas. Lo que se traduce en un artículo con dos numerales.
¿Hay o no piso para legislar?
¿Cuánto piso tiene esta reforma en el Congreso? Esta es la pregunta clave. Porque, pese a que la mayoría manifiesta su interés de apostar por reformas que permitan gobernar, existe el temor de que el tema sólo sea una inquietud de la clase política y que está muy lejos de lo que preocupa a la ciudadanía. Adicionalmente, el proyecto no está patrocinado por el Gobierno, cuya agenda por estos días está muy distante de estas materias y muy enfocado en temas sociales.
Por otro lado, este es un desafío para los parlamentarios, ya que los expertos tienen la convicción de que es difícil que los incumbentes estén dispuestos a avanzar en reformas que los afectan directamente. Cuánta razón tienen, está por verse.
Por lo pronto, de la moción se dio cuenta en la Sala de la Cámara este miércoles recién pasado y fue enviado a la Comisión de Constitución. Y el presidente de esta instancia, el socialista Raúl Leiva admite la “excesiva atomización que se da en el Congreso y en la Cámara, en particular”. Sin embargo, en una mirada realista de la situación adelanta que hay que respetar las urgencias del Ejecutivo y si estima que esta moción se debe tramitar con urgencia, “lo vamos a poner en tramitación en la Comisión de Constitución”.
No obstante, el diputado asegura estar de acuerdo con quienes plantean que el sistema político se debe modificar a través de reformas en el Congreso y está convencido de que conceptualmente hay piso para aquello. Incluso Leiva argumenta que “concuerdo, porque el proyecto de ley que llega a la comisión es una transcripción del acuerdo de la Comisión de Expertos, que concitó amplia transversalidad. Y es importante que el Gobierno lo tome, lo pondere y, vía urgencia, se pueda poner en tramitación comisión”.
En contraste, el jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, le cierra el paso sin rodeos a la reforma. Desde su punto de vista, esta moción es “una copia” de la propuesta constitucional rechazada por los chilenos en diciembre. Si bien cree que puede ser “una discusión interesante”, estima que en el actual escenario, con los problemas que enfrenta el país, entrar a la discusión de este tipo de reformas “es desviarnos de las prioridades ciudadanas”.
Por otro lado, previene que hay que hacer un estudio profundo acerca de las correcciones que requiere el sistema político, porque el umbral del 5% para acceder a un escaño, “no va a solucionar los problemas de corrupción, ni los problemas de escándalos que vemos en el Congreso”, reflexiona. Por lo mismo, reitera que si bien es un tema que hay que analizar, pero que “escapa de las prioridades ciudadanas”.
Macaya pone paños fríos
Una mirada pesimista respecto del avance de la iniciativa en el Congreso expresó el senador de Renovación Nacional (RN) José García Ruminot. Aunque está de acuerdo con que se impulse la moción, manifiesta sus dudas respecto a cuánto será el apoyo transversal que genera ese tipo de normas de manera que esta tenga un trámite rápido en el Congreso, por la forma como se presenta ante la opinión pública.
De hecho, el senador comenta que desde que se rechazó la segunda propuesta constitucional ha visto a personalidades de distintas sensibilidades políticas, “señalando que la gobernanza del país, que es el Ejecutivo, pero que también es el Parlamento, está atravesando por una crisis y que como actores políticos tenemos la obligación de hacernos cargo y de resolverlo. (…) Siento que se ha producido un interés muy grande en que el Congreso lleve a cabo este tipo de reformas con decisión, pero también con valentía, pensando en el país”.
García está consciente de que muchos no creen que los parlamentarios impulsen este tipo de reformas porque son incumbentes, por lo mismo estima que se deben buscar los consensos necesarios para sacarlas adelante.
El jefe de la bancada de senadores de la UDI, Gustavo Sanhueza, es optimista en afirmar que el proyecto puede tener piso en el Congreso y avanzar en su tramitación, ya que en el proceso constitucional se vio que había consenso en materia de sistema político y claridad en el diagnóstico, “por lo que deberían estar los votos para avanzar”.
Sanhueza reconoce que todos los proyectos que tienen que ver con los parlamentarios tienen “la complejidad” de que son incumbentes, por lo que incluso propone que este tipo de iniciativas deben aplicar recién para la legislatura subsiguiente, de manera de sacar del tablero el hecho de que alguna modificación pudiera afectar a los actuales parlamentarios.
Pese a la resuelta postura del jefe de los senadores gremialistas, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, le pone freno a la idea de sus diputados. El parlamentario opositor se lo toma con calma. Aunque asegura no tener dudas acerca de que es “una idea compartida transversalmente por quienes queremos un Chile más estable”, plantea que “habiendo pasado tan poco tiempo desde el cierre del proceso constituyente, hay que darse un espacio de reflexión mayor”, señala.
No obstante, no cierra del todo la puerta, ya que Macaya está convencido de que los problemas del sistema político “es un tema que en algún momento, junto con otras variables que ayuden a la gobernabilidad y eviten la fragmentación, habrá que abordar”.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, coincide con la mirada del jefe de los diputados socialistas sobre el tema y el futuro del proyecto. Para el parlamentario falangista, “hoy día no es el momento de entrar en estos temas. El país tiene otras prioridades”, sentenció el senador. Flores dice entender y compartir la necesidad de mejorar el sistema político, pero insiste en que “la primera necesidad, hoy día, es buscar acuerdos” para mejorar la seguridad de las familias, la salud y, por sobre todo, para avanzar en una reforma de pensiones financiada.
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