Con entusiasmo -o al menos alivio- reaccionaron los ministros Felipe Larraín y Cristián Larroulet cuando el miércoles, después de un intenso período de negociaciones, lograron que finalmente, la Cámara de Diputados aprobara en su totalidad la última propuesta de reforma tributaria del Ejecutivo.
Pero teniendo en cuenta que sólo se consiguió por ese escaso margen que obtiene el gobierno cuando suma a algunos de los parlamentarios independientes o del PRI, nada augura que el triunfo anotado esta semana se pueda repetir fácilmente en el Senado, donde no cuenta con esa opción.
Las autoridades saben que el trámite que les espera es complicado, aun cuando creen que, por la postura de algunos senadores de oposición que estiman impresentable rechazar una propuesta que es propia de la agenda concertacionista, al menos se aprobará la idea de legislar.
El problema se puede presentar si es que en la discusión en particular, se aprueben sólo aquellos artículos que implican alzas de impuestos -como ocurrió en forma unánime en la Cámara- pero se rechacen los que apuntan a rebajar tributos, especialmente el de las personas, o el que otorga un beneficio tributario para la educación subvencionada.
Conscientes de que el panorama que deben enfrentar no es fácil, los ministros a cargo de la tramitación accedieron a una de las peticiones de los senadores, que fue cambiar el trámite de discusión inmediata, con lo que no estarán obligados a despacharlo la próxima semana, lo que se hizo a cambio del compromiso del Presidente del Senado, Camilo Escalona, de que el trámite final sería este mes.
En este lapso, la aspiración del gobierno es lograr como sea posible que se apruebe la reforma, con el fin de dar por cerrado este debate cuánto antes, considerando que en septiembre debe ingresar el Presupuesto para 2013.
En todo caso, pese a sus esperanzas, el resultado sigue siendo incierto, pero quizás menos incierto que el impacto real que tendrá la aprobación de esta reforma, que desde que se planteó en la agenda, ha sido una de las iniciativas más discutidas que se propuso sacar adelante el propio Presidente Sebastián Piñera.
Decisión compleja
No fue una decisión fácil para el Mandatario embarcarse en un tema en que sabía que estaría expuesto a enfrentar serias complicaciones.
Por de pronto, en el mismo momento en que comenzó a tomar fuerza la idea, luego del cambio de gabinete que se produjo tras las protestas sociales, comenzaron a aflorar las discrepancias al interior del propio gobierno. Basta recordar que mientras el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se oponía tenazmente aludiendo a las posibles consecuencias para la economía sobre todo en tiempos de crisis, su par de Economía recién nombrado, Pablo Longueira, lideraba la posición de que era necesario proponer una reforma tributaria, idea que lanzó sin tapujos apenas asumió.
La mirada de Longueira, que le había transmitido a Piñera incluso antes de ingresar al gabinete, era que para contrarrestar el impacto de las protestas sociales, debía ponerse el foco en el tema de las desigualdades, donde la propuesta de una reforma tributaria podía transformarse en un importante gesto político para la ciudadanía.
Pero ninguno de esos argumentos lograban persuadir ni a los ministros que se oponían -justamente Larraín y Larroulet- ni menos a los sectores más ortodoxos de la derecha, que liderados fundamentalmente por el senador UDI, Jovino Novoa, iniciaron una verdadera cruzada en contra de la idea que el gobierno propusiera un cambio en los tributos, con el argumento de que no es el mecanismo adecuado para la redistribución del ingreso.
Para Piñera, en todo caso, las discrepancias al interior del gobierno, como los alegatos de ese sector que representaba a parte de la UDI, o las aprensiones de los empresarios, fueron suficientes para jugarse por proponer una reforma tributaria, que justificó por la necesidad de obtener más recursos para las reformas a la Educación.
La historia cuenta que uno de los argumentos que más pesó en la decisión presidencial, fue tratar de impedir que fuera la Concertación la que pusiera el tema en la agenda, como de hecho lo estaba haciendo con fuerza, al punto de que incluso intentó condicionar la aprobación del Presupuesto 2012 a que se iniciara el debate sobre un profundo cambio a la estructura tributaria del país.
En ese escenario, Piñera consideró que estratégicamente debía adelantarse, de manera que fuera este gobierno el que apareciera impulsando cambios tributarios.
Tal fue su convicción, que aun cuando la posibilidad de generar un consenso entre sus propios partidarios parecía lejana, en diciembre anunció que la reforma iría, promesa que cumplió a fines de abril cuando la mandó al Congreso, con la esperanza de que allí se aunarían criterios.
El engorroso trámite
Claro que esa expectativa topaba primero con las discrepancias que permanecían en el oficialismo, a lo que se sumaba que, desde el primer momento, la Concertación la calificó como insuficiente.
Fue en ese cuadro, donde la tensión en la propia coalición de gobierno era creciente, cuando las autoridades optaron por ponerle suma urgencia a su trámite, con el fin de acelerar las negociaciones, lo que terminó en que pese a sus aprensiones, el oficialismo se alineó con la posición del Ejecutivo.
Completamente distinto fue el resultado de los diálogos con la Concertación, puesto que sus parlamentarios se negaron a aprobarla si no se le introducían cambios de fondo, como lo ejemplifica que para ellos es necesario recaudar US$ 7 mil millones, frente a los US$ 1.000 millones que contempla la propuesta gubernamental.
Tan profundas eran las discrepancias, que ni siquiera era posible intentar un acuerdo presentando indicaciones que recogieran algunos planteamientos opositores, porque igual les parecía que no respondían a sus aspiraciones.
En momentos en que el tema se había transformado en una disputa política, donde la oposición no parecía dispuesta a permitir que este gobierno sacara adelante una reforma tributaria, el gobierno se enfrentó a la opción de que o lo retiraba -como sugirieron algunos- tratando de hacerle pagar el costo a la oposición, o bien simplificaba la propuesta inicial, retirando los puntos más conflictivos o engorrosos.
Coincidiendo en que lo primero sería asumir un fracaso, optó por lo último, dejando básicamente el alza del impuesto de primera categoría, más la rebaja del tributo de las personas, además del incentivo a la educación.
Con este nuevo proyecto que sorprendió a la oposición que esperaba indicaciones, el gobierno con sus parlamentarios alineados, buscó el respaldo de algunos diputados independientes o del PRI, con los que tras concederles que no se rebajara el impuesto a las personas de los tramos más altos, llegó al acuerdo que permitió que la reforma fuera íntegramente aprobada en la Cámara.
¿Un triunfo?
Lo ocurrido el miércoles en el Congreso, donde fue imposible que la Concertación actuara como bloque, llegando al extremo de que algunos de sus diputados intercambiaron insultos en la sala, abrió esperanzas en el gobierno de que la tramitación en el Senado sea menos complicada de lo que se supone.
Frente a un panorama que igual reconocen difícil, están elaborando su estrategia, donde lo primero será tratar de persuadir a algunos senadores que suelen descolgarse de la Concertación, aunque tampoco descartan negociar si es que ello no implica introducir cambios que modifiquen el sentido de la propuesta. Como se ignora la disposición de los senadores concertacionistas, los ministros también estan preparados para que se rechacen aquellos artículos que no comparten, lo que debería terminar en Comisión Mixta, instancia que creen que de todas maneras terminará aprobando la reforma.
De darse la situación que esperan, en La Moneda consideran que, pese a todas las dificultades, se anotarían un gran triunfo político, básicamente porque podrían exhibir que un gobierno de derecha fue capaz de sacar adelante una reforma tributaria para entregar más recursos a la Educación.
Con esa tesis, las autoridades apuntan a que, además, contarían con un arma para neutralizar la embestida que anuncia la oposición de poner como gran tema de campaña, realizar una reforma tributaria profunda.
Pero no son pocos los que estiman que es ilusorio pensar que con un ajuste como el que se aprobaría, el gobierno pueda contrarrestar el propósito de la Concertación, que parece decidida, especialmente después de que el gobierno se le adelantara, a darle aun más preponderancia al tema, con el argumento de que la reforma del gobierno terminó siendo un engaño.
En la medida en que la oposición asuma el discurso del presidente del PS, Osvaldo Andrade, quién fundamentó su rechazo diciendo que hacía más ricos a los ricos, podría entrarse a una guerra comunicacional no fácil de enfrentar para el oficialismo.
Es por eso que la gran pregunta es si la razón terminaría estando de parte de quienes impulsaron la reforma porque el triunfo que lograrían, o de quienes se oponían, entre otras razones, porque el tema quedaría necesariamente instalado en la agenda de las próximas elecciones.
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