Grau buscará zanjar dudas de parlamentarios sobre tiempos de permisos y más burocracia

Como parte de la tramitación del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, actualmente en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Nicolás Grau, se prepara para responder este martes las dudas sobre la iniciativa que busca reducir los plazos de permisos que requiere un proyecto de inversión.

La réplica será ante los planteamientos que se dieron en la última sesión de la instancia, que tuvo como invitados a exponer al exministro de Hacienda, Ignacio Briones, y representantes de Sofofa, Cámara Chilena de la Construcción y de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.

Uno de los puntos que planteó el diputado Christian Matheson es acerca del impacto en la reducción de tiempos, que -de acuerdo al cálculo del Ejecutivo- se estima sería en un 30%.

Sin embargo, desde el Ministerio de Economía precisaron que el porcentaje de reducción puede variar según el tipo de proyecto: por ejemplo, para la ampliación de local de consumo de alimentos sería cercana al 70%, mientras que, en el caso de un hospital, descendería hasta 32%.

Esto, ya que el impacto se basó en una medición de siete proyectos relevantes para la inversión en Chile: línea de transmisión, planta fotovoltaica, explotación minera, desaladora, hospital, un proyecto habitacional y la ampliación de local de consumo de alimentos.

“La selección considera una combinación de proyectos de gran envergadura que suelen demorar tiempos extensos en la obtención de sus permisos, proyectos relevantes para los desafíos que enfrenta el país y un proyecto representativo del esquema regulatorio que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) en Chile”, explicaron en la cartera.

En la misma línea, el exministro Briones planteó su duda acerca de si es posible ser más ambicioso y superar este 30% en la reducción de tiempos, por lo que Economía respondió que el promedio se calcula respecto del conjunto de permisos que requiere un proyecto y que representan la ruta crítica para su ejecución.

Por lo mismo, destacaron la creación de un Sistema para la Evaluación y Regulación Sectorial, que contará con una gobernanza que tendrá la misión permanente de analizar la regulación existente y proponer modificaciones para optimizar progresivamente la tramitación de permisos sectoriales. “A partir del trabajo que realice esta gobernanza, la reducción en los tiempos de tramitación avanzará hacia una regulación óptima que elimine las ineficiencias detectadas en distintos sectores”, indicaron.

¿Mayor burocracia?

Otra de las dudas planteadas fue acerca del funcionamiento de las propuestas de nuevas gobernanzas de parte del Ejecutivo, como el Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial (SRES) y el Comité de Subsecretarias y Subsecretarios, respecto a si es que implicarían mayor burocracia.

Por un lado, de acuerdo a lo expuesto por el ministerio, el Servicio funcionará como una entidad pública para la coordinación y cooperación del marco constitucional, la fiscalización y el cumplimiento de los plazos, entregar estadísticas y propuestas de mejoras en la regulación. Mientras que el Comité coordinará a los distintos órganos de la Administración del Estado vinculados al otorgamiento de autorizaciones sectoriales, correspondiéndole conocer las recomendaciones de mejora regulatoria formuladas por el Servicio.

“Los problemas vinculados a los permisos sectoriales son intrínsecos a la institucionalidad actual y, por ende, justifican que el proyecto de ley contenga una propuesta de diseño institucional que asegure una visión sistémica capaz de propiciar el desarrollo productivo sostenible y facilitar la inversión”, defendieron desde Economía. Y acotaron: “La institucionalidad que se crea no participa como un actor más en la tramitación de autorizaciones, por lo que difícilmente podría representar mayor burocracia en la obtención de permisos para la inversión”. Señalaron que su acción estará enfocada en “superar obstáculos sistemáticos de procedimiento, resolver nudos en la tramitación y encontrar soluciones de gestión e institucionales que den una respuesta definitiva a problemas para los cuales, desde hace un tiempo a esta parte, existe un diagnóstico de consenso”.