Ejecutivo logra acuerdo en la mixta y Presupuesto 2025 queda ad portas de convertirse en ley

Luego de cerca de cuatro horas de negociaciones, pasadas las 16 horas de este martes, los senadores y diputados de la comisión mixta dieron a conocer los detalles del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo para destrabar el trámite de la ley de Presupuestos 2025, luego de algunas discrepancias entre ambas cámaras y ad portas de que el próximo viernes se cumpla el plazo legal para despachar a ley el texto.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer algunos de los ejes de la propuesta en una sesión en que estuvo acompañado por la subsecretaria del ramo, Heidi Berner; la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos; y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

La Cámara rebajó los gastos reservados para la Subsecretaría del Interior, por lo que para reponer los $ 538 millones el Gobierno se allanó a un acuerdo para presentar un proyecto de ley en el primer semestre de 2025 -y luego de la aprobación del nuevo Ministerio de Seguridad- que aumente el control sobre ese ítem y se refuerce la rendición de cuentas.

En el acuerdo, se lograron reponer los recursos que fueron rechazados o rebajados en el tercer trámite en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, los relativos a la Defensoría Penal Pública, en que se aclaró que las jornadas destinadas a defensa de migrantes son una fracción mínima del total de los recursos; las platas para el Servicio Nacional de Alcohol y Drogas (Senda); y los del programa de apoyo a PYME afectadas por los hechos de violencia en el estallido social, incorporados en la partida del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) del Ministerio de Economía, con recursos por $ 1.000 millones, siendo similares a los de este año. En 2025, Sercotec deberá, durante el primer semestre, lanzar una convocatoria pública que deberá estar abierta a la recepción de postulantes durante un mes.

También, el consenso contempló la reposición de platas para la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), situándolos en $ 400 millones para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, pero con el compromiso de que cualquier modificación provenga de reasignaciones al interior de la partida.

Otros puntos

El acuerdo también abordó temas que han generado polémica a raíz de la coyuntura del caso que involucra al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, en prisión preventiva por una denuncia de presunta violación que se le imputa y cuestionado por el uso de gastos reservados y eventuaes infracciones a la Ley de Inteligencia.

La Cámara rebajó los gastos reservados para dicha subsecretaría, por lo que para reponer los $ 538 millones el Gobierno se allanó a un acuerdo para presentar un proyecto de ley en el primer semestre del 2025 -y luego de la aprobación del nuevo Ministerio de Seguridad- que aumente el control sobre esos gastos de dicha repartición y refuerce su rendición de cuentas.

Otra materia controversial se relacionaba con la aprobación de la obligatoriedad de que el Presidente de la República, ministros y subsecretarios se realicen una vez al semestre un test obligatorio de drogas y estupefacientes. Aquí, el Gobierno se allanó a eliminar esta glosa de la partida de la Presidencia de la República a cambio del compromiso de legislar sobre la materia en un proyecto sobre incompatibilidad de la función pública con el consumo de drogas.

El consenso estableció que en la ley de reajuste del sector público se abordará el tópico sobre la obligatoridad de capacitaciones en violencia de género para el sector público.

Adicionalmente, se logró unacuerdo respecto a los recursos necesarios para el cierre de la corporación dedicada a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Se propusieron $ 700 millones para el pago de indemnizaciones y $ 100 millones para gastos adicionales relativos a la clausura de la instancia durante el próximo año.

Hacienda también insistió con la norma que busca racionalizar el conjunto de glosas presupuestarias, luego de un trabajo realizado con las mesas de la Cámara y del Senado.

Otro punto del acuerdo establece modificaciones a la composición de la comisión que discutirá mejoras al funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), lo que implica la incorporación de representantes de ambas cámaras del Congreso.

Jornada final

Este miércoles, las Salas de ambas cámaras analizarán lo convenido en la mixta y votarán el acuerdo. Se espera que primero lo analice la Cámara de Diputados y en la tarde el Senado.

De esta manera, el erario quedaría en condiciones de ser ley un día antes de que se cumpla el plazo límite legal, o sea, el viernes 29 de noviembre.

Además de estos cambios, el principal es que se redujeron en US$ 600 millones los gastos proyectados para el 2025, lo que llevaría al gasto público a crecer un 2% en lugar del 2,7% inicialmente estimado.