Convención, reforma tributaria y demandas sociales: los temas que las clasificadoras miran con mayor atención sobre Chile

Una luz de alerta encendió el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) esta semana. En la presentación de su informe bianual ante la comisión especial mixta de Presupuestos del Congreso, la entidad advirtió que "se corren serios riesgos de retrocesos adicionales en calificación crediticia". Algo que podría pasar, detalló la entidad, “si no se inicia un plan de convergencia adecuado”, ya que la deuda seguiría aumentando sostenidamente. 

A un mes y medio de la llegada del Presidente Gabriel Boric a La Moneda, son varios los elementos de la economía nacional que las clasificadoras de riesgo están mirando. La agenda de transformaciones de la nueva administración y cómo esto se conjuga con su estrategia fiscal es una prioridad para las clasificadoras, así como el resultado del proceso constituyente en curso. 

Fitch: En miras al mediano plazo,
crecimiento y gobernabilidad

Para Fitch Ratings, Chile tiene actualmente una calificación “A-” con perspectiva estable, lo que se traduce en que ven “los riesgos equilibrados al alza y a la baja”. Así lo resume el  director senior de Soberanos de la firma, Richard Francis, quien recuerda que en octubre de 2020 rebajaron la nota del país, como consecuencia de la mayor carga de la deuda y las reservas fiscales más débiles.

El economista detalla que la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto (PIB) nacional cerró el año pasado en 36%, lo que está “muy por debajo” de los países con una clasificación similar. Agrega, además, que “el hecho de que el gobierno haya comenzado a reponer su fondo de estabilización también respalda las calificaciones”. 

“El hecho de que el gobierno haya comenzado a reponer su fondo de estabilización también respalda las calificaciones”.

Eso sí, el analista advierte que sí ven riesgos para la calificación a mediano plazo si la relación deuda-PIB sigue aumentando, así como si el potencial de crecimiento se desacelera “significativamente” o si los indicadores de gobernabilidad y las fortalezas institucionales de Chile se deterioran “significativamente”. 

A juicio de Francis, “la estrategia fiscal de la administración Boric y el resultado del proceso de reescritura constitucional serán factores importantes a tener en cuenta en los próximos meses”.

S&P: Agenda ambiciosa
alineada con mayores ingresos 

Un historial de presiones por mayor gasto, que se evidenció primero con el estallido social y luego con la pandemia, es lo que ha visto en los últimos años Standard & Poor's (S&P) sobre la economía chilena, que en marzo de 2021 rebajó a “A” la nota para el país. 

Manuel Orozco, analista la firma para Chile, destaca que de la mano de estas mayores presiones de gasto “también está la intención del gobierno -y creo que es muy válida- y también hay un consenso, me parece en Chile, de que se necesita de mayores ingresos”. Y agrega que “siempre y cuando eso te haga pensar que los déficits en el futuro pueden estar contenidos y el nivel de deuda puede estabilizarse, eso es importante para la calificación”.

“Va a ser bien importante cómo nociones o temas de sustentabilidad fiscal, o como sea que lo definan en la Constitución, puedan ser incluidas”.

El analista recuerda que su perspectiva para el país es estable, y señala que una eventual baja a la clasificación podía llegar si se materializan estos mayores gastos, pero no la capacidad de incrementar los ingresos. “Eso te hablaría de un ritmo de acumulación de deuda importante, que pudiera presionar la calificación”, dice, pero aclara que todavía no es su escenario base.

En este cuadro, Orozco destaca la reforma tributaria que el gobierno presentará en los próximos meses, justamente desde la perspectiva de hacer frente a las presiones de gasto. Resalta, además, que las nuevas autoridades “llegan con una agenda ambiciosa, pero que hasta ahora hemos visto alineada con la necesidad de incrementar los ingresos permanentes para poder perseguir estos cambios de política económica en diferentes sectores”. 

Para este año, la firma estima que el crecimiento se desacelere a cerca de 2%. El economista coincide en que la recuperación ha sido heterogénea y plantea que probablemente haya necesidad de apoyos focalizados, que -dice- es la dirección en la que se ha movido este gobierno, en un principio.

Hacia adelante, indica que hay temas que deberían sostener el crecimiento en el largo plazo, como los fuertes mecanismos institucionales de Chile en comparación a la región, un mejor control de corrupción, o mercados de deuda y capital más profundos. También resalta que el país “se está posicionando bien” para temas de transición energética, todos puntos que, en conjunto, “deberían de ayudar a sostener algo el crecimiento en el largo plazo”.

Por el lado del debate constitucional, afirma que “va a ser bien importante cómo nociones o temas de sustentabilidad fiscal, o como sea que lo definan en la Constitución, puedan ser incluidas”. En su opinión, esto se traduce en “que mientras garantizas mayores derechos individuales, también estén conforme a la capacidad del gobierno para proveerlos”.

Moody’s: gestión de demandas sociales
con perspectivas de crecimiento débiles

Una serie de fortalezas, pero también desafíos, identifica Moody’s en Chile, que por estos días tiene una clasificación de “A1” con perspectiva negativa de parte de la agencia. En un informe enviado a clientes la semana pasada, la clasificadora advirtió que “la gestión de las demandas sociales para un crecimiento más inclusivo en medio de perspectivas de crecimiento a mediano plazo más débiles sigue siendo el principal desafío crediticio de Chile”. 

De hecho, puntualiza que estos desafíos sugieren que "será difícil, desde una perspectiva de economía política, priorizar la consolidación fiscal sobre otras prioridades políticas en competencia”, lo que abre la puerta a que la deuda siga aumentando. De cumplirse este cuadro, se evitaría la estabilización de la deuda, y la reversión de la misma se alejaría aún más, alerta Moody’s.

“Será difícil, desde la economía política, priorizar la consolidación fiscal sobre otras prioridades políticas”.

“Las perspectivas crediticias de Chile estarán determinadas por la medida en que la nueva administración pueda equilibrar efectivamente las demandas sociales con los compromisos de consolidación fiscal y por los posibles efectos crediticios de la nueva oCnstitución que está redactando la asamblea constituyente”, resume la firma. 

Sobre el proceso de elaboración de la nueva carta magna, Moody’s reconoce que existen ciertas preocupaciones sobre la posibilidad de que se aprueben reformas “que socaven los principios básicos del actual modelo económico de Chile”. Pero recuerda que “existen varios elementos moderadores”, como el quórum de dos tercios, y señala “la opinión pública puede ser el aspecto más moderador”. 

El reporte recuerda que, dado que el país tiene perspectiva negativa, es poco probable una mejora en el corto plazo. Pero dice que si se revierte la acumulación de la deuda registrada en los últimos cinco años, entre otros factores, podría verse una revisión al alza. 

Por el lado de una eventual rebaja, la firma alerta sobre un deterioro continuo en las métricas de deuda del gobierno -más allá de su escenario base- sin ningún indicio de estabilización en los próximos dos o tres años, o con una estabilización en niveles mucho más altos. Otro escenario de riesgo sería un cambio en el “consenso sociopolítico”, que implique que se modifique la forma en que el país diseña y aprueba sus políticas fiscales, y que se traduzca en un marco de políticas menos efectivo.

Si el país no es capaz de sostener tasa de crecimiento cercanas al 3% también se podría realizar una rebaja, advierte la firma, que para este año espera un alza en el PIB de 2% y de 1% en 2023.