Corte Suprema considera legal exigir un test de antígeno negativo para trabajar en faena minera

Una discusión recurrente en el mundo laboral y las redes sociales en el último tiempo se ha dado en torno a si es válido o no que el empleador exija a sus trabajadores vacunarse o someterse a exámenes para evitar la propagación del Covid-19. Es un tema sobre el cual la justicia ha comenzado a pronunciarse, y respecto al cual se sumó recientemente una sentencia de la Corte Suprema.

En una disputa legal de una trabajadora de la firma Joy Global Chile S.A. con la firma ante la exigencia de tener que hacerse pruebas de antígeno, el máximo tribunal validó el pronunciamiento previo de la Corte de Apelaciones en el caso.

Esta última señaló que en virtud del artículo 184 del Código del Trabajo, el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Una obligación que se ha visto reforzada por los protocolos que ahora exige la autoridad sanitaria.

Por esta y otras razones, en la sentencia la justicia señaló que no existe un acto ilegal o arbitrario por parte de la empresa, por cuanto la exigencia del examen dice relación con el cumplimiento de su obligación legal de mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores.

El detalle del caso

A fines de marzo, la citada trabajadora de la firma Joy Global Chile S.A presentó un recurso de protección en contra de su empleador, acusando a la firma de impedirle el ingreso a las faenas por su negativa a realizarse exámenes de Covid.

De acuerdo al relato de la mujer -quien se desempeña desde abril de 2020 en la firma como "técnico electromecánico 1", en la División Radomiro Tomic de propiedad de Codelco-, desde octubre de ese año la estatal comenzó a realizar diversos test médicos de forma voluntaria a los trabajadores, incluyendo a los de empresas contratistas como Joy Global. "Nunca me sometí a ninguno de esos test, ya que eran completamente voluntarios", dice en el recurso de protección, agregando que con posterioridad su empleador informó que los exámenes empezarían a ser obligatorios.

"La empresa en la que trabajo simplemente me está imponiendo, incluso contra mi voluntad, la necesidad de hacerme el test de PCR; por ende, desde entonces no he podido trabajar, he presentado licencia médica por estrés sostenido, he acudido al psicólogo y al psiquiatra", agrega el testimonio.

La empresa, por su lado, argumentó que la industria minera constituye una actividad que ha sido calificada como esencial, y que producto de la pandemia las faenas mineras han continuado su operación, con personal reducido y bajo estrictas medidas de prevención de higiene industrial que buscan impedir el contagio de la enfermedad en los centros de trabajo.

Según precisó la firma, el examen en cuestión no corresponde a un PCR, sino que a uno de detección de antígenos, el que corresponde a un inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de antígenos específicos del virus.

En simple, ambos exámenes se diferencian en la rapidez de conocimiento del resultado, puesto que el examen de antígenos tarda unos 30 minutos, "de manera que permite a las empresas adoptar medidas de prevención adecuadas al poder aplicarse inmediatamente antes del ingreso o dentro del primer día del turno de trabajo".

Estados Unidos ya le puso fecha a la obligación
de los trabajadores de estar vacunados

Este fallo de la Corte Suprema se conoce en momentos en que, por ejemplo, Estados Unidos reforzó las medidas de cuidado ante el regreso de las personas a sus lugares de trabajo, exigiendo la vacunación obligatoria a los trabajadores de empresas de más de 100 funcionarios.
Así, desde el 4 de enero de 2022, las referidas compañías deberán asegurarse de que todos sus funcionarios estén completamente inoculados. ¿La otra opción? Usar mascarilla de forma permanente en la oficina y realizarse pruebas semanales para descartar contagios de Covid-19.
El gobierno de Joe Biden emitió la semana pasada, a través de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo, la inédita orden que implicará tener a 84 millones de trabajadores de empresas vacunados.
El 5 de diciembre es la primera fecha límite para los empleadores: para ese día deben haber dado tiempo a sus trabajadores para que vayan a vacunarse, y se tomen licencia en el caso de que necesiten recuperarse de los efectos secundarios. Quienes opten por las pruebas semanales deberán comenzar a usar mascarillas obligatoriamente ese día.
La administración Biden también retrasó en casi un mes el plazo para que las agencias federales cumplan con la normativa de inoculación, dejándolas a la par con el sector privado. Y, en este caso, no habrá opciones.