Valdés y Eyzaguirre sinceran titularidad “en la medida de lo posible” y provocan fisura en la Nueva Mayoría
Limitar la reforma constitucional no cayó bien en el oficialismo. El proyecto tendrá el sello del ministro del Interior, quien analizará el fallo del TC.
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No son nuevas las “salidas de libreto” del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en el debate laboral, especialmente luego del fallo del Tribunal Constitucional (TC). Un sector del oficialismo aún no olvida cuando el jefe del equipo económico del gobierno aseguró, 24 horas después de conocer el dictamen del tirbunal, que los sindicatos mantenían la titularidad para suscribir pactos de adaptabilidad. En los días posteriores, asesores del Ministerio del Trabajo y de los partidos de la Nueva Mayoría llegaban a una conclusión distinta.
Por eso molestó, en el oficialismo, las declaraciones de Valdés, quien -durante el fin de semana y ayer lunes- dijo “entender” que a algunos “les gustaría empujar la titularidad”, pero que “la realidad es que el gobierno no tiene los votos para eso”. No sólo eso, también pidió “comprensión” en que el Ejecutivo “hará lo posible para tener la mejor reforma laboral, pero en el marco de las cosas que se pueden hacer”. Las palabras fueron tema obligado ayer en el comité político, en La Moneda.
“No creo que haya alguien en el gobierno que no crea en la necesidad de la titularidad sindical”, expresó la presidenta del PS, Isabel Allende.
El vocero de gobierno, Marcelo Díaz, matizó los dichos del titular de Hacienda, señalando que la tarea del Ejecutivo es “explorar una reforma constitucional que permita establecer con claridad los objetivos que La Moneda se planteó en la iniciativa aprobada por el Congreso (antes de su ingreso al Tribunal Constitucional)”.
Pero las diferencias en el gobierno se mantienen. Si Díaz relativizó las palabras de Valdés, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, las respaldó. “Es un hecho que el TC objetó la titularidad sindical íntegra y eso tuvo el concurso de la oposición, por tanto, un proyecto que pensara reponerla íntegramente es muy probable que no tuviera los votos”, sostuvo.
Una titularidad “viable”
Valdés y Eyzaguirre sinceraron que la titularidad sindical que contemplará la reforma constitucional debe “ser viable”, es decir, tiene que contar con el apoyo de la oposición, que hasta ahora descarta terminantemente apoyar un proyecto así. En otras palabras, es una titularidad “en la medida de lo posible”. Y limitar las aspiraciones “maximalistas” relativas a la titularidad no fue bien recibido por un sector de la NM.
Luego de reunirse con la ministra del Trabajo, el presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade (PS), sostuvo que Ximena Rincón ratificó que explorar una reforma constitucional está en desarrollo, por lo que las afirmaciones de Valdés “transgreden ese principio ordenador”.
El diputado Patricio Vallespín (DC), quien preside la comisión de Trabajo de la Cámara, complementó: “Son desafortunadas sus afirmaciones, cuando no está desarrollado el contenido exacto de la reforma constitucional”. Entre tanto desorden, la presidenta de la DC, Carolina Goic, recordó que la fórmula que hasta el momento analiza el gobierno con la oposición es “una reforma constitucional que permita establecer que no es lo mismo un sindicato que una negociación individual; que el sindicato, como organización permanente, tiene prerrogativas que le competen sólo a ellos”. ¿Cuáles son estas prerrogativas única y exclusivas para los colectivos sindicales? Los pactos de adaptabilidad, la extensión de beneficios y resolver los servicios mínimos en la huelga. El resto, fuero y el derecho a huelga, por ejemplo, también serán parte de las atribuciones de los grupos negociadores.
Mario Fernández interviene
Durante cinco años integró el TC, experiencia que el ministro del Interior, Mario Fernández, quiere aprovechar para que la NM encuentre la mejor salida al empantanado debate laboral. Así, cualquier definición del gobierno se tomará luego que el nuevo jefe del gabinete lea el fallo del tribunal que objetó la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación al sindicato. Fernández se tomará “entre 48 a 72 horas” para entregar sus comentarios y sugerencias para una reforma constitucional “que sea viable” y permita salvar parte de la titularidad sindical.