Consensuar una reforma constitucional con la oposición, que votó en contra de la idea de legislar de la reforma laboral, rechazó cada elemento del pilar de fortalecimiento sindical y objetó la titularidad sindical en el Tribunal Constitucional (TC), no es el escenario ideal para un amplio sector del oficialismo. Pero ese esfuerzo tendrá que realizar la Nueva Mayoría si quiere entregar una “preeminencia” a los sindicatos en la negociación colectiva.
La fórmula para alcanzar ese objetivo comenzará a ser explorada hoy, en La Moneda, específicamente en la Secretaría General de la Presidencia, donde los asesores del gobierno y los representantes de los partidos sostendrán la primera reunión técnica. Al encuentro asistirán abogados y parlamentarios de las colectividades oficialistas, como los juristas Sebastián Abarca y Leslie Sánchez, del PPD; el diputado Matías Walker (DC) y el presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade (PS); y los senadores Juan Pablo Letelier (PS) y Andrés Zaldívar (DC).
Las dudas del oficialismo con la titularidad no son de fondo, sino que de forma. “No hay dobles lecturas en la NM. Cuando existe un sindicato es con esa instancia con la que se negocia y no con el grupo negociador. Cuando no exista un colectivo sindical, se puede negociar con el grupo”, subrayó la presidenta de la DC, Carolina Goic.
Sin embargo, y desde la misma colectividad, el senador Zaldívar cree que sólo los sindicatos “representativos” pueden tener titularidad.
Como la reforma constitucional debe ser negociada con Chile Vamos, algunos legisladores oficialistas estiman que el gobierno podría “moderar” la titularidad, entregando sólo mayores derechos y prerrogativas a los sindicatos, y aumentando las exigencias para los grupos negociadores. “Hablar de un rol preferente de los sindicatos no es titularidad sindical”, advierte un legislador, aludiendo a la reforma elaborada por senadores de la DC, que según Goic podría ser la base de la propuesta del Ejecutivo, “aunque susceptible de modificaciones”.
La senadora reconoció que “la cantidad de votos (2/3 del Congreso) es una dificultad” para aprobar un eventual cambio, por lo que pidió “apertura” de la oposición. El fallo del TC, acotó, “deja en una situación compleja a las empresas, porque se pueden formar una multiplicidad de grupos y negociaciones”. Los efectos del dictamen, agregó, “fueron mucho más allá de lo que anticipó Chile Vamos”.
Pero hay otros caminos para buscar convencer a la oposición. “Que asuman el costo político de rechazar la titularidad, que está consagrada en la mayoría, sino todos, los países OCDE”, dice un parlamentario oficialista.
Los esfuerzos por persuadir a Chile Vamos, sin embargo, son infructuosos hasta ahora. Ilustrativas fueron las conversaciones informales que ayer sostuvieron en el Congreso los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el vocero, Marcelo Díaz. Luego de uno de estos encuentros, el diputado de la UDI, Patricio Melero, reafirmó: “No estamos disponibles para una reforma constitucional que contemple un grado de superioridad de la organización sindical”, dijo.
Valdés descarta incertidumbre
Lograr un entendimiento con la derecha entregaría, a juicio del ministro Valdés, garantías a todos los sectores y, de paso, terminaría con las “nuevas incertidumbres” que ha acusado el gran empresariado, con la apertura de un camino constitucional.
“Lo que estamos tratando de hacer es justo lo contrario. Nuestra evaluación es que este camino nos serviría para que tengamos un marco legal en que todos entendamos lo mismo, para el que necesitamos a la oposición y ponernos de acuerdo todos”, aseguró Valdés.
Javier Couso y la opción del gobierno: "Sería inconcebible" que el TC objetara una modificación
Al interior del oficialismo es una opinión mayoritaria, pero no absoluta, que una reforma constitucional es el único camino para garantizar la titularidad sindical. La DC maneja un informe que considera "compleja y no totalmente clara" esta vía. Para el abogado Javier Couso, que integró el equipo jurídico que defendió la reforma laboral en el TC, una objeción de estas características sería "inconcebible".
En un escenario así, agregó el jurista, "la vieja pregunta del constitucionalismo anglosajón: ¿Quién custodia a los custodios?, se plantearía con mucha fuerza en nuestro país".
A su juicio, es "conveniente" que La Moneda explore el camino constitucional, "atendido lo extraordinariamente anómalo del fallo dictado por una ajustada mayoría del TC". "Por lo demás, parlamentarios de todos los partidos de la Nueva Mayoría mencionaron la necesidad de reformar urgentemente la Constitución ante un fallo que declara como inconstitucional algo -la titularidad sindical- que es perfectamente constitucional en la vasta mayoría de los países de la OCDE", puntualizó.
¿Pero es viable esta opción? Couso sostiene que "considerando que incluso el parlamentario más activo contra la reforma laboral, Andrés Allamand, se vio forzado a reconocer que el motivo por el cual la titularidad sindical era constitucional en varios países europeos, pero no en Chile, es porque en nuestro país 'la Constitución es distinta', no sería raro que parlamentarios menos conservadores que él adviertan que 'refugiarse' en la Constitución de 1980 demostraría que no sólo fue impuesta en un período autoritario, sino que está ideológicamente sesgada en su contenido".
Ello, cree, "podría llevar a los diputados y senadores más moderados al interior de RN y de la UDI a abrirse a una reforma constitucional que ofrezca la opción a que sea el legislador el que determine si debe o no existir la titularidad sindical en Chile".
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