Treinta días tardó el gobierno en resolver el mecanismo que utilizará para intentar “salvar” la titularidad sindical en la reforma laboral, objetada por el Tribunal Constitucional (TC). No será con el veto presidencial promovido por la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, que suprime tres pactos de adaptabilidad y elimina el aumento del quórum para negociar. Tampoco mediante la ley corta que pretendía el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, para mantener la titularidad de los sindicatos en la adaptabilidad pactada y corregir aspectos menores del proyecto.
El camino zanjado por la presidenta Michelle Bachelet será explorar una reforma constitucional, tal y como lo demandaban los partidos de la Nueva Mayoría y el mundo sindical.
Los contenidos de la reforma constitucional serán elaborados por el gobierno en coordinación con los partidos de la Nueva Mayoría. Para eso se constituirá una mesa técnica con parlamentarios y asesores de las colectividades oficialistas.
Mientras se analiza esta opción y, eventualmente, se discute en el Congreso, “se suspende toda decisión relativa al veto y a la tramitación de una eventual ley corta”, explicó el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, quien agregó que el trabajo de coordinación en la NM se debe realizar en el plazo “más breve posible”.
“Queremos que esto no se eternice y, por lo tanto, no vamos a congelar la reforma, pero sí queremos explorar el camino que nos parece más adecuado para tener la máxima certeza jurídica posible para todos”, complementó el ministro Valdés.
La definición de La Moneda fue destacada positivamente por los líderes del oficialismo. “Es la forma definitiva de zanjar cualquier duda jurídica respecto de la preeminencia del sindicato versus el grupo negociador”, sostuvo la presidenta de la DC, Carolina Goic. Su símil del PPD, Jaime Quintana, agregó: “Es una opción que puede tener un apoyo más allá de la Nueva Mayoría”.
Una lectura al interior del bloque es que la reforma constitucional es “el camino menos costoso políticamente”, ya que el veto y la ley corta generaban divisiones en la NM. El presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade (PS), aclaró que “exploraciones pasadas no están en la agenda”, cerrando la puerta a la reforma de la DC, que podría “constitucionalizar a los grupos”.
En el comité político de La Moneda se delinearon algunos límites del camino constitucional. Uno es que el proyecto será consensuado con la oposición, ya que la reforma requiere de la aprobación de 2/3 del Congreso. Otro, que el gobierno no insistirá con la titularidad sindical “original” de su reforma, ya que ahora podría entregar un papel “preeminente” a los sindicatos, con mayores prerrogativas y sin negar la existencia de grupos negociadores; o dotar de titularidad sólo a los colectivos sindicales “representativos”.
Oposición se niega
Una fuente de gobierno aseguró que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, será el encargado de “conversar” con los legisladores de Chile Vamos, tarea en la que será apoyado por la NM, donde enfatizarán en “la incertidumbre que provocaría en las empresas aprobar la actual reforma laboral, ya que se pueden constituir grupos negociadores de dos o tres trabajadores, con fuero y huelga”. Esta ilustración será un mecanismo de presión que la NM utilizará para una negociación exitosa, que permita tener el respaldo de Chile Vamos.
La tarea, sin embargo, no será fácil. El presidente de la UDI, Hernán Larraín, tildó de “grave” la reforma constitucional que explorará el gobierno y aseguró que el cambio “no será aceptado” por la colectividad. Si el diálogo no funciona “el gobierno retomará el veto y la ley corta”, comentaron en el oficialismo.
TRABAJADORES VALORAN VÍA CONSTITUCIONAL
Es una buena oportunidad para que el gobierno "limpie la letra chica que, de mala fe, incluyó en la reforma laboral". Así reaccionó el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, al anuncio realizado por el gobierno, para intentar -vía reforma constitucional- reponer la titularidad sindical.
"Eso es una buena noticia", agregó el dirigente, quien puntualizó que lo correcto sería aprobar el veto presidencial para suprimir tres pactos de adaptabilidad y eliminar el aumento en los quórum para que sindicatos negocien, ya que ambos "dañan al movimiento sindical", expresó.
Una lectura similar tuvo la agrupación "Trabajadores por una Mejor Reforma Laboral", la que calificó como "positivo" el camino constitucional trazado por La Moneda, ya que "en la práctica implica congelar la tramitación de la reforma laboral, que es lo que proponíamos, ya que es un proyecto con más retrocesos que avances para el mundo sindical".
Sobre los pactos, el diagnóstico también es parecido. "La adaptabilidad sólo puede funcionar en países donde la organización de los trabajadores impida que se use para precarizar el trabajo", dijo la organización.
Empresariado manifiesta su preocupación por anuncio y lo califica como una "mala decisión"
Su rechazo a la definición hecha por el gobierno para intentar salvar la titularidad de los sindicatos a través de una modificación a la actual Constitución expresó ayer el mundo empresarial.
"Llama la atención que se anuncie una eventual reforma constitucional interpretativa sobre un tema puntual que fue resuelto por el Tribunal Constitucional (TC)", expresó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, en el entendido que se adelanta así un capítulo de los cambios que el Ejecutivo promueve a la Carta Magna.
Precisamente, el Ejecutivo trazó para el país un proceso de aquí a dos años plazo, con participación ciudadana, para avanzar hacia una nueva Constitución. Desde la perspectiva de Salas, cualquier cambio del tenor comentado debiera ser fruto de amplios consensos en torno a principios que den un marco de estabilidad y progreso a la sociedad. Así, advirtió el dirigente, se abre una nueva incertidumbre que viene a sumarse a las dudas que han imperado en el último tiempo y que han perjudicado la inversión y el crecimiento económico.
"En momentos en que nuestra economía atraviesa una situación compleja donde las bajas cifras de inversión y actividad económicas conocidas (ayer) se suman a las bajas en las proyecciones de distintos organismos internacionales, esperamos que prime la responsabilidad y el respeto a las instituciones", puntualizó a través de un comunicado.
En forma paralela, desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) consideraron que la libertad individual de los trabajadores para negociar es un derecho fundamental, como lo establece la Constitución Política de Chile y tal como lo ratificó el TC. Por esto, en el edificio de La Industria estimaron que lo anunciado por el gobierno, en cuanto a evaluar la posibilidad de una reforma a la Constitución, "es una mala decisión ya que no se estaría respetando este principio esencial, y porque además mantiene la incertidumbre y genera así una mala señal para la reactivación económica".
Además, dicen, que llama la atención que la decisión se contradiga con el propósito explicitado por los ministros del área económica, de generar certezas y de promover la productividad y el crecimiento. "Hacemos un llamado a generar seguridad jurídica y dar señales que permitan recuperar confianzas y revertir las cifras negativas de inversión publicadas hoy (ayer) por el Banco Central", aseguraron los industriales.
En la agricultura también generó inquietud el anuncio del Ejecutivo. El secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, Juan Pablo Matte, comentó que, tomando las declaraciones del vocero Marcelo Díaz, en cuanto al quórum que se exigirá para una reforma constitucional, "esto probablemente va a alargar bastante la discusión".
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