Ansiedad e inquietud ha generado en el movimiento sindical y el sector privado la indefinición que el gobierno ha mantenido en el debate laboral, específicamente en la búsqueda de una reforma constitucional viable, que permita rescatar -total o parcialmente- la titularidad sindical, objetada por el Tribunal Constitucional (TC).
El gerente general de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Fernando Alvear, dijo ayer esperar que el Ejecutivo “tome un camino a la brevedad para terminar el proceso de la reforma laboral”. La preocupación del empresariado radica en la “inestabilidad” que se podría instalar en las empresas, por la desregulación de los grupos negociadores.
El ejecutivo comentó que ése “es un riesgo que se corre” y que el empresariado “no sabe qué va a ocurrir”. La directiva de la CPC intentará despejar sus dudas hoy, cuando se reúna con el ministro del Interior, Mario Fernández, quien el lunes solicitó 72 horas para analizar el fallo del TC, con la intención de colaborar en la búsqueda de un proyecto que necesariamente tiene que ser respaldado por la oposición.
Desde la vereda de los trabajadores, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, reiteró que una reforma constitucional “sólo tiene sentido si es para posicionar al sindicato como el sujeto principal de la negociación, es decir, una titularidad plena y no parcial”.
En la entidad hay molestia por las declaraciones del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien reconoció que “no están los votos para reponer la titularidad”.
Figueroa aseguró que “mientras no sea el comité político y el Ministerio del Trabajo los que resuelvan, y la presidenta Bachelet la que sancione, lo demás son opiniones, muy legítimas, pero que han resultado tremendamente imprudentes”. Valdés, recordó, “dijo en sus primeras declaraciones post fallo que no iba a haber reforma constitucional, por lo tanto a veces es mejor silenciarse que quedar atrapado por declaraciones que no se sostienen en los hechos”.