Un mes en el cargo cumplió este sábado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, quien reconoce que “han sido semanas intensas”, que el debate sobre los indultos está en una fase de discusión jurídica en el Tribunal Constitucional y que espera no afecte el avance de la agenda legislativa que tiene entre sus prioridades desde marzo el proyecto que sistematiza los delitos económicos y ambientales y el de desnotarización de trámites; la reforma integral al sistema de notarios y conservadores también está en su agenda.
- ¿Cuánto puede afectar el impasse indultos en el avance de la agenda legislativa?
- Con la oposición he tenido buenas conversaciones en mis visitas al Congreso, han sido especialmente colaborativos en tratar de avanzar en una agenda común. El tema de los indultos hoy es una discusión jurídica que está planteada en el Tribunal Constitucional, y las discusiones sobre los indultos en general, sobre el mérito de los mismos, me parece que es una discusión legítima en un sistema democrático.
- ¿Qué reformas tiene como prioritarias?
- Las reformas de corto plazo tiene que ver con delitos económicos, la delincuencia económica que es un proyecto de ley que está en segundo trámite en el Senado y tiene mucha importancia porque lo que hace es que estructura objetivamente al interior del Código Penal los delitos económicos, establece una categoría bien estricta de cuáles son, es decir, aquellos que están vinculados a mercado de valores o delitos bancarios, que están vinculados al tipo de giro actividad empresarial, delitos que puedan cometer funcionarios públicos cuando estén vinculados a ese aspecto y también aquellos que tengan que ver con lavado de activos.
- ¿Qué destacaría de esa norma?
- Es una regulación íntegra de la criminalidad económica y supone no sólo el traslado a la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas con la ampliación de los delitos base, sino que también la extensión de los sujetos responsables. Es decir, también pasan a ser responsables las personas jurídicas de derecho público. Así, por ejemplo, las iglesias también podrían ser responsables, los partidos políticos también se les pasaría a aplicar la ley y las empresas y sociedades del Estado en general. No sólo hay un cambio en la estructura del tipo de cómo concebir la delincuencia económica, sino que también la extensión y de enfoque que pasa a tener la Ley de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas. Eso tiene impacto en las penas, una en particular que es el comiso de ganancia, que se aplique como pena el privar de las ganancias que ilegítimamente se han producido. Esto implicará un gran cambio en el sector económico para prevenir este tipo de conductas, pero no una prevención de manual, sino que la prevención específica de cada una de las actividades económicas que están desarrollando.
- ¿Tiene algún plazo para aprobarlo?
- Este proyecto terminó con suma urgencia y en marzo deberían despacharse los últimos delitos, particularmente los delitos ambientales para luego ir a la sala. El propósito del Ejecutivo es que nosotros pudiéramos tener con acuerdo del Congreso despachado este proyecto no más allá de mayo-junio de este año de modo de tener ley antes de que termine el primer semestre. Para el gobierno y para la política pública en el sector justicia, es una reforma bien significativa que va a tener un impacto importante en el funcionamiento de muchas actividades económicas y va a alinear desincentivos para este tipo de delitos.
- ¿Y el proyecto para mejorar el sistema de notarios?
- También es fundamental. El tema más estructural es que es una actividad que tiene cierta opacidad. El informe de la Fiscalía Nacional Económica del 2018 sigue estando plenamente vigente. Es un lugar donde hay discriminaciones de precio, donde existe poca competencia, donde hay que poner énfasis en calidad de servicio y eso implica tecnología, donde el régimen de supervisión y escrutinio debiera ser mucho más robusto del que tenemos en la actualidad. La administración anterior avanzó en este punto y el proyecto está hoy día en la comisión de Constitución del Senado. En mis conversaciones iniciales con los senadores, nosotros le hemos transmitido la voluntad al Gobierno de avanzar, si es necesario conformar una mesa técnica para ver las indicaciones a ese proyecto; habría que hacerlo.
- ¿Pero se logrará aprobar?
- La reforma estructural de notarios y conservadores es una reforma que uno tiene que avanzar por convicción o por conveniencia. Por convicción hay buenas razones para avanzar en términos de cómo está estructurado ese mercado en transparencia y competencia. Por conveniencia, porque creo que es impresentable seguir postergando esta reforma por una razón relativamente simple, que es un colateral del proceso constituyente, sobre el modelo específico del gobierno judicial, separar la función jurisdiccional de la función de gobierno judicial. Notarios y conservadores dependen de este actual modelo de gobierno judicial donde la Corte de Apelaciones cumple un rol en la terna. Si cambia la estructura del gobierno judicial, entonces el régimen de nombramientos de notarios y conservadores o de los auxiliares de la administración de justicia va a cambiar; o sea, es una reforma inevitable.
- ¿Pero primero será desnotarización?
- Sí, ese es un proyecto que es distinto al rediseño estructural. Uno debiera tratar de hacer un esfuerzo por distinguirlos, porque desnotarización en rigor, es el proyecto que está anunciado como proyecto prioritario en la agenda de productividad. ¿Y por qué? Porque es tratar de sustraer exigencias notariales que actualmente se encuentran en la ley y que son innecesarias producto de la tecnología actual o porque corresponden a trámites en la administración pública que tienen otros mecanismos de verificación mucho más eficientes como la clave única.
- ¿Cómo analiza la figura de crear un fedatario?
- La figura de fedatario es una figura sobre la cual es cierto que hay críticas instaladas, pero la figura fedatario es completamente viable. Pero lo clave en este caso, como en cualquier otro que uno tuviera como auxiliar de la administración de justicia, son los mecanismos de supervisión. Hoy tenemos un problema con los aranceles de los receptores judiciales, que son auxiliares de la administración de justicia. Tienen un sistema de aranceles que alguien podría decir que está desfasado pero que permite reajustabilidad, pero es un mercado que también está actuando de un modo opaco, donde se están cobrando precios discriminatorios abiertamente y en el caso de receptores está provocando un impacto muy negativo en los avances de la justicia civil.
-¿Hay espacio para avanzar mientras en la creación de nuevas notarías?
-Hay una política que comenzó a aplicar la ex ministra Marcela Ríos, de la cual soy partidario, que es precisamente abrir o permitir la instalación de notarías en aquellos lugares donde no existen, en eso nosotros vamos a continuar, es una manera de proveer más acceso y competencia.
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