Los vaivenes de la política convirtieron a Jorge Bermúdez Soto (48 años) en contralor, luego de que por un voto se perdiera en el Senado la primera propuesta del gobierno anterior, que postuló a Enrique Rajevic sin éxito y que debió buscar un plan B para el sucesor de Ramiro Mendoza.
Bermúdez, abogado de la Pontificia U. Católica de Valparaíso y doctor en Derecho por la U. Autónoma de Madrid (1998), posee además estudios de post-doctorado en Derecho Ambiental en la U. de Giessen y en la U. de Heidelberg, ambas en Alemania. Y es justamente esa veta ambientalista la que lo acercó a Ana Lya Uriarte, quien como jefa de gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet, le propuso su nombre en 2015. La exmandataria se lo comunicó al ministro del Interior, Jorge Burgos, para que lo contactara y lograra que aceptara su postulación que debía ser ratificada por el Senado.
Uriarte conocía a Bermúdez. De hecho, fue ella quien presentó la segunda edición de uno de los libros escritos por el ahora contralor titulado ‘Fundamentos de Derecho Ambiental’.
Mientras en la Nueva Mayoría contaba con el respaldo de Uriarte, quien socializó su nombre entre los senadores, en la derecha la referencia para el sector era que Bermúdez había trabajado en la fiscalía del Ministerio de Defensa con el entonces ministro Andrés Allamand. Cuando el actual senador llegó a la cartera necesitaba un fiscal y pidió consejo a muchas personas, entre las que el nombre de Jorge Bermúdez se fue repitiendo. Entre otros lo habría sugerido su predecesor en la Contraloría, Ramiro Mendoza.
Burgos se juntó con Bermúdez y luego fueron a la comisión de Constitución del Senado donde expuso su visión de la Contraloría y posteriormente la sala ratificó por unanimidad, 33 votos a favor, su llegada a la entidad.
Ya en el puesto, Bermúdez comenzó una serie de movimiento de piezas para ajustar su equipo, teniendo como sus pilares fundamentales a su jefe de gabinete, Carlos Peña Ramírez; la subcontralora, Dorothy Pérez Gutiérrez; el jefe de la división jurídica, Camilo Mirosevic Verdugo, quien es hermano del diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic; y Alejandro Valenzuela, asesor directo del contralor. Mención especial merece el ex ministro de la Corte Suprema, Pedro Pierry, a quien Bermúdez instaló en el comité judicial de la Contraloría (ver recuadro).
Estilo mediático
Bermúdez comenzó a instalar su sello mediático cuando estalló el caso de las abultadas pensiones en Gendarmería, los llamados “jubilazos”, de $5 millones mensuales. El contralor les puso tope de 60 UF ($1,5 millones). Pero en el frente interno tomó medidas y removió al jefe de la División de Personal de la Administración del Estado, Hernán Fonseca, quien dirigía el equipo que desde 2008 visó diversas pensiones, entre ellas las de Gendarmería. La razón del alejamiento del funcionario, quien desde 1979 trabajaba en el organismo, se debió a la responsabilidad de mando y la pérdida de confianza del contralor en su actuar.
De ahí Bermúdez no cejó en su intento de pregonar el buen uso de los recursos públicos. Se enfrentó a la directiva de Codelco, la mayor empresa del Estado y triunfó en la disputa por las atribuciones para fiscalizarla. Lo mismo en su contienda de competencias con el Poder Judicial, respecto del régimen previsional de los funcionarios de la DGAC, donde también salió airoso de un debate público con el expresidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz.
La frase que lo distingue, según sus cercanos, es el eslogan que lleva la Contraloría y que está pegado en todos los pisos del edificio: “por el cuidado y buen uso de los recursos públicos”.
Su independencia política es otro signo que destacan quienes lo conocen. “Que no tenga redes es una maravilla, eso le da más libertad”, señala un exministro que lo conoció y que resalta que “es todo lo contrario a Mendoza, que si bien era inteligente, tomaba decisiones salomónicas”.
El perfil más mediático de la Contraloría de Bermúdez se debe en parte -según abogados constitucionalistas- a dos cambios fundamentales. En 2015 se modifica la ley y con ello se le aumentan las atribuciones fiscalizadoras. Precisamente la ley de probidad y conflictos de interés que planteó la comisión Engel entrega nuevas facultades al ente contralor para fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos. A esto se suma que la edad (75 años) deja de determinar el cese de funciones. La actual ley fija una duración límite de 8 años en el cargo, lo que permite la llegada de gente externa al servicio.
De este modo, Mendoza y Bermúdez rompieron con la tradición de ser contralores sin protagonismo. El primero lideró la modernización institucional de la gestión contralora y renovó las oficinas del organismo en todo Chile. Y Bermúdez dio otro paso, “ostentando sin temor su rol de actor público en temas de probidad y transparencia, para posicionar con independencia el rol de la Contraloría”, señala un analista político.
El peligro que corre Bermúdez -según analistas- es que “el personaje absorba a la persona” y su desmedida exposición ponga en cuestión el rol de la institución. Un caso que muchos comentan es el de “contralorito”, quien difunde en redes sociales dictámenes en forma lúdica. Si bien para algunos es un acierto comunicacional, para otros es visto como una “caricaturización” de fallos que no tienen nada que festinar.
Los detractores de este estilo también le critican su excesivo afán mediático, como cuando hace poco dijo que el decreto de Hacienda con reasignaciones presupuestarias contenía “una serie de observaciones”, lo que llevó a la Dipres a retirarlo para reformularlo. Aquí le reprochan que algo que ocurre con bastante periodicidad –ingresar, retirar y reingresar decretos- haya sido realizado con “tanta parafernalia” y que haya dejado “públicamente mal a las autoridades de Hacienda. Esa incontinencia verbal le juega en contra”, sostiene un ex funcionario de Contraloría.
Flexibilidad interna
En el ámbito interno, Bermúdez posee una buena relación con la Asociación de Funcionarios que preside Andrea Palacios, quien señala que “está preocupado de la macro, pero también de lo micro, incluso dando facilidades de horario diferidos para que los funcionarios cumplan su función” y recalca que las peticiones de los trabajadores siempre han sido acogidas con “un trato muy deferente. Viaja mucho a regiones y eso se valora para conocer las distintas realidades”.
Un diputado opositor que ha concurrido mucho a la Contraloría resume la labor de Bermúdez: “ha ejercido con celo su rol fiscalizador tanto del Ejecutivo como de los servicios del Estado y no se puede negar que ha realizado una inestimable contribución a que el país sea menos corrupto y eso se agradece”.
Desde La Moneda afirman que el actuar del contralor es “impredecible” y que se han limitado a tener una relación netamente institucional donde ha coincidido en varios seminarios con el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, para hablar precisamente de los temas favoritos de Bermúdez:transparencia y probidad.
Dorothy Pérez, Subcontralora
Abogada de la U. de Chile y magíster en gerencia pública de la UAI.
Se ha desempeñado como contralora regional de Valparaíso, abogada jefa del Comité de la División Jurídica, jefa de gabinete del Contralor y ahora subcontralora. También fue jefa de la División Jurídica del M. de Educación.
Carlos Peña R., Jefe de gabinete
Abogado de la Universidad Central.
En 2012 ingresa a trabajar al gobierno como abogado del ministerio del Interior.
En febrero de 2015 llega al ministerio de Educación como jefe del Comité de Control, Transparencia y Alta Dirección Pública.
Camilo Mirosevic, Jefe de la División Jurídica
Abogado de la U. Católica de Valparaíso y magíster en derecho de la U. de Chile.
Entre 2012 y 2015 trabajó en la subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
En 2015 fue asesor del gabinete del ministro del Interior. En 2016 asume como jefe de la División Jurídica de Contraloría.
Su círculo de hierro en la Contraloría
Jorge Bermúdez se ha rodeado de un grupo de estrechos colaboradores, con vasta experiencia en el sector público, que se han convertido en pilares fundamentales de su quehacer fiscalizador.
Su jefe de gabinete, la subcontralora y el jefe de la división jurídica son señalados como las personas en quienes más confía dentro de la institución. A este triunvirato se suman también Alejandro Valenzuela, asesor directo del contralor, y el exministro de la Corte Suprema, Pedro Pierry, a quien Bermúdez instaló en el comité judicial de la Contraloría.
Su jefe de gabinete, Carlos Peña Ramírez, es su brazo derecho en el día a día. Peña ingresó en 2012 al gobierno, primero al Ministerio del Interior y luego al Ministerio de Educación. Ahí fue donde coincidió con Dorothy Pérez Gutiérrez, la actual subcontralora.
Por su parte, "la Dorothy" como la llaman sus cercanos, ingresó a la Contraloría en 2004. Desde entonces se ha desempeñado en diversos cargos, a excepción de un periodo de casi dos años en que partió al Ministerio de Educación, cuando Nicolás Eyzaguirre lideraba la cartera. Cuando Bermúdez arribó al ente fiscalizador, la abogada volvió como su jefa de gabinete y tras nueve meses, asumió como subcontralora. Otro en el que Bermúdez confía mucho es el jefe de la División Jurídica, Camilo Mirosevic Verdugo; hermano del diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, entró en 2011 al gobierno al Ministerio de Defensa hasta que en 2015 se convirtió en asesor del entonces ministro del Interior, Jorge Burgos. En febrero de 2016 aterrizó en la Contraloría.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
gobierno
