¿Qué pasa con los yates deportivos? Los cambios que aprobó el Senado al nuevo impuesto al lujo para financiar la PGU

Cerca de las 9 de la noche de ayer, el Senado dio luz verde tanto al proyecto que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU) como su financiamiento vía la eliminación o reducción de exenciones tributarias, además de la creación de nuevos gravámenes.

Esto se dio luego de una larga jornada, que comenzó a las 10 de la mañana en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta con la tramitación de algunos puntos pendientes, principalmente relacionados al financiamiento de la iniciativa.

Y en dicha instancia se acordaron cambios claves a las indicaciones que ya había presentado Hacienda la semana pasada para solventar 0,67% de los 0,9% del PIB que cuesta el beneficio estatal.

Así, el debate se centró en el nuevo gravamen de 2% sobre el precio corriente en plaza que se aplicará a una serie de bienes de lujo, como los aviones, helicópteros, yates y vehículos con un valor superior a los $ 40 millones. Esto, siempre y cuando estén ubicados en territorio nacional, de propiedad de un contribuyente, persona natural o jurídica, al 31 de diciembre de cada año.

Según la indicación original, se entenderá como "precio corriente en plaza" de los respectivos bienes el que determine anualmente el Servicio de Impuestos Internos (SII). En los casos en que no exista tal determinación, se aplicarán las normas de valoración de bienes del Capítulo VI de la ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.

El uso de las aeronaves y las embarcaciones

La discusión de ayer lunes en la comisión se centró en la manera de gravar a los yates, helicópteros, aviones y vehículos, debido a que la redacción de la norma original abría el espacio para aplicar el tributo a todo tipo de medios de transporte, independiente de su uso.

En específico, los senadores José García (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) pusieron el punto sobre la mesa respecto a qué pasaba con los yates no motorizados, sino impulsado a través de vela. Y también respecto a las embarcaciones utilizadas con fines deportivos. El senador RN Rodrigo Galilea señaló ser navegante y planteó que el único valor que existe en esta área es el valor inicial de compra, "pero posteriormente no existe ningún valor corriente de plaza, prácticamente no hay dos yates iguales", por lo que consideró "muy difícil" que el SII pueda establecer un valor.

Respecto a los helicópteros y aviones, los senadores oficialistas advirtieron de que la norma podría terminar gravando a aeronaves civiles utilizadas, por ejemplo, para ayudar en tareas de emergencia, como incendios forestales o desastres naturales.

Coloma señaló que ha recibido "numerosas" consultas de partes de clubes aéreos que desarrollan actividades de apoyo en traslados, inundaciones, accidentes, etc., y recalcó que si bien entiende la necesidad de gravar a grandes aviones que se cataloguen como lujo, "sería necesario distinguirlos de aviones pequeños que presten servicios comunitarios y sean de hasta un cierto valor, evitando abusos".

El Ejecutivo tomó nota y propuso ajustes. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, el subsecretario, Alejandro Weber, y la coordinadora de Política Tributaria de la cartera, Javiera Suazo, explicaron que se modificó la redacción para precisar tanto la unidad para aplicar el gravamen como algunas excepciones.

Así, se aclaró que en el caso tanto de los helicópteros como de los aviones, se aplicará el gravamen para los que sean "tripulados y con un peso superior a 160 kilos", cuyo precio corriente en plaza sea igual o superior a 122 Unidades Tributarias Anuales (UTA).

Mientras que en el caso de los yates, se aplicará a las embarcaciones cuyo precio corriente en plaza sea igual o superior a 122 UTA, pero se exceptuará a aquellas cuyo principal medio de propulsión sea la vela y las destinadas "habitualmente" a competencias deportivas, de acuerdo con las normas que determine el reglamento que elaborará el Ministerio de Hacienda.

En el caso de los automóviles, station wagons y vehículos similares, el tributo seguirá aplicándose al precio corriente en plaza, pero la unidad se modifica: desde $ 40 millones, pasa a aplicarse cuando se superen las 62 UTA.

También, se acordó eximir del gravamen a estos bienes cuando son de propiedad del Fisco o de las municipalidades.

La nueva propuesta del Ejecutivo se aprobó por unanimidad de los senadores de la comisión y también por la Sala. Mañana se analizará en tercer trámite en la Cámara de Diputados y podría quedar en condiciones de ser ley.

El artículo que quedó en el camino

Una indicación del Ejecutivo que no superó la valla de la comisión y la Sala del Senado fue la que elimina la exención que beneficia a los excedentes de libre disposición.

Hoy, dichos recursos -que es el saldo de dinero que queda en la AFP luego de hacer efectiva la pensión- se pueden retirar libres de impuestos por un monto de una sola vez de hasta 800 UTM, o retirar hasta 200 UTM por año con un tope máximo de 1.200 UTM. Lo que exceda de 800 ó 1.200 UTM queda gravado con el Impuesto Global Complementario, que dependiendo del tramo de renta puede llegar a una tasa de 40%.

Este beneficio tributario (de 800 o 1.200 UTM) se puede utilizar una sola vez. O sea, una vez que se alcance alguno de los topes, ya no puede utilizarse nuevamente.

Hacienda planteó eliminar esta exención, por lo que los retiros de excedentes de libre disposición pasarían a ser gravados según tramos del Global Complementario. Con esto se busca una mayor recaudación de US$ 24 millones.

Luego de críticas del oficialismo y la oposición por lo que consideraron sería un desincentivo al ahorro previsional, la comisión rechazó la indicación por cuatro votos en contra (García, Coloma, la DC Ximena Rincón y el PPD Ricardo Lagos Weber) y con la abstención del socialista Carlos Montes. Al votarse en general y en particular en la Sala al mismo tiempo, dicha propuesta tampoco fue visada para discutirse mañana en la Cámara.