Por
56 votos en contra, 44 a favor y 1 abstención, la Cámara rechazó el
informe de la Comisión Investigadora de la Empresa de Ferrocarriles del
Estado (EFE), luego de debatirlo durante toda la mañana de este martes.
El documento le quitaba responsabilidad al ex Presidente Ricardo
Lagos en el tema y sólo le atribuía a Luis Ajenjo, ex presidente de EFE, y a los
gerentes el colapso financiero de la
empresa.
Las propuestas establecidas por la Comisión señalaban que
es fundamental para el Estado de Chile que las nuevas inversiones que
se realicen en EFE se hagan en
armonía con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Ferrocarriles.
Esta normativa establece que el Gobierno no podrá obligar a la empresa
a proporcionarle servicio alguno sin la debida compensación económica,
la que estará sujeta al régimen general de tarifas vigentes en la empresa, sin privilegio especial alguno.
"Todo lo anterior en el entendido (de) que la futura propuesta del
Ejecutivo de subsidiar el transporte capitalino (Transantiago) debe
necesariamente abordar una financiación legal permanente del transporte
ferroviario en la zona sur del país, como una manera efectiva y
eficiente de asegurar una 'debida compensación económica' pagada por el
Gobierno", añadía el documento.
Asimismo, la Comisión Investigadora apelaba a la seriedad al minuto de
efectuar denuncias, solicitar investigaciones e informar a la opinión
pública.
"En efecto, no es serio, responsable ni prudente, plantear ante la
opinión pública y dejar establecido como un hecho de la causa, que se
hayan perdido más de US$1.000 millones, porque efectivamente no
es posible negar lo realizado en Merval, la reparación de vías, los
contratos de operación y contención de vías, las inversiones en
señalización y gestión del tráfico ferroviario y las obras de
seguridad", señalaba el documento.
Otra cosa distinta, aseguraba el informe, es determinar la oportunidad
y eficacia de esas inversiones, y dejar actuar a los organismos
fiscalizadores y a la justicia en el evento de que se hayan cometido
ilícitos que atenten contra el patrimonio de la empresa y del país.
"Insistir en la pérdida de sumas tan altas de dinero significa actuar
con demasiada liviandad e hipotecar el futuro de la empresa frente a la
comunidad".
Sanción a funcionarios
Agregaba el texto rechazado que "lo que es real, condenable y merece la
máxima sanción legal, es la actuación de determinados funcionarios que
han provocado un daño enorme a la fe pública, a la empresa y al país".
Además, se recalcaba que "el país debe entender que EFE es una empresa
cuya función principal es dar servicios de transportes de pasajeros y
no de planificar el desarrollo ferroviario de Chile, que es una función
que debe asumir el Estado de Chile, junto con la planificación del
desarrollo de carreteras, de aeropuertos y puertos".
Por ello, se indicaba que a EFE se le debe el mismo trato que a otras
empresas y servicios públicos, como el Metro de Santiago, en el cual se
han invertido más de US$5 mil millones. "EFE no tiene
posibilidad alguna de financiar con sus propios recursos la deuda de
inversión. Si Chile quiere tener trenes de pasajeros y carga, debe
estar dispuesto a invertir en Ferrocarriles".
Marco legal anacrónico
El informe llamaba al Ejecutivo y al Legislativo a modificar la
legislación orgánica de la empresa "que es anacrónica y que, por
ejemplo, exige la realización de planes de inversión y desarrollo de no
más de 3 años, plazo que a todas luces resulta insuficiente
considerando la magnitud de las inversiones y la importancia de las
políticas de transporte".
Se planteaba que EFE no puede hacerse cargo de todas las externalidades
positivas de la materialización de sus proyectos, y que no puede volver
a repetirse lo de Merval y Biovías en cuyos casos, la autoridad fomentó
y permitió la realización de grandes inversiones por parte de EFE, que
generaron externalidades positivas para las ciudades, sin las
compensaciones económicas necesarias.
"La necesidad de establecer responsabilidades sobre la delicada
situación que sufre actualmente la empresa, no se agota únicamente en
el plan trienal 2003 - 2005. Sin perjuicio de los grandes desórdenes,
las irregularidades y los eventuales delitos que puedan atribuírseles a
los directivos y gerentes de la empresa, EFE inició un plan de
desarrollo institucional, que ha llevado a proveer servicios de gran
calidad como los prestados por Merval, Metrotren y Terrasur. El mayor
mérito de estos proyectos es que han demostrado que con una política
seria y las inversiones adecuadas, se pueden prestar buenos servicios",
decía el documento.
Por último la Comisión Investigadora proponía que el Estado iniciara un
proceso de debate serio y responsable, con todos los actores e
intereses involucrados, de modo de discutir en torno a la construcción
de una política de transporte que incorpore al ferrocarril en el rango
de un país que se desarrolla y consolida.
Origen de la comisión
La Comisión Investigadora, aprobada el 21 de marzo de 2007, se encargó
de indagar anomalías en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE),
relacionadas con la recepción de dos trenes no aptos para la función
contratada; la contratación de empresas consultoras por trabajos ya
realizados; el no cobro de boletas de garantía o facturas no cobradas;
y los altos sueldos e indemnizaciones pagadas a importantes ejecutivos
de la empresa en contravención a los instructivos presidenciales en
esta materia.
Integraron este grupo parlamentario los diputados José Pérez
(presidente), Claudio Alvarado, Alfonso De Urresti, Fidel Espinoza,
René Manuel García, Enrique Jaramillo, Sergio Ojeda, Jaime Quintana,
Gonzalo Uriarte, Gastón Von Mühlenbrock, Marisol Turres, Nicolás
Monckeberg, y Gabriel Silber.
Entre el 11 de abril de 2007 y el 20 de mayo de 2008, la Comisión realizó 35 sesiones.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
