La programación del Ministerio de Hacienda establecía que agosto sería un mes clave. La cartera liderada por Felipe Larraín esperaba presentar al Congreso durante los primeros días del mes la modernización al sistema tributario, asumiendo que a fines de julio se aprobaba el reajuste del salario mínimo. Todo aquello quedó solo en el papel.
La agenda comenzó a estrecharse y el gobierno recién ingresará hoy a trámite legislativo la propuesta de incremento al ingreso mínimo, con suma urgencia anticipándose a lo que será una compleja tramitación en ambas cámaras -dominadas por la oposición- y que posiblemente llevará la discusión hasta la comisión mixta (ver nota relacionada).
Producto de esto, el gobierno postergó para fines de este mes el envío de la modernización tributaria. Así lo anunció ayer el ministro Larraín a parlamentarios oficialistas de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, en el marco del tradicional almuerzo de coordinación de los lunes en Teatinos 120.
Fuentes cercanas recalcan que si bien el 90% del texto ya se encuentra definido, aún quedan tópicos importantes por definir, como la inclusión de nuevos impuestos a productos específicos, como los altos en azúcar, y los mecanismos mediante los cuales se les cobrará tributo a las plataformas digitales como Netflix y Spotify. También, la cartera se encuentra trabajando en el informe de productividad que acompañará la propuesta.
Asimismo, las mismas fuentes aseguran que una vez concluida la tramitación del salario mínimo -lo que se espera ocurra la próxima semana-, la cartera estará en condiciones de iniciar un trabajo prelegislativo más intenso con legisladores tanto del oficialismo como la oposición. La idea es presentar el texto con un alto nivel de acuerdo en ambas cámaras.
Incentivos a la inversión
En el marco del almuerzo de coordinación, varios parlamentarios le plantearon a Larraín que la reforma debiese incluir incentivos al ahorro y la inversión, ratificándole que buscarán conocer el contenido del proyecto antes que ingrese al Parlamento.
El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, señaló que "espero que a fin de mes se pueda ingresar el proyecto", enfatizando que el proyecto "no está pensado para el corto plazo, sino para el largo plazo".
"Espero que haya espacios para alcanzar un acuerdo. Esta reforma tiene una orientación de pensar en las generaciones futuras", aseguró.
El diputado de Renovación Nacional (RN), Alejandro Santana, señaló que Larraín les anticipó que el eje del proyecto será "facilitarle el pago de impuestos y su planificación tributaria a los contribuyentes, en especial los pequeños y medianos".
"El proyecto va a ingresar a fines de agosto o principios de septiembre, y probablemente va a requerir varios meses de debate. Esperamos que haya modificaciones en el guarismo de algunos impuestos que incentiven la inversión", afirmó.
Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, planteó que "el foco hoy" del ministerio es sacar adelante la discusión por salario mínimo "para no mezclar las cosas".
"El ministro nos ha asegurado muchas veces que vamos a conocer los contenidos de la reforma a tiempo, que nos van a explicar las complejidades de lo que se presentará y confiamos en que eso ocurra antes de que ingrese la reforma", dijo.
Mientras que el diputado gremialista Patricio Melero aseguró que el eje "principal" será la modernización del sistema impositivo, "que va a facilitar el proceso a los contribuyentes y va a entregar certeza, con un componente importante de incentivos al crecimiento".
Parlamentarios advierten que propuesta podría llegar a comisión mixta
Una compleja tramitación es la que prevén los parlamentarios -tanto oficialistas como de oposición- del proyecto de ley que definirá el salario mínimo de los próximos cuatro años.
El Ejecutivo ingresó una propuesta plurianual de cuatro años al Congreso la cual contempla, inicialmente, un incremento de $ 7.500 de este tipo de remuneraciones, y posteriormente otras alzas de entre 3,5% y 4,5% nominal anual, dependiendo del crecimiento económico del país. La propuesta, además, ingresó sin un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Para facilitar la tramitación del proyecto el Ejecutivo decidió ingresarlo con urgencia simple al Parlamento, es decir, contar con un plazo de 15 días para conseguir el apoyo necesario para aprobar la iniciativa.
"La propuesta del gobierno es baja. No votaré menos de $ 300 mil por ahora, ese es el piso para comenzar a dialogar con el gobierno", aseguró el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini (DC), quien además advirtió que será una tramitación difícil "es muy probable que llegue a comisión mixta".
Una opinión similar entregó el diputado por el PC, Daniel Núñez, quien agregó que "es una propuesta que fija el salario por los próximos cuatro años, es algo que no se había visto nunca. Y nos parece que no habiendo acuerdo con los trabajadores es imposible aprobar una propuesta de ese tipo".
Al interior del oficialismo coinciden en que será un debate complejo, pero hacen un llamado a votar con responsabilidad.
El senador UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que "es una propuesta responsable (...) estamos en un país que aún tiene una secuela de un manejo económico muy complejo".
Su par de Renovación Nacional, José García Ruminot, coincide en que se tratará de un debate complejo, pero agregó que el alza de este tipo de remuneraciones debe ser gradual para no incentivar la informalidad laboral. "No hay que caer en el populismo, todos queremos el mayor incremento del salario mínimo, pero también queremos que los trabajadores estén formalizados, el diálogo debe estar orientado a buscar un punto de equilibrio", dijo.
El diputado UDI, Patricio Melero, criticó a sus pares que cuestionan las cifras propuestas por el gobierno. "Es una cifra realista a las capacidades que el país tiene, si se miran las propuestas durante el gobierno de Bachelet, en los cuatro años ella dejó el salario mínimo en $276 mil, es decir subió $66 mil en cuatro años, lo que es una cifra moderada y acotada también (...) le pido a la oposición que miren la propuesta de salario mínimos que ellos ofrecieron".
Desde la CUT cuestionaron la fórmula de negociación de Hacienda. "Hubo un esfuerzo mezquino, nos parece que un reajuste plurianual del salario mínimo es una muestra de que a este gobierno no le interesa negociar con los trabajadores", criticó el secretario de la entidad, Nolberto Díaz.
Reajuste plurianual aumentaría la informalidad en hasta 37 mil personas
Por primera vez, el proyecto de reajuste del salario mínimo incluye un informe de productividad, práctica inaugurada en el gobierno anterior y que analiza el impacto económico de determinadas propuestas legales.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, presentará en el Congreso hoy el proyecto de reajuste y el citado informe de productividad.
Se trata de un documento de 25 páginas que parte explicando que quienes perciben entre 0,9 y 1,1 sueldos mínimos son 320 mil personas, tratándose principalmente de mujeres y jóvenes que trabajan en pequeñas y medianas empresas (Pymes) y que no son profesionales.
Al desagregar por tipo de industria, el análisis de productividad muestra que comercio, agricultura y manufactura son los tres sectores donde más se paga el salario mínimo.
Estos rubros concentran la mitad de los asalariados que reciben entre 0,9 y 1,1 remuneraciones básicas.
Por regiones, Arica y Parinacota, Biobío y La Araucanía lideran el ranking de asalariados que reciben entre 0,9 y 1,1 sueldos mínimos, versus Aysén, Antofagasta y Tarapacá, que son las zonas con un menor porcentaje de personas que perciben la remuneración mínima.
Respecto de los costos de este aumento salarial, el informe advierte tres impactos negativos.
El primero, que los aumentos plurianuales planteados en el proyecto reducirían el empleo de los asalariados que estaban trabajando con salarios en torno al sueldo mínimo en un rango entre 10 mil y 14 mil trabajadores aproximadamente. Esto, entre julio 2018 y enero 2022 debido al mayor costo al que se verán enfrentadas las empresas que pagan esta remuneración.
Un segundo impacto, consigna el reporte, es que la informalidad subiría entre 26 mil y 37 mil personas aproximadamente entre julio 2018 y enero 2022.
El tercer perjuicio que advierte el informe es un impacto negativo en la productividad de las empresas.
Los beneficios de la propuesta
Sin embargo, no todo es malo, acorde al documento de Hacienda.
A nivel de beneficios, el informe señala que las alzas consideradas en el proyecto de ley tienen impactos positivos en la reducción de la pobreza.
De hecho, con los reajustes propuestos en el proyecto los asalariados en situación de pobreza disminuirían de 5,4% en enero de 2018 hasta alrededor de 4,7%.
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