Carlos Alonso M.
El miércoles la reforma tributaria se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora el debate se centrará en Senado. Y para ello, la directiva de la Democracia Cristiana (DC) encabezada por su presidente Ignacio Walker, ya se está preparando con un informe elaborado por los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones, el cual -en su versión final- hace un crítico análisis de los aspectos centrales del emblemático proyecto del gobierno de Michelle Bachelet.
Uno de los mensajes centrales que el Ejecutivo ha impulsado para defender la reforma tributaria es que afectará al 1% de mayores ingresos, porque ellos pagarán el 99% de lo que se recaude por la eliminación del FUT y el alza del impuesto de primera categoría del 20% al 25%, afectando en definitiva a los grupos empresariales y familias de más altos ingresos, es decir a “los poderos” y no “a la clase media” como ha argumentado la oposición.
Sin embargo, el documento desestima esos cálculos. “De una y otra forma estas modificaciones legales tratan de obtener que los poderosos paguen más impuesto o bien que los poderosos paguen impuesto, porque hoy nada pagan. Por cierto que tales afirmaciones son compartidas por la mayoría del país, pero el problema está en determinar quiénes son efectivamente los poderosos en nuestro país y si es tan efectivo que nada pagan”, afirma el informe.
En esa línea, los abogados DC añaden que “los más poderosos en Chile son los grupos o conglomerados económicos y las empresas de la gran minería del cobre. Dichos grupos o conglomerados y empresas mineras apenas sentirán el impacto de las reformas legales que se proyectan, por cuanto disponen de todos los mecanismos y todo el instrumental necesario para trasladar los mayores impuestos a precios, pagando en definitiva los consumidores los mayores impuestos que se proyectan”.
El texto acota que “la reforma tributaria no se hace cargo de la situación anterior y conforme a su contenido no se toca ni se afecta sustancialmente a los grupos económicos que concentran tales riquezas y controlan los mercados y a esas empresas de la gran minería del cobre”.
Los abogados plantean que si efectivamente se quiere avanzar en equidad, “es menester empezar por los verdaderos poderosos del país y que sean éstos precisamente los que más contribuyan en la recaudación tributaria que se necesita para hacer la reforma educacional, incrementar la protección social y mejorar la salud”.
Dentro de su análisis también entregan propuestas para que “los poderosos paguen”. Uno de ellos apunta a que se aplique un impuesto directo a la concentración económica en los mercados. “Este debería fijarse para gravar las actividades oligopólicas y monopolísticas, impuesto que debiera ser lo suficientemente alto para desincentivar el control de los mercados y que no sería parte del sistema integrado a favor de los socios. Esta sería una forma verdadera para que pagaran los verdaderos poderosos”.
Plantean, además, un gravamen para la gran minería del cobre aplicando una tasa de 50% cuando el margen operacional sea superior al 30%. “Márgenes operacionales del 40% son una anomalía en el mundo de la gran empresa y ya un 30% es excepcional”.
"No vemos la necesidad de eliminar el FUT"
En ámbitos más específicos del planteamiento del informe, los abogados critican la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), ya que a su juicio "no existe una necesidad inevitable de suprimir el FUT en su totalidad, porque existen fórmulas alternativas, entre ellas, que sólo una fracción de las utilidades devengadas y no distribuidas esté exenta del pago de tributos personales mientras permanezca en el FUT. Además, plantean que entre el 30% y el 50% de las utilidades que ingresan al FUT paguen los impuestos correspondientes a utilidades distribuidas. Asimismo, acotan que "dada la prioridad indiscutida que se ha asignado a la reforma de la educación proponemos que con los ingresos tributarios adicionales se establezca un fondo de desarrollo educativo que financie una parte no menor de los gastos públicos adicionales".
Otra de las críticas aborda que el proyecto "al no hacerse cargo en esta reestructuración económica del evidente oligopolio que se presenta en Chile en casi todos los mercados y también en el bancario, no se da cuenta que con el pretexto de obtener más fondos por la vía de eliminar el FUT se favorece directamente a un sector que tiene rentas cuasi monopólicas, y que presenta serias ineficiencias en cuanto a los costos para los pequeños y medianos empresarios".
Ahora bien, con respecto a los mecanismos que reemplazan la eliminación del FUT, el informe puntualiza que "no la sustituye por ningún otro instrumento equivalente". Para los abogados, la depreciación acelerada, tal como está concebida en el proyecto, es de muy corto alcance. Además, "el acceso al crédito internacional barato sólo lo tienen los grandes conglomerados financieros, en tanto que las Pymes tienen un difícil acceso al sistema financiero. Todo ello, de no ser enmendado terminaría por afectar el empleo". Por último, cuestiona que el gobierno no haya entregado información clara y precisa para saber en qué está invertido el dinero del FUT, distinguiendo si están en activos físicos y movilizados o financieros.
IVA: "es un grave retroceso"
Otra de las temáticas que aborda el documento se relaciona a la restricción de IVA a la construcción. A juicio de los abogados, de aplicarse la medida "es un grave retroceso a la posibilidad de que los sectores medios y bajos compren una vivienda". Esta exención, según análisis preliminares, implicaría "un incremento real de cerca de 15% para todos los compradores incluyendo los sectores medios y los más pobres", dice el texto. Para la DC "este aspecto es extremadamente grave y afecta a sectores a los cuales debemos representar". Además, no existe "ninguna explicación aceptable sobre qué beneficios trae esta política en el orden económico social, teniendo en consideración que si algún ingreso habrá, se hará a costa de un mayor aumento del precio de todas las viviendas, materia en que estamos concientes que es vital para el desarrollo de la familia y las personas". Ahora, en cuanto a la incorporación al régimen del IVA a las propiedades raíces nuevas entre contribuyentes con IVA "es otro cambio de fondo que no se puede dimensionar hacia donde apunta y los beneficios sobre la propiedad raíz". Con respecto al aumento de los impuestos a licores y bebidas gaseosas, dicen, "atentan contra el sano esparcimiento contra la clase media y pobre y constituye un impuesto indirecto completamente inaceptable e innecesario".
Con todo, sostienen que "estamos en contra de toda alza de impuestos indirectos, ya que no nos parece que la vía impositiva sea la manera correcta para ordenar conductas de las personas".
NUEVAS FACULTADES DEL sii DESPROTEGEN AL CONTRIBUYENTE
En cuanto a las facultades que la reforma tributaria le entrega al Servicio de Impuestos Internos (SII), el documento las califica como "una cambio profundo" que amerita ser discustido con "mayor tiempo y en forma desapacionada".
"Todas las modificaciones propuestas se orientan a fortalecer y aumentar las facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos, agregando a las atribuciones que ya tiene, otras nuevas, que, a nuestro modo de entender dejan al contribuyente en una situación efectiva de desprotección, ya que el órgano administrativo fiscalizador quedaría investido de poderes exorbitantes y excesivos".
Los abogados indican que en esta parte del proyecto de Ley "se estima que todo contribuyente de rentas de capital en general, y actividades de orden empresarial, en sí mismo, es un delincuente tributario o un posible delincuente tributario, para cuyos efectos sería necesario consagrar una institucionalidad que logre fiscalizar la totalidad del quehacer de tal clase de contribuyente".
En concreto dicen que "de ser aprobadas las modificaciones al Código Tributario y las de la Ley de Renta que facultan al Servicio de Impuestos Internos a interpretar los contratos, tal como vienen en el Proyecto, el estado de derecho, en el ámbito tributario, se resblandecería en grado extremo". El documento puntualiza que la nueva normativa proyectada establece, "una verdadera Central de Inteligencia Tributaria, lo que por cierto se encuentra en las antípodas de un estado de derecho y de la concepción del respeto por la persona que nuestra filosofía propugna y en abierta contradicción con la Nueva Constitución que se incluye en el programa de gobierno y que busca fortalecer los derechos de las personas". Por ello, para compensar estas nuevas atribuciones sería necesario "crear la institución del Defensor Público Tributario". Por la complejidad del tema recomiendan que sea tratado en una ley especial para que sea analizada con mayor tiempo.
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