Por Carlos Alonso
La discusión de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados ya es historia. Ahora el debate se trasladará al Senado. Por ello, todos los focos de nuevas indicaciones están puestos en lo que pueda realizar la Cámara Alta. Si bien existe un consenso amplio de que ni el alza de impuesto a las empresas del 20% al 25% ni la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) se eliminarán, por ser el “corazón de la reforma”, ayer el gobierno dio señales para realizar ajustes y modificaciones al proyecto, pero sin afectar la recaudación de los US$ 8.200 millones.
Una de esas materias apuntaría a evitar los efectos colaterales que la restricción a la exención de IVA a la construcción pueda ocasionar en los precios de las viviendas. Fuentes de gobierno y parlamentarios de la Nueva Mayoría afirman que si bien se mantendría la estructura actual que contempla la reforma, añaden que se pueden estudiar medidas alternativas para que no afecten a los consumidores finales. Una de ellas apuntaría a elevar el último tramo de franquicia tributaria desde 2.000 UF hasta 2.500 UF. Otra de las alternativas apuntaría a no elevar el impuesto de timbres y estampillas de 0,4% a 0,8% para no encarecer el precio de los inmuebles comprados con créditos hipotecarios. Además, se planteará entregar subsidios directos a las personas para la vivienda.
Esta última propuesta es impulsada por el jefe de bancada DC, Matías Walker, quien ya comenzó a socializar esta propuesta con los senadores de su partido. Desde la falange indicaron que esta será una de las medidas que el senador e integrante de la Comisión de Hacienda Andrés Zaldívar presentará cuando se inicie el debate en el Senado.
Otra de la medidas que el Ejecutivo se abrió a analizar de cara al “segundo tiempo” tributario se relaciona con la inquietud que varios de los diputados hicieron presente durante su intervención en la Sala. Y que apunta a revisar el nuevo límite que se aplicará a la renta presunta, ya que según argumentaron puede afectar a pequeños agricultores. El proyecto de ley limita dicha figura a empresas con ventas anuales hasta 2.400 UF, es decir, hasta $ 57 millones y que su patrimonio no exceda las UF 2.500 ($ 60 millones). Y, además, fija un sistema de contabilidad simplificada para empresas con ventas entre $ 57 millones hasta $ 594 millones.
En esa línea, el secretario de Estado planteó que si bien “ese sistema se creó para proteger a aquellas empresas de menor tamaño, a las que les sale más caro contratar un contador que pagar sus impuestos, para las que no tienen capacidad de tener renta efectiva, es necesario que el resto de las empresas sí paguen sus rentas efectivas”. Arenas agregó que según las bases de datos de Impuestos Internos, cerca del 90% de las empresas hoy acogidas a este régimen podrán seguir en él u optar por el del 14 ter.
De todos modos, el titular de Hacienda añadió que esta es “una materia que vamos a seguir estudiando y si es necesario perfeccionarla lo vamos a hacer, ya que el espíritu de esta norma es dejar fuera sólo a quienes no deberían estar en la renta presunta, porque eso significa una potencial elusión”. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, valoró la disposición del Ejecutivo para analizar cambios. “Esta es una clara señal de que frente a los hechos el gobierno se está viendo obligado a realizar cambios para no afectar a un importante sector de la pequeña agricultura”, dijo.
Senadores del agro
Los senadores de la comisión de Agricultura adelantaron que los cambios al sistema de renta presunta es un tema que ya están analizando por los efectos que puede ocasionar a la pequeña agricultura. Según datos de la SNA, del total de agricultores que pasarán a pagar renta efectiva el 88% será PYME. El presidente de la comisión de Agricultura, Iván Moreira (UDI), sostuvo que ya en la Cámara se están evaluando caminos para realizar las modificaciones a los límites de la renta presunta. “No queremos adelantar en qué términos queremos llegar a acuerdo con el gobierno, sino que estamos esperando poder juntarnos la próxima semana para plantearle cómo podemos resolver este asunto para que no afecte a los pequeños y medianos agricultores”.
Otro integrante de la instancia legislativa, Patricio Walker (DC), acotó que “queremos analizar con mucho detalle si estas modificaciones tendrán algún impacto en el sector PYME. Y para ello, ya hemos recibido algunos planteamientos de pequeños productores de la zona para luego empezar el debate con el gobierno”. Mientras, José García Ruminot (RN) acotó que “se pedirá el máximo posible de información”.
Las diferencias que afloraron ayer en el oficialismo
La discusión en particular de la reforma tributaria fue la instancia que emplearon ayer los diputados de la Nueva Mayoría para externalizar su molestia con algunos puntos del proyecto.
Al igual que lo sucedido con algunos parlamentarios del Partido Socialista y la Democracia Cristiana (DC), la lógica de votación -artículo por artículo y no separando numerales- evitó que los legisladores se restaran de votar en bloque, como estableció el acuerdo entre las distintas bancadas.
Al inicio de la jornada y en el marco de la discusión del artículo 1, los diputados José Pérez (PRSD) y Alejandra Sepúlveda (independiente) advirtieron sobre los efectos que tendrá el fin del régimen de renta presunta para los pequeños agricultores, solicitando al Ejecutivo modificaciones al tópico en el Senado.
"Se va a exterminar a las PYME y cooperativas agrícolas con el proyecto tal cual está. Debe haber una revisión en el Senado", dijo Sepúlveda.
El PS Marcelo Schilling, por su parte, planteó dudas sobre la constitucionalidad de la exclusión de los funcionarios públicos en la rebaja de la tasa marginal a los tramos altos de ingresos, dado que "el impuesto no grava profesiones, sino que tramos de ingreso".
El DC Fuad Chaín, por su parte, criticó que no se incluyera en el incremento al impuesto a la renta a las empresas del rubro minero, argumentando que "deben" aportar más al financiamiento de la reforma educacional.
"Además, creemos que debe haber una revisión al impuesto de timbres y estampillas, ya que no queremos presionar al alza el precio de las viviendas de la clase media. Y de ocurrir eso, debe revisarse en el Senado", señaló.
El titular de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini, criticó el recorte a la tasa marginal para los ingresos más altos, argumentando que es una rebaja "a los más ricos del país". Asimismo, criticó la gradualidad con la que se implementará la reforma, que entrará en régimen recién en 2018.
Carlos Montes, integrante de la Comisión de Hacienda del Senado: "Nadie se puede oponer a las buenas propuestas"
- ¿Cómo ve que será el debate en el Senado?
- La comisión de Hacienda se dará el tiempo necesario para el debate, pero no infinito, para que hablen los distintos actores tanto en los temas en general de la reforma como también en aspectos más sectoriales y específicos. Estamos organizando cómo se llevará a cabo la discusión. Habrá las suficientes sesiones para que todos puedan plantear sus reparos y propuestas. En el Senado el debate será distinto, ya que hay una serie de condiciones, como el número de integrantes de la misma comisión, que permitirán una discusión amplía.
- A su juicio ¿dónde hay margen para hacer modificaciones?
- En cuanto a cómo serán los temas que se pueden modificar, son básicamente los planteamientos que ya están sobre la mesa. En algunos es probable que encontremos soluciones mejores a ciertas objeciones. Sobre cuántas indicaciones y cambios se puedan hacer, lo vamos analizar durante el debate propiamente tal.
- ¿Cualquier cambio que se realice en el Senado se acordará previamente con los diputados en la reunión de los lunes con Hacienda?
- Sí, existe un acuerdo que apunta a que cualquier modificación se realizará en la reunión de coordinación entre el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y los diputados y senadores que integran las comisiones de Hacienda.
- ¿Qué espacio existe para modificaciones en el Senado?
- Dependerá de las propuestas que se planteen, de las alternativas, puesto que nadie va a estar cerrado a propuestas que busquen perfeccionar el proyecto. Nadie se puede oponer a las buenas propuestas. En particular, estoy trabajando en propuestas que las presentaré cuando el proyecto llegue a la comisión de Hacienda.
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