Experta en datos y una diputada, llevan al pizarrón el proyecto de ley que busca regular la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Arificial (IA) se instaló con fuerza en la agenda pública tras la irrupción de ChatGPT, el chatbot de la startup OpenAI. Y si bien las empresas han gastado miles de millones de dólares en nuevas aplicaciones, también han surgido debates respecto de su regulación.

En abril pasado, el diputado independiente cercano al Partido Radical, Tomás Lagomarsino, ingresó un proyecto de ley que busca regular los sistemas de IA, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. No obstante, la propuesta ha sido criticada por expertos y desde el Congreso señalan que no tendría apoyo transversal.

Para la directora del Instituto de Data Science UDD, de la Universidad del Desarrollo, Loreto Bravo, legislar en temas de IA es “una buena idea”, y considera positivo que ciertos aspectos estén inspirados en la discusión que está haciendo la Unión Europea (UE), como clasificar en niveles de riesgo el uso de esta tecnología.

Sin embargo, tiene “dudas” de si es el momento apropiado, porque primero se debe aprobar el proyecto de Protección de Datos Personales que aún está en el Congreso. “Pensar en una ley de IA cuando todavía no tenemos resuelto el tema de la privacidad de datos es grave, porque todos los sistemas de IA se basan en entrenamiento basado en datos”, argumentó.

Respecto al contenido de la moción del diputado Lagomarsino tiene reparos. “Tiene varios problemas de base, partiendo por la creación de la Comisión Nacional de IA ad honorem. La cantidad de trabajo que tendrá a tiempo completo calificando el riesgo de cada desarrollo generará muchos cuellos de botella”, dijo.

Lo anterior, según Bravo, se traducirá en el desincentivo de empresas locales e internacionales por desarrollar sistemas de IA en el país debido a los tiempos de espera que tendrán las solicitudes a la comisión.

“La comisión de IA no solo va a frenar la productividad interna y la posibilidad de tener startups chilenas basadas en IA, sino también la llegada de aplicaciones y desarrollos externos”, afirmó.

También criticó las definiciones de IA que hay en el texto, las que calificó como “vagas”.

¿Agua en la piscina?

Hoy el proyecto está siendo discutido en primer trámite en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara Baja, donde la diputada independiente cercana a Renovación Nacional, Paula Labra, es integrante.

La diputada Labra también criticó la propuesta y señaló que “tiene problemas basales” que no consideran “la real magnitud de lo que implica y los efectos de la IA”.

Respecto a la Comisión Nacional de IA que se propone, dijo que la discusión no puede se puede basar en “prohibiciones y restricciones”.

“Básicamente, personas sin experiencia requerida decidirán aprobar o rechazar cualquier iniciativa de IA (…) Es un error regular de manera burocrática, dándole un poder de decisión tan relevante para el país, a un grupo de parlamentarios”, afirmó.

Labra dijo que “siempre” será necesario regular y sancionar el mal uso de nuevas tecnologías, pero que no se puede partir “poniendo trabas” y dejando al país fuera de tecnologías con un gran “potencial” para diversas áreas como la agricultura, salud y educación.

Respecto a su discusión, señaló que esta materia representa un territorio “casi inexplorado”, al que deben investigar, conocer y evaluar experiencias internacionales para luego legislar con el objetivo de “desincentivar los riesgos y sancionar a quienes lo cometan”.

Agregó que, hasta ahora, durante su tramitación, han escuchado a distintos actores que han planteado sus dudas, principalmente, a la creación de la comisión y que tal como está el proyecto “no contará con apoyo transversal” de los parlamentarios.

¿Qué dice el proyecto de Ley?

La moción de 15 artículos busca establecer un marco jurídico en torno al desarrollo, comercialización, distribución y utilización de los sistemas de IA y propone una clasificación por riesgo -en línea con lo que se debate en la UE- en dos rangos: de inaceptable y de alto riesgo, los que en sus definiciones van desde el aprovechamiento de vulnerabilidades en el uso, hasta temas relacionados con datos biométricos.
Pero sin duda lo que ha generado más reparos es la creación de una Comisión Nacional de IA, bajo al alero del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Sus integrantes no recibirían remuneración ni beneficios, y entre sus labores está pronunciarse sobre las solicitudes de autorización presentadas por los desarrolladores, proveedores y usuarios de IA y sobre los incidentes graves o defectos de funcionamiento, además de elaborar informes anuales, realizar recomendaciones para mejorar la regulación de los sistemas y mantener registros de sistemas de IA.
En caso de que desarrolladores y proveedores no cumplan con las normas señaladas en el proyecto, se proponen sanciones monetarias e incluso presidio mayor en su grado mínimo.