La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) ha dado a conocer un comunicado de trece puntos sobre la situación de "extrema gravedad" que atraviesa el país. Para los obispos, la causa fundamental de la actual crisis "es la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado Plan de la Patria, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario, que pone en duda su perfil democrático".
Caracas y varias ciudades del país atraviesan una ola de protestas desde hace varias semanas. Las manifestaciones comenzaron en el Estado Táchira. Luego, éstas se extendieron a todo el país.
La hoguera prendió el pasado 12 de febrero, cuando decenas de miles de estudiantes venezolanos aprovecharon el Día de la Juventud para protestar contra las políticas del Gobierno de Nicolás Maduro.
Las marchas contra el régimen han evidenciado no sólo la crisis que se vive en las calles, sino también los excesos de las fuerzas del orden para reprimir las protestas, que han dejado al menos 39 muertos y centenares de heridos.
Por su interés, reproducimos el contenido íntegro del comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana:
Responsables de la paz y el destino democrático de Venezuela
Caracas, 02 de Abril 2014
1 La crisis que desde el pasado 12 de Febrero vive Venezuela es sumamente grave tanto por su magnitud, ya que abarca dimensiones diversas de la vida nacional, como por su duración, violencia y nefastas consecuencias para nuestro presente y nuestro futuro. Por tal motivo, los Obispos de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana queremos dirigirnos de nuevo a todos los venezolanos, cualquiera sea su simpatía política.
2 Causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado “Plan de la Patria”, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario, que pone en duda su perfil democrático; las restricciones a las libertades ciudadanas, en particular, la de información y opinión; la falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar la inseguridad jurídica y ciudadana; los ataques a la producción nacional, que ha conducido a que en nuestro país hoy se haga necesaria la importación de toda clase de productos; la brutal represión de la disidencia política; el intento de “pacificación” o apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal y la represión física.
3 Los estudiantes y otros manifestantes pacíficos, ejercen su legítimo derecho, previsto en la Constitución, y merecen, por tanto, todo respeto. Las manifestaciones se han visto a veces empañadas por actos de violencia que han dejado muertos, heridos y destrozos en instituciones y propiedades. Es difícil señalar el origen de todos ellos, pero es evidente que muchas acciones delictivas son originadas por personas o grupos infiltrados con el objeto de tergiversar o desacreditar las protestas y provocar su condena. El empleo de barricadas y el ataque hacia personas e instituciones, así como la quema de vehículos particulares y de servicio público, situación que no se debe aceptar ni aplaudir.
4 Reiteramos nuestra firme exigencia de que el Gobierno desarme a los grupos civiles armados. Su actuación coordinada, siguiendo unos patrones determinados, demuestra que no se trata de grupos aislados o espontáneos, sino entrenados para intervenir violentamente. En muchos casos han actuado impunemente bajo la mirada indiferente de las fuerzas del orden público, por lo cual la actuación de éstas ha quedado seriamente cuestionada.
5 Lamentamos los asesinatos de civiles y de Guardias Nacionales ocurridos en las manifestaciones. Queremos recordar que el valor de la vida es absoluto y Dios lo protege con el quinto mandamiento. De igual modo rechazamos la criminalización de la protesta ciudadana y la negación práctica de los derechos humanos en el trato a los manifestantes. Denunciamos la abusiva y desmedida represión contra ellos, las torturas de que han sido objeto muchas de las personas detenidas y la persecución judicial a los Alcaldes y Diputados contrarios al oficialismo.
6 La restricción de la información tanto en la prensa como en los medios radioeléctricos atenta contra el derecho del pueblo a estar bien informado y también contra la posibilidad de que se conozca la verdad de los hechos y se sancione a los culpables. Sin determinar la verdad será imposible lograr la paz. Una “Comisión de la Verdad” que sea plural y que genere confianza en los ciudadanos, puede ser una gran ayuda.
7 El desabastecimiento, la carestía de la vida, la inseguridad y las restricciones en la venta de gasolina, más notables en el interior del país y en las zonas fronterizas, se traduce en angustia y malestar creciente de la población. A esto se añade que no pocas personas inescrupulosas, amparados en la crisis que atraviesa la nación, se han dedicado a especular con los bienes y servicios, que han subido a precios exorbitantes. Si no se toman los necesarios correctivos a estas situaciones, ellas serán una chispa que seguirá encendiendo la violencia.
8 El Gobierno se equivoca al querer resolver la crisis por la fuerza. La represión no es el camino. Con ella no ha podido evitar las manifestaciones de protesta ni dar respuesta al descontento y la rebeldía de la gente. La salida de la crisis es clara: el diálogo sincero del Gobierno con todos los sectores del país, con una agenda previa y condiciones de igualdad, y con gestos concretos, evaluables en el tiempo, como señales de la necesaria rectificación. Consideramos oportuna y de gran valor la participación de la Santa Sede en el diálogo entre el Gobierno y la oposición. El pueblo venezolano apreciará en sumo grado dicha participación y sabrá reconocer el valioso aporte de la Iglesia.
9 Hacemos un llamado a todos los venezolanos, especialmente a los dirigentes del Gobierno y de la oposición, a considerar la extrema gravedad del momento presente, y a evitar que el país se siga desangrando y se derrumbe por la violencia. Más aún, los exhortamos al dialogo y a poner todo su esfuerzo por construir nuevas relaciones basadas en el mutuo reconocimiento, la reconciliación y la búsqueda de la normalización de la situación nacional.
10 La fe cristiana bien entendida nos exige a todos los creyentes responsabilizarnos del destino del país, no permanecer indiferentes sino más bien involucrarnos en la defensa de la vida, de los derechos humanos, de la libertad y la democracia. Nadie que viva en Venezuela debe decir que no le interesa o preocupa la violencia y las muertes que están aconteciendo en ciudades y pueblos. Todos, sin excepción, somos responsables de la libertad, la paz y el destino democrático de nuestra Patria.
11 Inspirados en la Palabra de Dios, todos los creyentes en Cristo tenemos que asumir decididamente el servicio de la reconciliación. Aprovechando la Cuaresma y la próxima Semana Santa, los sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos en acciones pastorales y los Obispos contribuiremos a edificar la paz desde la verdad y la caridad, pues a la Iglesia le corresponde ser el ámbito de la comunión donde todos podremos encontrarnos asumiendo razonablemente nuestras diferencias. Como enseña San Pablo, nos toca derribar todo muro de división. Cristo es nuestra paz (Ef 2,14).
12 Nos solidarizamos con la población de las ciudades que más han sufrido la violencia y los efectos de la militarización. Particularmente con los habitantes de San Cristóbal. Invitamos a todos los católicos a ofrecer a Dios el AYUNO del próximo VIERNES SANTO EN SOLIDARIDAD con todas las familias que lloran a sus seres queridos, pidiendo para ellas consuelo, esperanza y fortaleza espiritual.
13 Invitamos a todos los ciudadanos, independientemente de su simpatía política, a unirnos como venezolanos, a superar el odio y la violencia, a evitar falsos rumores e informaciones que producen zozobra en la población y a comprometernos con Dios a resolver nuestros conflictos de manera pacífica. Ponemos estas intenciones en las manos amorosas de Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela.
Emmo. Sr. Cardenal Jorge Urosa Savino
Arzobispo de Caracas, Presidente de Honor de la CEV
Diego Rafael Padrón Sánchez
Arzobispo de Cumaná, Presidente de la CEV
José Luis Azuaje Ayala
Obispo de Barinas, 1° Vicepresidente de la CEV
Mario Moronta Rodríguez
Obispo de San Cristóbal, 2° Vicepresidente de la CEV
Jesús González de Zárate
Obispo Auxiliar de Caracas, Secretario General de la CEV
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