Este lunes tuvo lugar el mayor suceso a nivel del directorio de la Clínica Las Condes (CLC) desde que la empresaria Cecilia Karlezi, a través de su family office Auguri, tomó su control a fines de 2019. La abogada Paola Bruzzone Goldsmith oficializó su renuncia a la mesa de la entidad privada, del cual fue vicepresidenta desde 2020 con apoyo del grupo controlador, decisión que también se extendió al directorio y la presidencia de la filial Seguros CLC.
A la determinación de la socia de Bruzzone & González, se sumó el retiro de Macarena Santibáñez, quien también integra ese estudio.
El escueto hecho esencial evidenció el distanciamiento surgido entre Bruzzone y Alejandro Gil, presidente de CLC, quienes hasta ahora eran percibidos como una verdadera dupla a la cabeza de la institución privada. Un papel que ella marcó al inicio del actual esquema de administración y propiedad, cuando representó a los controladores en el duro proceso de cambio en las relaciones contractuales del estamento médico con la revisión al alza del porcentaje de sus honorarios que los profesionales pagan a la entidad.
“Es cierto que hay un conflicto, y a nadie le gusta esa situación, pero aquí hay un objetivo superior y es lograr la debida sustentabilidad de CLC”, dijo Bruzzone en octubre de 2020 a El Mercurio. “Fue muy dura con nosotros en ese proceso, tanto o más que Alejandro Gil, y eso se extendió a las instancias finales para tratar de llegar a un arreglo en común. Esperábamos que ella pudiera enrielar de mejor forma la negociación, pero en definitiva fue todo lo contrario”, recordó un exmédico que participó de ese episodio.
El resultado fue un cambio de fondo en las condiciones para los facultativos -que en un número importante eran accionistas- que en los años posteriores se tradujo en la emigración de un porcentaje significativo de profesionales a la competencia o sociedades médicas.
Hasta ahora sin evidencias de discrepancias públicas entre Alejandro Gil y Bruzzone, una pregunta recurrente en el mercado es: ¿qué motivó la renuncia de la emblemática vicepresidenta de CLC?
El complejo escenario
La renuncia de Paola Bruzzone tuvo lugar tras una sucesión de malas noticias para CLC. Luego que los controladores debieron asumir casi íntegro un aumento de capital por $21.000 millones (operación diseñada originalmente en $35.000 millones) para inyectar recursos a la clínica, sus resultados a septiembre arrojaron pérdidas por $15.532 millones -duplicando las cifras en rojo del mismo lapso de 2023- explicado por una baja de 10% en los ingresos por actividades como atenciones ambulatorias y hospitalizaciones debido a niveles de ocupación de 38%, pese a que redujo las camas de 345 a 287 en el último año.
En paralelo, Humphreys bajó ayer la clasificación de riesgo de los bonos de CLC desde categoría "BB" a "B“, debido a "los últimos hechos que directa o indirectamente han afectado a la empresa repercuten negativamente en la imagen que el mercado tiene de la empresa, resintiendo aún más su ya débil capacidad de acceso a las fuentes de financiamiento. Ello, en un escenario que implica vencimientos programados para los próximos meses, con una fuerte estrechez de caja".
Pero el golpe más fuerte vino a fines de noviembre. La administración informó a la CMF la detección de pasivos no reconocidos por $ 7.375 millones correspondientes al ejercicio 2023, por lo cual el directorio ordenó una corrección retroactiva del balance e instruyó una auditoría forense para indagar las causas y “eventuales responsabilidades”.
Por su cercanía en el tiempo, muchos ven en este hecho inédito un detonante para la renuncia de Bruzzone. Por el contrario, versiones desde el entorno de la clínica indican que la abogada tenía tomada esa decisión de manera previa e independiente de ese hecho.
“Es algo que ella venía revisando y masticando hace un tiempo, básicamente por desacuerdos con decisiones de la administración y la gerencia general respecto de la forma cómo se está administrando la clínica. Esto responde a una evolución hasta que finalmente tomó la decisión”, dijo un profesional del sector al tanto de la dinámica interna de CLC.
Otras fuentes identifican que el distanciamiento comenzó a hacerse evidente desde el año pasado. “Llegado un momento en el cual las diferencias con la gestión de CLC llegaron a ser importantes, ella decidió que lo mejor era dar un paso al costado”, agregó, acotando que la relación se mantuvo en buenos términos, a diferencia de la larga sucesión de enfrentamientos y desencuentros entre Gil y excolaboradores.
Un exejecutivo recordó que el vínculo fundamental de Bruzzone con los controladores de CLC es con Cecilia Karlezi, a quien conoció en su desempeño de casi 25 años en el grupo Falabella, donde fue gerente legal corporativa para toda la región, y que con Alejandro Gil no había tenido relación antes de entrar al directorio de CLC. Y recuerdan que el verdadero círculo de hierro lo encabezan los abogados Emilio De Ioannes -gerente legal de Auguri y director de la clínica que trabaja estrechamente con Gil- y Álvaro Jofré (especialista en litigios civiles) que ocupa un lugar destacado en la asesoría en frentes legales como las querellas por apropiación indebida que han presentado decenas de exmédicos de la clínica que acusan no pago de honorarios.
“Gil ha tenido un conjunto de abogados consejeros de confianza que le hacen las recomendaciones que correspondan desde el punto de vista legal”, dice un facultativo sobre el equipo en el cual tuvo un rol clave Sebastián Oddó.
Tras su renuncia al directorio, el vínculo que mantiene Bruzzone con CLC es a través del estudio del cual es socia, prestación de servicios iniciada en 2020 durante el conflicto en torno al régimen contractual del estamento médico. A septiembre pasado, CLC informó pagos por un total de $ 216 millones por asesorías legales a Bruzzone & González.
Ofensiva de los anestesistas
Recientemente otro conflicto se asomó en el horizonte de ejecutivos y directores de CLC. La sociedad Servicios de Anestesiología Limitada (SAL) –integrada por 24 especialistas que demandan el pago de $7.300 millones en prestaciones adeudadas desde 2021- escaló el mes pasado su ofensiva legal interponiendo una querella por delito de estafa, apropiación indebida y entrega de información falsa, entre otras acusaciones, ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
“Aquí hay un trabajo serio de meses para presentar esta querella que incluye antecedentes respaldados por una auditoría nuestra. Se busca la responsabilidad penal por el perjuicio enorme causado a estos médicos al tener que desmantelar una empresa y despedir gente”, afirmó el abogado Gabriel Salazar sobre la acción contra los nueve directores de CLC –incluída Bruzzone- y sus tres principales ejecutivos.
Y mientras los abogados de SAL intensifican sus gestiones ante los fiscales a cargo de acciones anteriores contra CLC -como la querella que un grupo de médicos por el presunto delito de apropiación indebida ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago- y la CMF, trascendió que los directores de la clínica están tomando diferentes cursos de acción.
Un grupo de ellos desestimaría que la querella logre avanzar en la justicia, otros integrantes ya evaluarían las implicancias legales con abogados por sus responsabilidades como integrantes de la mesa directiva de Clínica Las Condes.
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Jorge Isla
