La semana pasada las autoridades del sector financiero subieron el tono y alertaron a los parlamentarios sobre la inconveniencia de un cuarto retiro del 10% de las AFP y de un segundo anticipo de las rentas vitalicias de las aseguradoras.
Considerando que las compañías de seguros de vida están en el perímetro de fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), un nuevo giro podría afectar la situación financiera de la industria y de las futuras pensiones.
“Creo que este segundo adelanto es más complejo, porque tiene mayores efectos patrimoniales para las compañías de seguros. La preocupación de fondo acá es la solvencia y resiliencia de las compañías porque son las que tienen que garantizar el pago oportuno de millones de seguros. Y ahí es donde nosotros vemos que eventualmente aumenta el riesgo con este mecanismo”, advierte el vicepresidente del Consejo de la CMF, Kevin Cowan.
- ¿Cuáles son los riesgos de un segundo anticipo de rentas vitalicias?
- El primero y el más relevante es que al erosionar la solvencia de las compañías de seguro vida, ponen en riesgo la capacidad de dichas compañías de honrar los compromisos financieros que han adquirido por todos sus productos de seguros. Estamos hablando de aproximadamente 10 millones de seguros.
Lo otro es que un segundo anticipo puede erosionar o debilitar el mercado de seguros en sí por un impacto eventualmente duradero en el ámbito de la incertidumbre jurídica que van generando estos anticipos. En general, en el mercado financiero, pero en particular el mercado de seguros, es muy importante tener certeza jurídica.
- ¿Otro riesgo?
- El tercer riesgo se relaciona con el mercado de capitales. Y aquí lo que vemos es que la combinación de un segundo anticipo de rentas vitalicias con un cuarto retiro del 10% empieza a tener efectos relevantes en el mercado de capitales, en particular por el alza de tasa de interés. En este punto coincidimos plenamente con el diagnóstico que hizo el presidente del Banco Central.
El riesgo en las pensiones
- Entonces, ¿está en juego el pago de las pensiones de rentas vitalicias con un nuevo anticipo?
- Es un riesgo y al ser un riesgo es importante tenerlo en mente. Para entenderlo, hay que separar los grupos de mociones parlamentarias. El primero es una moción que busca cambiar el mecanismo de reintegro de los anticipos que ya se aprobaron. Entonces, en vez de una reducción proporcional y permanente de la renta vitalicia, lo que se busca es establecer un mecanismo de reintegro que se asemeja a un préstamo, donde la renta vitalicia sube después de que se hayan cumplido los montos del adelanto.
Lo complejo de esto es que la renta vitalicia es un seguro y el concepto de mutualización, donde las personas que viven más compensan a las que viven menos, se pierde. Cuando se convierte en crédito a las personas, algunas de ellas no van a alcanzar a devolver el monto anticipado y el costo de eso lo absorben por completo las compañías de seguros.
- ¿Cuál es ese costo?
- Estimamos que va entre US$ 300 millones, si es que se aplicara a los anticipos que ya se han otorgado. Pero podría llegar hasta US$ 900 millones, si es que todo el mundo que puede anticipar con la ley que ya se aprobó decidiera hacerlo. Es un efecto muy relevante, ya que el capital de las compañías de seguros de vida es de cerca de US$ 5 mil millones.
- ¿Y con un segundo anticipo?
- El mecanismo de devolución que se está contemplando para un segundo anticipo es el mismo. Dado lo anterior, si se aprueba un segundo adelanto, habría que sumar a las cifras anteriores un monto adicional que podría ser cerca de US$ 1.000 millones si todo el mundo ocupa el espacio del primer anticipo y segundo anticipo. Si sumamos la ley que modifica el primer anticipo a los costos del segundo, podemos llegar a un efecto de cerca de US$ 2.000 millones, lo que corresponde al 40% del capital de las compañías.
- ¿Y la moción que permite el 100% de adelanto respecto del aporte?
- Es la que creemos es muy severa en sus consecuencias, porque permite un anticipo del 100% de la prima originalmente aportada, por lo que tiene dos grandes costos adicionales. La primera, es que al ser un anticipo sobre el 100% del aporte original va a generar que una persona que ya está jubilada por 10 o 25 años pueda acceder al monto que aportó originalmente, a pesar de que ya recibieron todos esos años de pensiones, por lo que es un costo muy fuerte para las compañías.
Lo segundo, es que el mecanismo contempla el hecho de que si ya se hizo un retiro por la primera reforma constitucional y se adelantó parte de la reserva técnica, se va a poder retirar de nuevo.
- ¿Cuál es el impacto que han estimado?
- Hemos estimado, dependiendo de cuánta gente lo ejerza, que varía entre los US$ 13 mil millones y los US$ 26 mil millones, equivalente a entre 2,75 y 5,3 veces el patrimonio de las compañías de seguros.
Incertidumbre jurídica
- Con un primer anticipo en desarrollo, ¿hay algún indicador que estén mirando con preocupación?
- Creo que es importante entender que en el primer anticipo lo que tenía la reforma constitucional era un mecanismo que ajustaba proporcionalmente los compromisos de las compañías, la reserva técnica y los activos. Contablemente, el primer anticipo, tal como se aprobó, no tiene un efecto inmediato y, por lo tanto, en la solvencia regulatoria de las compañías. Acá estamos hablando de anticipos que son distintos.
- De todas formas, ¿no es una señal contradictoria que varias compañías de seguros de vida estén pagando altos dividendos por estas fechas?
- Nuestra visión es que han ido aumentando sus niveles de capitalización, lo que es una respuesta prudente a un escenario de mayor incertidumbre económica y también al hecho de que efectivamente hay un menor volumen de ventas de rentas vitalicias. Para nosotros lo importante en este caso es que las aseguradoras cumplan con las condiciones de solvencia regulatorias y que haya efectivamente una gestión de capital prudente por parte de las compañías de seguros.
- ¿Está dentro de los riesgos que las compañías salgan del mercado previsional?
- Cuando nosotros hemos dicho que el conjunto de mociones genera incertidumbre jurídica, esa es la manifestación de esa incertidumbre jurídica. Hay eventualmente una mayor dificultad para que las compañías de seguros participen, por ejemplo, en la licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Lo que nos parece preocupante es que estos fenómenos se traducen en un deterioro en las condiciones mediante las cuales los hogares pueden acceder a seguros.
Caso Swell: "Las principales prioridades para expandir
el perímetro regulatorio de la CMF están en otro ámbito"
- Swell no era una gestora regulada por la CMF, pero Sartor sí lo es. ¿Cuál es la responsabilidad de ésta en el caso?
- El marco legal en Chile establece que los Fondos de Inversión Privados (FIP) no son organismos sujetos a fiscalización de la CMF. A su vez las administradoras de FIP tampoco son entidades supervisadas, sino que están sujetas a un registro. En ese sentido, la FIP de Sartor no es una entidad regulada por la CMF. Existe una administradora que es de Sartor, que es una entidad separada y esa AGF sí está supervisada por nosotros y debe cumplir con los requisitos patrimoniales, de gestión de riesgo y los fondos debajo de esa administradora debe cumplir con los requisitos de los fondos públicos.
- ¿Este tipo de casos demuestra que los FIP deberían estar bajo su supervisión?
- Yo diría que las principales prioridades para expandir el perímetro regulatorio de la CMF están en otro ámbito. Para mí, lo más relevante, en términos de riesgo financiero, es avanzar con un proyecto que como país no hemos logrado impulsar en varios años, que es el registro consolidado de deudas que permita una situación completa de los patrones de endeudamiento.
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