Reforma de Pensiones: los cálculos de costos que está haciendo el Gobierno para la fórmula final
El menor costo, en combinación con la nueva estrategia de inversión de multifondos generacionales, podría subir las pensiones futuras en 25%.
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De a poco se van conociendo más detalles de la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de pensiones. En el último encuentro del subsecretario de Previsión Social, Christián Larraín, con expertos, el debate se centró en los menores costos asociados a la propuesta de separación de la industria, uno de los principales cambios a la estructura del modelo previsional.
En el nuevo modelo, las AFP se transformarán en gestores de inversión, que convivirán con un nuevo actor estatal. Para ello, se entregará al Instituto de Previsión Social (IPS) la administración de cuentas individuales, tarea que hasta ahora han desarrollado las AFP para 12 millones de afiliados.
Para “garantizar que los ahorros totales se traspasen a comisiones” es fundamental la “creación del gestor público de inversiones y bajar las barreras de entrada”, dice el texto.
Según las estimaciones del Gobierno compartidas a expertos, este ajuste implicará un ahorro de costos para el sistema cercano a US$ 500 millones anuales. La cifra se desglosa en ahorros por menor margen (30% en vez de US$ 120 millones); ahorro por ganancia de eficiencia operacional de US$ 112 millones; ahorro por ventas de US$ 138,1 millones; y ahorro por reforzar al IPS, ya que la entidad asumiría un costo de US$ 173,5 millones que sería de cargo fiscal (no se cobraría a los afiliados).
La presentación del Ejecutivo detalla que “para garantizar que los ahorros totales de costo (US$ 423,5 millones, equivalentes a US$ 250 millones más US$ 173 millones de cargo fiscal) se traspasen a comisiones”, es fundamental “la creación de gestor público de inversiones y bajar barreras a la entrada”.
Mejora en pensiones
Uno de los números que más resalta es el ahorro en ventas. El gasto en este ítem pasaría a solo US$ 13,4 millones, desde los US$ 151 millones actuales. Esto se explica por la eliminación de la fuerza de venta de las AFP, que a partir de la reforma solo gestionarán inversiones, ya que el soporte pasa a manos del IPS.
Este organismo licitaría todos los servicios de soporte en los años de transición desde las AFP al nuevo esquema previsional, asumiendo poco a poco más tareas directas a medida que avance en el know how.
Conocedores de la propuesta indican que la rebaja de costos, sumada al cambio a un sistema de multifondos generacionales -basados en la edad de los cotizantes- y la consecuente mejora de los retornos, permite estimar una mejora de 25% en las pensiones. Un 13% sería atribuible a la eficiencia de costos; un 7% a una mejora de rentabilidad por el cambio de estrategia de inversión derivada del cambio al sistema de multifondos; y un 5% al fin de las “comisiones fantasmas”.
Fin a “doble comisión”
Los análisis del gobierno citan como un factor clave en la mejora de los costos y alza de las pensiones el fin del pago de “doble comisión”. Las comisiones indirectas o “comisiones fantasmas” son los pagos que las AFP hacen a terceros por administrar los fondos en el exterior, que se cobra con cargo al fondo ahorrado de los afiliados (además de las comisiones directas que se pagan mensualmente con cada cotización) y que en 2021 totalizaron US$ 663 millones. Este monto equivale al 0,33% de los fondos administrados, o 60% de las comisiones directas.
Según el documento socializado por el Gobierno a expertos, uno de los argumentos para el cambio es que “las comisiones indirectas desincentivan la construcción de capacidades internas de inversión de parte de los gestores de fondos, lo que va contra de la tendencia internacional de los administradores de pensiones de potenciar sus capacidades internas para invertir en distintos tipos de activos, incluidos los activos alternativos”.
La eliminación de los dobles cobros deja como excepción solo a los activos alternativos. Esto “comparado con la situación actual, permitirá un ahorro de costos de 0,23 puntos básicos, y generará un aumento del orden de 5% en la pensión”, describe el texto.
Crítica de expertos
Las opiniones de los expertos son variadas. Para el académico de la Universidad de Chile, José Luis Ruiz, la propuesta es positiva. “Si uno compara con el sistema vigente, aquí hay un ahorro de costo significativo, pero lo más importante es cautelar toda medida que pueda significar mayor rentabilidad a largo plazo, ya que es esencial para mejorar las pensiones”, explicó.
El abogado Hugo Cifuentes dijo que la separación de funciones es algo planteado desde hace años por especialistas y legisladores. “Su conveniencia radica en que una sola entidad gestora de afiliación, recaudación, cobranza, relación con el afiliado y con facultad para externalizar funciones, disminuye costos, por ejemplo, de publicidad y promoción”. Pero agregó que si bien los costos son de relevancia para el Estado, trabajadores y empleadores, estos “deben ser considerados en relación con los beneficios finales de mejores pensiones y legitimidad del sistema”.
El exsuperintendente de AFP, Alejandro Ferreiro, es crítico. “Sabemos lo que nos cuesta la administración de cuentas con algunas ineficiencias eventuales que ya existen, pero malamente podemos saber cuánto va a costar y exactamente cómo va a funcionar un sistema administrado por el IPS (…) Por lo tanto, comparar costos sin tener claro los sistemas operativos y la calidad del servicio parece un poquito prematuro”.
Las dudas que todavía
no aclaran las autoridades
Según los expertos, entre los temas pendientes estaría la definición de cómo se aplicará el cobro de comisiones sobre el stock de activos que quedará en manos de las AFP actuales, para quienes decidan mantener su ahorro ahí. Se trata de US$ 162 mil millones que deberían seguir siendo invertidos para mantener su rentabilidad, pero sin que las AFP puedan cobrar, ya que no tendrán nuevos flujos de ahorro.
Otra duda es si la comisión por administración de 0,5% que se estima para el gestor público –y que se cobrará sobre el saldo administrado- será un máximo al que deberán acogerse el resto de los gestores privados que compitan por el 10% o no. También hay dudas sobre el tiempo y forma de transición entre un sistema y otro.