Una tarea titánica tiene la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, para alcanzar el acuerdo que le encomendó el Presidente Gabriel Boric en materia de pensiones.
Justamente hoy, la titular de la cartera sostuvo: “Entendemos que hay voluntad de diálogo y esperamos que ahora esto se consolide en propuestas concretas y que ese diálogo se manifieste, más allá de las palabras, en una realidad”.
Pero si de tareas titánicas se trata, el historial asociado al sistema previsional tiene varias. Una de ellas fueron las distintas comisiones asesoras presidenciales –Comisión Marcel en 2006 y Comisión Bravo en 2015- que lograron lo impensado: poner de acuerdo a especialistas de distintas miradas en ciertos puntos de consenso.
¿Por qué entonces ahora no se puede lograr lo mismo? Si bien las posiciones entre el Ejecutivo y la oposición hoy siguen estando alejadas, existe consenso entre los distintos actores del mundo previsional de que los cambios al sistema previsional son urgentes, y no deben transformarse en un nuevo intento fallido.
En ese contexto, Diario Financiero conversó con tres exmiembros de las comisiones asesoras presidenciales para conocer sus miradas sobre lo que debería contener la reforma y cómo se podría alcanzar un acuerdo.
Los economistas Andras Uthoff (miembro de ambas comisiones), Olivia Mitchell (Comisión Bravo) y Álvaro Clarke (comisión Marcel), entregan sus recetas.
Olivia Mitchell y las cuentas nocionales:
"No sería más que pasar a
un sistema de pago por uso"
La economista estadounidense, Olivia Mitchell apoyó en ese entonces la denominada "propuesta A" –que planteaba, entre otras cosas, aumentar significativamente la pensión solidaria, universalizarla, financiarla a través de impuestos y crear una nueva cotización del 2% de cargo al empleador destinado a un fondo solidario- es contraria a establecer las cuentas nocionales.
“No sería más que pasar a un sistema de pago por uso, uno que Chile no podrá alcanzar sin recortes masivos en otros en otros gastos o grandes aumentos de impuestos, dado el rápido envejecimiento de la población”, advirtió.
Sobre la posibilidad de lograr acuerdos, la economista señaló: “Reformar los sistemas de retiro siempre es difícil”. No obstante, aseguró que “hacerlo en Chile es especialmente importante ahora, tras la pandemia, en la que políticos permitieron que la gente retirara demasiado de sus cuentas de pensiones, muy pronto. En ese contexto, concluyó que “la realidad económica es que esta política tuvo efectos bastante regresivos, reduciendo pensiones futuras, más aún para trabajadores con salarios más bajos y menor densidad de cotización”.
Finalmente, se refirió a otro de los nudos críticos de la reforma: el rol que debiese tener el Estado. “Desde un punto de vista económico, no veo necesidad de una nueva agencia gubernamental involucrándose en la administración del sistema de pensiones chileno”.
Esto, porque la académica de la Universidad de Pensilvania aseguró que “ya existe un mecanismo que funciona bien para recaudar las cotizaciones, gestionar activos y pagar beneficios. Adicionalmente, está la Superintendencia de Pensiones encargada de la supervisión de las inversiones y las comisiones”.
No obstante, planteó algunas mejoras que a su juicio podrían tener impacto: “Lo que podría ser útil es la adopción de una política que exija que todos los afiliados al sistema de pensiones se acojan periódicamente al plan de menor costo, donde todas las AFP deberán proveer ofertas sobre comisiones y gastos. Esto podría mejorar la seguridad de la jubilación de todos los trabajadores, y no solo de los nuevos”, puntualizó.
Andras Uthoff:
"De parte del gobierno, existe toda
la voluntad por llegar a acuerdos"
El economista Andras Uthoff estuvo presente en ambas comisiones. En la última –la comisión Bravo- apoyó la "propuesta B", que transforma el actual esquema de pensiones en un seguro social inmerso en un sistema con financiamiento tripartito.
Para Uthoff, los cambios al sistema previsional deberían orientarse hacia un modelo que se guíe “por los verdaderos principios de la seguridad social; relacionando mejor el sistema con los determinantes estructurales del nivel y calidad del empleo; y construyendo una administración que defienda los verdaderos intereses del afiliado, asegurando el acceso universal y asequible a pensiones dignas”, dijo.
En cuanto a la fórmula para llegar a un acuerdo en pensiones, el economista planteó que esto debiese generarse “evitando que en las mesas técnicas se sienten quienes justifican la defensa de intereses ajenos al de un verdadero sistema de pensiones”.
Para Uthoff, los puntos de posible encuentro estarían dados en la consolidación de la PGU como un beneficio universal; la permanente supervisión y actualización de sus parámetros mediante métodos actuariales transparentes; la definición y aplicación de criterios adicionales de solidaridad para adaptar el sistema a las características del mercado de trabajo sin crear incentivos negativos; y la reorganización de la administración del sistema de modo que el afiliado se transforme desde un consumidor desinformado de servicios financieros en un trabajador con derechos previsionales.
También, es partidario de que el 10% de cotización quede en modalidad de capitalización individual y que el 6 % adicional vaya en su totalidad a un seguro social, que aplique los criterios para distribución inter e intrageneracional. “Hoy finalmente tenemos una propuesta comprensiva que enfrenta todos los problemas y les diseña una solución”, sostuvo refiriéndose al proyecto de ley del Ejecutivo.
Sobre la expectativa de lograr sacar adelante la reforma, sostuvo: “Hasta donde he podido participar puedo asegurar que, de parte del Gobierno, existe toda la voluntad por llegar a acuerdos. No obstante, la derecha por algún motivo ha estado ausente”. Y concluyó que “el Gobierno se ha abierto a realizar indicaciones”.
Álvaro Clarke:
"El debate ha ido madurando en
el tiempo, se ha vuelto más realista"
El exsuperintendente de Valores y Seguros (SVS) durante el período del exPresidente Ricardo Lagos y también exsubsecretario de Hacienda durante la administración de Eduardo Frei, Álvaro Clarke, está optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo en la materia.
Fue miembro de la comisión Marcel en 2006. “Yo creo que el debate ha ido madurando en el tiempo. De hecho se ha vuelto más realista. Creo que el Ejecutivo ha entendido que hay que avanzar con reformas y no con revoluciones”, dijo.
Así, manifestó que “las políticas públicas lo que debieran hacer es interpretar a las grandes mayorías y que están representadas en las instancias de decisión institucional, que son básicamente el Ejecutivo y el Legislativo”.
Para Clarke, el diseño de la reforma debiese partir desde la base de la definición de cuáles debiesen ser las tasas de reemplazo esperadas. “Se requiere de cambios, de reformas, pero que tengan objetivos tan concretos como incrementar las pensiones, formalizar el mercado laboral, que las inversiones puedan llevarse a cabo de la manera más eficiente posible y que se fijen criterios objetivos en los cuales esas políticas públicas se puedan construir”, afirmó.
Para el economista, en la distribución del 6% todos los sectores debiesen terminar cediendo para llegar a un punto medio –en torno a 4 y 2 ó 3 y 3, apuesta- sin cuentas nocionales. “Tengo la impresión por las señales que han emanado del Ejecutivo, que es que esa iniciativa va a cambiar mucho”, puntualizó.
Respecto a la reorganización de la industria, apuntó hacia una “cancha pareja”. “No se puede restringir la participación pública en esta área, sobre todo por la relevancia social que tiene, pero obviamente que tiene que ser brindada siempre en condiciones equitativa y competitiva con el resto de los actores”, concluyó.
En ese contexto, manifestó que “es importante que el Estado no renuncie a llevar adelante políticas públicas que colaboren en incrementar la competencia y nadie en el mundo privado podría oponerse a eso”.
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