Con la presentación del requerimiento para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la reforma de la oposición que permite un segundo retiro de fondos de las AFP, el gobierno pone en una difícil disyuntiva al organismo, que se debería pronunciar sobre el fondo de la iniciativa, haciendo un análisis jurídico pero también político sobre un proyecto que goza de una gran popularidad ciudadana y que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados por un amplio margen, que superó los 2/3.
El gobierno funda su presentación en que el proyecto opositor infringiría la Constitución, pues a través de un artículo transitorio la reforma implícitamente; lesiona el sistema de seguridad social y, adicionalmente al resultado de la votación, la norma debería haber sido votada con un quórum de 2/3; y, que la materia abordada es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
En una aproximación a partir de una primera lectura del requerimiento del Ejecutivo, el constitucionalista Tomás Jordán –quien confirma que se le pidió representar a la bancada de la Democracia Cristiana en este litigio-, retruca algunos de los fundamentos del libelo, argumentando que resulta "curiosa y contradictora" la decisión del Presidente, porque al renunciar a su atribución de introducirle indicaciones, vetarlo o de llevar al TC el primer retiro, se entendió que estaba de acuerdo con el proyecto y el segundo retiro tiene la misma fórmula.
Por otro lado, Jordán insiste en que el de la oposición no es un proyecto de ley, sino una reforma constitucional, por lo que la exclusividad del jefe de Estado respecto de materias de seguridad social tampoco tendría asidero en este caso, ya que la iniciativa opositora no regula el derecho a la seguridad social. Y, por último, hace hincapié en que "es muy discutible, porque nunca ha ocurrido, la competencia del tribunal para que declare inconstitucional el fondo una reforma constitucional".
El precedente
El único precedente que existe –explica- es la presentación que hizo el entonces presidente Salvador Allende, en 1973 y en que el "tribunal, expresamente, dijo que no se podía meter en el fondo de la reforma porque era de atribución exclusiva del Congreso, por ser constituyente derivado". Esa es una complicación del requerimiento del gobierno –dice- y "siempre hay cierta lealtad a los precedentes, a menos que el tribunal quiera cambiar absolutamente la doctrina". Y advierte que "la complicación es que el Presidente le está pidiendo a un órgano distinto a la política, que es el TC, que se pronuncie sobre un problema político".
Un dilema que complica a los ministros del TC, que en los próximos días –cinco desde que se acepte a trámite el requerimiento del Gobierno- deberán pronunciarse sobre la admisibilidad del libelo. Aunque es aún un misterio cómo votarán llegado el momento, ya se hacen cálculos basados en su cercanía a determinados partidos políticos y al propio presidente Piñera.
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En el propio TC están preocupados ya que están conscientes de que "la discusión se va a politizar" lo que no es bueno para una institución que ha luchado por tener una mirada eminentemente jurídico-técnica frente a sus resoluciones. Demás está recordar que la presidenta del organismo, María Luisa Brahm, es muy cercana al Presidente, de quien fue jefa del segundo piso en su primer mandato; y se comenta que Iván Aróstica, Nelson Pozo, Cristián Letelier (exdiputado de la UDI) y Miguel Ángel Fernández (quien en 2017 representó a Chile Vamos en su requerimiento en contra de la Ley de Aborto de tres Causales), son cercanos al gobierno; mientras que Gonzalo García y Rodrigo Pica, a la oposición. Por lo tanto, la mirada estará puesta en los ministros que se han destacado por sus votaciones independientes como son María Pía Silva, Juan José Romero y José Ignacio Vásquez. De haber empate a Brahm le corresponderá dirimir.
Movimientos en la oposición
Tras la dura reacción de la oposición el domingo luego de conocer el ingreso del libelo del Ejecutivo al TC, durante esta jornada los comités de oposición de la Cámara de Diputados aprobaron pedir a la mesa de la Corporación que "asuma la defensa institucional" de la reforma ante el TC, según explicó el jefe de la bancada del PPD, el diputado Raúl Soto.
El argumento de la oposición para solicitar esta medida, explicó Soto, es que la mesa declaró admisible la reforma opositora en su momento, lo que permitió que esta se tramitara y su posterior aprobación. Lo que aceptó el presidente de la instancia, el RN Diego Paulsen, quien informó que se harán parte a través de un escrito "para defender lo que ha tramitado la Cámara de Diputadas y Diputados".
Lo propio hizo en el Senado, el presidente de la Comisión de Constitución, el socialista Alfonso De Urresti –instancia en la que ya se aprobó y despachó a la Sala la iniciativa-, pidiéndole a la mesa de la Cámara Alta que se haga parte del proceso. El senador explicó que se le hizo la solicitud por escrito a la mesa, porque "tenemos que defender las prerrogativas del Senado e impedir que en el último día y con una letra chica, el Gobierno trate de saltarse un proceso legislativo, algo que no defendió en el primer retiro".
El diputado Gabriel Silber (DC), en tanto, concurrió también al TC para oponerse a la estrategia del Gobierno y "nosotros en el TC y también en el Congreso defendernos el derecho de la gente a ejercer este segundo retiro".
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Molestia del oficialismo
Mientras tanto, algunos parlamentarios del propio oficialismo salieron a criticar la decisión del Gobierno. Junto con lamentar la decisión del Ejecutivo, el diputado Leonel Romero (RN), subrayó que el Presidente "cometió y sigue cometiendo errores no forzados", lo que le produce "pena y rabia, porque en qué mundo vive el Presidente, hay mucha gente que lo está pasando mal, que no ha recibido ninguna ayuda del gobierno" y están esperanzados en el segundo retiro de fondos.
"No sé qué está pasando por la cabeza de Sebastián Piñera (...) ¿Vivirá en un mundo paralelo? Bueno, él y su familia, obviamente, no tienen dificultades para llegar a fin de mes ni para llegar a fin de año, ni para llegar a fin de año de varias décadas más, pero hay miles de chilenos que no tienen ni uno", dijo evidentemente indignado.
Quien también se mostró molesto fue su compañero de bancada Eduardo Durán quien esgrimió que el segundo retiro no habría sido necesario si el Gobierno hubiera implementado planes de apoyo potentes y profundizado la ayuda, "evitando tanta burocracia ante esta emergencia sanitaria", asegurando que "a esta altura la estrategia de ir al TC es una mala idea y presentar un proyecto de segundo retiro con letra chica son tardíos y puede interpretar como un ataque frontal a quienes han perdido todo".
Desde la UDI el senador Iván Moreira advirtió que el gobierno llega tarde con sus decisiones y "siempre nos pone entre la espada y la pared" y si bien tiene todo el derecho de concurrir al TC, "nosotros tenemos el derecho de cumplir con nuestra palabra"; mientras que el diputado Álvaro Carter, señaló que "no quiero pensar que se está yendo al TC para ganar por secretaría (...), espero que mi gobierno se enriele y ayude a la gente sin letra chica".
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