¿Por qué Julio Ponce Lerou aún no paga la multa a la Tesorería por el Caso Cascadas?

El Caso Cascadas vive sus últimos capítulos. El 2 de diciembre el 18º Juzgado Civil de Santiago resolvió no acoger la solicitud de la defensa del empresario ligado a SQM, Julio Ponce Lerou, que había pedido que el pago de los intereses de la multa de $2.152 millones por la que fue sancionado, se calculara a partir del año 2019, fecha en que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la rebaja de la multa que dictaminó el Tribunal Constitucional.

Desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) argumentaron que dicho requerimiento era ilegal y que los intereses de la multa debían contarse desde 2014, año en la exSuperintendencia de Valores y Seguros estableció la sanción administrativa, la mayor de la historia del mercado de valores.

Los argumentos del CDE fueron acogidos por el tribunal, lo que fue celebrado por su presidente, Juan Peribonio.

Las acciones de la defensa de Ponce

Pero el asunto no quedó ahí. El abogado de Ponce Lerou, Jorge Bofill, ingresó un recurso de reposición el 9 de diciembre en contra la resolución de la jueza Claudia Donoso. En el escrito argumentó que no impugnarán la orden de devolver los dineros a la cuenta de Ponce Lerou para que posteriormente sean pagados ante la Tesorería General de la República.

Esto, pues el empresario pagó la multa a la cuenta corriente del Tribunal. El CDE reclamó que dicha acción era improcedente y que la sanción debía saldarse en la Tesorería, lo que fue visado por el tribunal.

Bofill apuntó que la tesis del CDE es incorrecta. A juicio del abogado, no existe la sanción de la exSVS de 2014 ya que la sentencia respecto a la infracción se dio a conocer el 21 de febrero de 2019 por la Corte de Apelaciones de Santiago que "dejó sin efecto la multa impuesta por la SVS, determinando y fijando una nueva multa, calculándola en base a una norma distinta".

La defensa del empresario indicó que los cálculos de los intereses de la multa si corrieran desde 2014 a 2020 excederían incluso a la multa confirmada por la Corte Suprema en 111%.

Alegó, que en el caso de una sanción interpuesta a una persona natural por parte del Estado debe ser zanjada por un Tribunal y en caso contrario "la administración pública podría intentar el cobro administrativo de la multa, con los intereses calculados como ella postula".

Insistió que la tesis del CDE es errada y una muestra de ello es que sus recursos interpuestos fueron rechazados, "por consiguiente, es claro que es la fecha de notificación de la sentencia de segunda instancia la que debe considerarse para efectos de calcular los intereses".

Asimismo, Bofill acusó que los argumentos del CDE "desafía el sentido común y la lógica jurídica". El Consejo sostenía que debía ser la Tesorería que debía calcular el interés de la multa. La ley establece que es de 1,5% mensual.

Controversia se traslada a la Corte de Apelaciones

La jueza Claudia Donoso rechazó el recurso de reposición interpuesto por Ponce Lerou, pero autorizó el recurso de apelación subsidiario para que la Corte de Apelaciones de Santiago dirima la controversia.

Para ello, la magistrada dio un plazo de cinco días para que realicen los pagos correspondientes para que se confeccionen los archivos y sean revisados. Dicho pago se concretó el 21 de diciembre y fue hecho por el abogado Tomás Valenzuela por la suma de $ 70.056.

Lo pendiente

Si bien el caso aún no está cerrado por completo, en el entorno de Ponce Lerou existe prisa para poder pagar la multa ante la Tesorería, tal como dictaminó el 18º Juzgado Civil de Santiago.

Si bien el Tribunal ofició el 2 de diciembre la devolución de los $ 2.152 millones a la cuenta del empresario en Banco Santander, esto aún no se concreta.

Bofill ingresó un escrito el 17 de diciembre al Tribunal solicitando que se ordene girar el cheque a nombre de Ponce Lerou "a efectos de que mi representado pueda pagar a la brevedad posible, ante la Tesorería General de la República, la multa impuesta".

Recalcó que "ello resulta particularmente necesario, relevante y urgente puesto que ordenó, como señalé, pagar la multa ante Tesorería General de la República".

Para poder acelerar el proceso para girar el cheque, se ofreció que podía ser retirado ya sea por el propio Ponce Lerou o bien por sus abogados: Guillermo Chahuán, Eduardo Achu o Tomás Valenzuela.

De acuerdo al sistema del Poder Judicial, el requerimiento aún no es resuelto por el Tribunal.