Es uno de los mayores escándalos financieros de la historia del país, y ahora está empezando a moverse de nuevo. Luego de que una de las caras más visibles del llamado caso Cascada, el exgerente de las sociedades controladoras de SQM, Aldo Motta, fuera condenado por la Justicia el domingo recién pasado, se reconfigura el panorama para los minoritarios que se están enfrentando a los participantes del esquema en Tribunales.
Por el lado de las administradoras de fondos de pensión, la más activa ha sido Habitat, que fue uno de los querellantes en la causa que terminó con Motta sancionado por la Justicia el domingo, junto con Moneda Asset Management, el accionista minoritario Roberto Lobos y el Ministerio Público.
Pese a que la Fiscalía pidió una pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, el fallo decretó cuatro años de libertad vigilada para el exejecutivo, lo que abre la puerta a posibles apelaciones. Ante una sentencia de más de 500 páginas, las partes están procesando la información del fallo.
Desde la bancada de Lobos, el abogado Mauricio Daza sostiene que están contemplando tomar acciones sobre los tres cargos relacionados con infracciones a la Ley del Mercado de Valores por los que fue absuelto Motta, por operaciones realizadas por la sociedad de inversiones Pampa Calichera entre 2009 y 2010. “Es una sentencia satisfactoria”, señala Daza, “sin perjuicio de que podamos presentar un recurso de nulidad” por esos tres cargos.
Consultados por el Diario Financiero, Habitat no quiso referirse a si es que van a apelar a la decisión del domingo o no, pero el abogado de la AFP sostiene que “la pena está dentro de los márgenes que la ley establece”. En esa línea, apelar no se ve recomendable, para Luis Inostroza. “Lo que yo pienso es que fue un camino tan complejo, de tantos años para llegar a un juicio oral y a una condena, que por lo menos desde mi punto de vista, independientemente del monto de la pena, el hecho de que se haya logrado una condena es súper relevante”, destaca el jurista.
De todos modos, el fallo fue recibido con los brazos abiertos por personalidades ligadas al caso. Fernando Coloma, quien fue el superintendente de Valores y Seguros a cargo de la investigación del esquema, indica que el fallo “claramente refuerza la esencia” del caso que se destapó en 2004.
“Si ahí queda establecido que se defraudó a los minoritarios y que además se manipuló el mercado, sin duda alguna que los que participaron también se ven afectados y esto les podría traer una implicación directa en procesos particulares que se quieren demostrar”, señala.
Lo que viene
Además, de lo que pueda pasar con la arista de Motta en sí mismo, el fallo que lo condenó a libertad vigilada senta precedente para la otra mitad del bullado caso: Julio Ponce Lerou y los otros implicados.
La investigación a la participación del controlador de SQM en el esquema, junto con una serie de otros ejecutivos apuntados por la Superintendencia de Valores y Seguros (actual Comisión para el Mercado Financiero, o CMF) en el momento –como Patricio Contesse y Cristián Araya, entre otros–, sigue adelante en la Fiscalía.
En el mundo de los litigios entre privados, la cosa también avanza en lo que a las AFP respecta. Y en es que por el lado civil es donde hay más firmas involucradas.
Actualmente hay tres causas pendientes en la Corta de Apelaciones de Santiago, que enfrentan a Habitat, Provida y Cuprum con los involucrados en las transacciones de acciones de SQM y las “cascada”. Todos esos procesos pasaron por el Juzgado Civil y siguen vigentes. AFP Capital también tiene una causa ligada al esquema, pero todavía está en primera instancia.
Los pendientes de las AFP
AFP Habitat
Luego de demandar a Ponce, Motta, Contesse y otros implicados, el Juzgado Civil falló en contra de la administradora, citando que ésta no acreditó un daño económico. Actualmente la causa está en la Corte de Apelaciones.
AFP Provida
En litigio contra implicados del caso, la Justicia falló en contra de los ejecutivos, por incurrir "en un actuar ilícito que generó perjuicios" para los fondos de pensión. También pasó a la Corte de Apelaciones.
AFP Cuprum
El Juzgado rechazó la demanda de Cuprum contra el grupo central del esquema, pero falló que Banchile y Cristián Araya, ex ejecutivo de la corredora, deberán indemnizar a la AFP por el caso Linzor.
Opinión...
AFP, Cascadas y Gobiernos Corporativos
Por gobierno corporativo se puede entender que las sociedades sean gestionadas eficientemente y el valor de los accionistas sea maximizado de cara al conflicto de interés entre el de la sociedad y de todos los accionistas e inversionistas, por una parte, y el de quienes tienen intereses distintos en la sociedad, por la otra.
En el mercado de capitales nacional se han dado casos que han exhibido ese conflicto de interés, entre ellos uno reciente y que sigue dando enseñanzas en la materia, el denominado "Cascadas", a su respecto, así como en todos o casi todos aquéllos que se ha producido tal conflicto, han sido las AFP las que se han destacado en la defensa de los intereses de todos quienes hemos confiado nuestros ahorros destinados a la pensión.
En esa defensa ellas han demostrado la necesidad de buenas prácticas de gobierno corporativo, tanto difundiéndolas, como procurando, en la medida que su participación lo permita, su implementación entre emisores y actores del mercado de capitales, eligiendo directores independientes, así como ejerciendo las acciones legales que el sistema jurídico regulatorio nacional provee.
En esa labor la defensa de los intereses de los fondos de pensiones se alinea con el foco de la ley nacional, que es: interés social y el de todos los accionistas.
Esto último es eficiente pues los inversionistas podrán confiar en que sus recursos invertidos en una sociedad buscarán generar valor, lo que en el mediano y largo plazo se traducirá en mayor rentabilidad, los trabajadores tendrán mejores remuneraciones, el controlador tendrá mejores resultados y una sociedad mayor, el Estado recibirá más impuestos, la comunidad verá como la operación de la sociedad tiende a ser más amigable con el medioambiente y con ella, etc.
Si ello no se cumple las consecuencias, serán menor confianza, menor inversión, mayores medidas de resguardo, más regulación, etc., todas medidas que, en definitiva se traducen en menor riqueza para los accionistas, trabajadores, Estado, comunidad, etc.
La labor de las AFP, en la defensa de los recursos confiados por los trabajadores, en este caso respecto del caso Cascadas, ha sido decisiva para hacer valer no sólo los derechos de los fondos de pensiones gestionados, sino que para dar cuenta de situaciones reñidas con nuestro regulación; propender a implementar mejores prácticas de gobierno corporativo entre los emisores de valores, así como en la modificación de las normas sobre operaciones bursátiles para hacerlo más transparente, más público y más parejo.
En el caso Cascadas las AFP ejercieron acciones de distinto tipo ante tribunales y autoridades competentes, es muy probable que sin esas acciones y denuncias en el cuidado de los activos que gestionan, y a pesar de su disímil resultado, la confianza en Chile se hubiera visto aun más afectada.
Lo cual debe ser sopesado por los tribunales y autoridades, pues el actuar de las AFP vela por el interés general y es mayor a la simple obtención de rentabilidad.
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