Carlos Gajardo y las estafas piramidales: “Debe existir una institución pública que se preocupe de estos fenómenos”

Ha sido el fiscal Carlos Gajardo, jefe de la unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente el que más se ha involucrado en las investigaciones de estos casos. Espera que este año se puedan ver los primeros fallos en los juicios y reitera el llamado a tener una fiscalización que regule a estas empresas.

-¿Cómo evalúa las investigaciones por estafas hechas el año pasado?

-El 2016 se caracterizó por ser un año en que se destaparon muchos casos de estafas piramidales, era un fenómeno que no se había dado con frecuencia en los últimos tiempos y significó que la Fiscalía tuviera que abocarse intensamente a estas causas que tienen diversas complejidades, básicamente por el volumen de víctimas y montos que implican.

-¿Tienen una cifra que resuma lo que significaron estas estafas?

-En términos gruesos, si uno mira lo que son las cinco mayores estafas del grupo piramidal que son los casos de AC Inversions, IM Forex, Rodríguez & Asociados, Chang y el caso de Investing Capital, -que lo iniciamos nosotros pero después lo derivamos a La Serena- en total las víctimas afectadas son aproximadamente 10 mil personas y los montos involucrados unos $ 200 mil millones (aproximadamente US$ 300 millones).

-¿Cuáles han sido los mayores inconvenientes de la investigación?

-Por una parte, no habían organismos reguladores o fiscalizadores que se hubieran preocupado o tuvieran establecido como funciones dentro de sus normativa el perseguir o fiscalizar a estas empresas. La mayor parte de estas empresas no estaba fiscalizada y eso genera una dificultad por el nivel de informalidad que tenían sus operaciones. Y, en cuanto a la dificultad investigativa, ésta estaba en el volumen, por ejemplo, en el caso de AC Inversions nosotros estimamos que son cerca de 5.000 personas las afectadas y la dificultad es en cómo compatibilizar que cada una de esas víctimas esté representada y que eso se vea reflejado adecuadamente en las imputaciones que se hagan y en un eventual juicio.

-¿Reafirma el hecho de que se debe cambiar la regulación?

-Creemos que debe modificarse la regulación. Se debe establecer un sistema regulatorio donde haya alguna institución pública que se preocupe de advertir la existencia de estos fenómenos y de fiscalizarlos. No es razonable que pueda haber empresas que estén operando en el mercado captando fondos sin que ninguna fiscalización exista sobre ella.

-¿Cómo advierte que será este año en las materias que investiga?

-Los fenómenos delictivos van mutando. Hemos tenido durante este tiempo investigaciones bastante largas sobre financiamiento irregular de campañas políticas entre otros materias y probablemente el año 2017 muchas de estas investigaciones debiesen tender a fallarse, ya sea en juicios orales o abreviados.

-¿Qué lecciones debe tomar la gente de lo que ha ocurrido?

-Lo principal es entender que es conveniente operar en instituciones que operen bajo la tutela de alguna Superintendencia y, lo segundo, es darse cuenta de que el sólo el ofrecimiento de rentabilidades altísimas en este negocio, y de carácter asegurado, son antecedentes de un eventual delito de estafa. No es posible que se ofrezca como inversión una rentabilidad asegurada de más de 5% mensual, por lo tanto, las personas debiesen ante esas ofertas ver que se trata probablemente de un delito.

-¿Hay otras investigaciones en curso por el mismo delito?

-Hay algunas otras investigaciones pero son de menor número de personas afectadas, por lo que no han tenido tanta relevancia como las otras.