La Comisión de Economía de la Cámara comenzó a recibir las propuestas para poder perfeccionar el programa Fogape tras las críticas recibidas por parte de los gremios PYME. El presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, remitió la semana pasada una minuta con cuatro propuestas por parte del sector.
La primera, es la eliminación de la duplicación de requisitos del Fogape en las operaciones de refinanciamiento. Mena explicó que el programa Reactiva establece que los créditos Fogape Covid pueden ser refinanciados, situación que beneficiaría a deudores que aún enfrentan problemas de liquidez.
El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena y el gerente general, Luis Opazo.
Esta opción ha sido acotada, con un 10% de las operaciones cursadas con Fogape Reactiva. Desde la Abif apuntaron que entre las razones del menor uso de los refinanciamientos "se encuentra el mayor costo de financiamiento de operaciones de más largo por las restricciones del Banco Central".
Aunque el factor de mayor incidencia es que los requisitos de ambos programas se duplican. Al otorgar un crédito Fogape Covid a una empresa mediana, el banco debe pagar de manera anticipada la comisión al Fogape y si este año ese préstamo es refinanciado con el Fogape Reactiva, el banco debe volver a pagar de manera anticipada una comisión anual variable en función del plazo del refinanciamiento otorgado, generando en la práctica el cobro de dos comisiones por un mismo crédito.
En el caso de los deducibles, ocurre algo similar en los Fogape Reactiva. El gerente general de la Abif, Luis Opazo, indicó a DF que "el impacto del deducible es económicamente relevante".
Señaló que, suponiendo una cartera de empresas con ventas hasta UF 25 mil anuales, "el Fogape Covid establecía inicialmente una garantía de 85% y un deducible de 5%, en este caso, si la morosidad de la cartera fuese menor a 5%, entonces, la garantía efectiva sería 0%, en tanto que si la morosidad fuese 10%, la cobertura efectiva de la garantía sería solo 42,5%, es decir, la mitad. En este sentido, la cobertura efectiva de las garantías solo lo sabremos cuando venzan todos los créditos".
"Desde un inicio, dada su relevancia y su carácter atípico, hemos solicitado eliminar el deducible y simplificar el proceso", señala.
Opazo, comentó que "con el fin de facilitar el refinanciamiento, es clave que las operaciones de refinanciamiento no dupliquen costos ni requisitos establecidos por el Fogape y, en definitiva, sean contabilizadas de manera simple y directa".
Plazos y agenda de inclusión
La segunda propuesta de la Abif es que los plazos de gracia de hasta seis meses para los créditos Fogape sean en función de una evaluación crediticia caso a caso.
Mena mencionó en aquellos casos cuya evaluación crediticia "indique que dicha postergación de amortización implique aumentar la viabilidad económica de las empresas que aún enfrentan restricciones de liquidez, preservando siempre el principio de un endeudamiento sano de las PYME".
La tercera idea, es que el Congreso trabaje en una agenda de inclusión financiera, puesto que tras la pandemia quedó en descubierto que "el mayor obstáculo para canalizar un mayor apoyo a las PYME es que muchas de ellas no han formalizado su funcionamiento, y en definitiva no son clientes de la banca".
Desde la banca proponen que se profundice un análisis en aspectos tales como mejorar la información crediticia, fiscalizar y supervisar el endeudamiento informal (niveles de tasa de interés y métodos de cobro), y digitalización de procesos, entre otros.
Banco Central
Un cuarto punto que busca la Abif es que el Banco Central extienda el programa FCIC que permite a la banca obtener financiamiento a PYME a la tasa de política monetaria de sólo tres años. La crítica es que el programa Reactiva tiene facilidades de siete años.
Mena expuso que "esta diferencia entre plazos hace que el costo de financiamiento más allá de julio de 2024 debe basarse en precios del mercado de deuda, que se ubican en torno a 250 puntos base, lo que tiene un efecto directo en el costo de los créditos a más largo plazo".
Estimó que "el hecho de que el Banco Central no provea financiamiento hasta diciembre de 2028 podría restringir el acceso a las PYME a operaciones de más largo plazo. En particular, si suponemos operaciones a siete años, esto podría implicar que el 30% de las empresas vean limitado su acceso a dichas operaciones".
De concretarse la extensión del FCIC, proyectó que "tendría el beneficio de reducir el costo de financiamiento de las operaciones de más largo plazo, situación que permitiría reducir la carga financiera de las PYME y/o generar un mayor acceso a clientes de mayor riesgo relativo".
Desde el Banco Central hay reticencia. El presidente del ente emisor, Mario Marcel, se mostró contrario a esta idea en la presentación del Informe de Estabilidad Financiera. Indicó que "contraviene con la característica esencial del negocio bancario. El hecho de que FCIC entregue financiamiento hasta el año 2024 no impide que los bancos entreguen préstamos a plazos más largos", explicó.
Sostuvo que "lo que tiene que hacer un banco que quiere financiar créditos a plazos más largos, es encontrar un fondeo complementario al que entregue el Banco Central a través de la FCIC".
Postura del regulador
El presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez, manifestó a través un oficio enviado al Congreso que "los programas de fomento al crédito podrían solo estar postergando la quiebra de empresas que no serán capaces de resistir el shock de la actual pandemia".
Afirmó que "es importante que al momento de considerar nuevos programas o variantes se tenga en cuenta estos factores. Por ejemplo, se podría ampliar el plazo de las reprogramaciones de crédito solo a empresas con mejores perspectivas o que cumplan con niveles previos de deuda que sean considerados 'sanos' en un contexto de tensión financiera".
De cara a eventuales nuevas políticas de facilitación de préstamos para PYME, el presidente de la CMF enfatizó que "las empresas manifiestan menores deseos de contraer deuda por una menor capacidad de pago, alto grado de incertidumbre sobre la evolución de la economía y menor inversión. Las necesidades actuales de las empresas no se orientan a nueva deuda, sino que a tratar de mantener los flujos de caja".
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