Fraudes externos en la banca aumentan casi 60% en un año y superan los US$ 81 millones

Los fraudes externos en la banca continúan al alza. De acuerdo a los últimos datos publicados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al término de agosto, la industria reportó pérdidas asociadas a este ítem por $ 71.377 millones, equivalente a US$ 81 millones. Esta cifra es un 57,7% superior a lo experimentado en 2021. 

De las 12 entidades bancarias que participan con diferentes grados de profundización en el sistema financiero, solo una tuvo una disminución de gastos derivados por fraudes externos que fue Banco Ripley. La compañía ligada al retail tuvo una disminución de sus pérdidas de 13,7% respecto al año pasado. 

Al analizar las cifras, cuatro bancos tuvieron crecimientos de tres dígitos en sus gastos en los últimos 12 meses por este tipo de riesgos operacionales que fueron Banco Consorcio que se elevó un 906%, Santander que subió 327%, Banco Internacional que tuvo un alza de 247% y BICE que saltó un 140%. 

En cuanto a los montos involucrados, BancoEstado acaparó el 38% de las pérdidas de la industria con $ 27.117 millones, cercano a US$ 30 millones. Asimismo, dada su masividad, la firma estatal tuvo un incremento interanual de 52,7% en sus pérdidas por fraudes externos. Cabe recordar que el banco tiene la mayor cartera de clientes de la industria, con más de 14 millones. 

En el segundo puesto se ubicó Banco Falabella que tiene el 14,7% de las pérdidas por fraudes de la banca con $ 10.485 millones, aproximadamente a US$ 12 millones. La entidad tuvo un incremento de 62,6% de sus gastos brutos por fraudes en el último año. 

Banco de Chile tiene el tercer puesto con la mayor cantidad de montos asociados a pérdidas por fraudes externos de la industria con el 12,5% de los montos informados, con $ 8.932 millones, unos US$ 10 millones. 

Las peticiones de la banca

Los fraudes externos comenzaron a ser un dolor de cabeza para la banca en 2020 luego que se puso en marcha una nueva ley que limita la responsabilidad del usuario de medios de pago y transacciones electrónicas ante el caso de extravío, hurto, robo o fraude. El marco legal se aplica para las tarjetas de crédito, débito y débito, como también a los fraudes en transacciones electrónicas.

El problema para la industria se suscita porque la entidad financiera es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad al aviso de fraude que realiza el usuario y de sus consecuencias económicas. Se obliga a los bancos en un plazo de cinco días hábiles desde el aviso para la cancelación de los cargos o restitución de los fondos.

Asimismo, la entidad financiera puede, si recabare antecedentes que acrediten dolo o culpa grave del "usuario", ejercer ante un juez de policía local, las acciones correspondientes. 

Una de las primeras voces en abordar la situación para un perfeccionamiento de la legislación fue la presidenta de BancoEstado, Jessica López, quien recién asumida en el cargo sostuvo una reunión con la presidenta de la CMF, Solange Bernstein, para discutir las implicancias de la problemática. 

López también acudió en junio al Consejo de Estabilidad Financiera -integrado por el Ministerio de Hacienda, Banco Central, CMF y la Superintendencia de Pensiones- para exponer la situación del banco ante la aplicación de la ley y sugirió recomendaciones al respecto. 

El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, entregó a comienzos de mes una serie de propuestas elaboradas por la industria con el objetivo de profundizar el mercado de capitales e implementar una agenda de inclusión financiera. 

Dentro de las medidas expuestas al ministro de Hacienda, Mario Marcel, Mena sostuvo que el estándar de culpa grave o dolo para estas operaciones es único en el mundo, y contrasta con el vigente en Chile para operaciones tales como cheques que es culpa leve. 

Mencionó que en la práctica, dada la masividad de las operaciones electrónicas, es imposible de probar y ha debilitado abiertamente el sistema de pagos en Chile, según la banca. 

Mena planteó la preocupación del gremio debido a que ha aumentado de manera relevante, implicando no sólo un aumento en el costo de uso de medios de pagos electrónicos, sino también imposibilitando continuar con mayores esfuerzos en materia de inclusión financiera.

Dado este escenario, la banca solicitó al Gobierno la necesidad de reformular completamente esta norma, de manera coherente con la experiencia internacional y el ordenamiento jurídico en Chile.