Una de las infracciones más difíciles de perseguir en los mercados financieros es la compra y/o venta de acciones con uso de información privilegiada, debido el gran volumen de transacciones diarias que se realizan y los elementos de prueba que debe comprobar la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cuando analiza una operación sospechosa.
Pero el anuncio del Presidente Piñera sobre aumentar las penas para los infractores de este tipo de delitos económicos podría tener un efecto disuasivo y disciplinador en el mercado.
Al menos eso piensan dos exsuperintendentes de Valores y Seguros –cargo que desapareció con la creación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)–, quienes consideran que los anuncios van en la dirección correcta.
Si bien no existe claridad de los cambios legislativos que propondrá el Ejecutivo, el ministro de Economía, Lucas Palacios, dio algunas luces ayer en T13 Radio.
Según indicó el secretario de Estado, la sanción mínima para el uso de información privilegiada y delitos tributarios será de un año y medio y un máximo de cinco años. “Y el juez no puede convalidar por otro tipo de salidas. Va a ser cárcel efectiva”, afirmó.
Además, el monto de las multas también aumentará, llegando hasta el doble del beneficio obtenido por las operaciones irregulares.
Cumplimiento efectivo
Si bien en el mercado financiero esperan un mayor detalle de las medidas para dar una opinión, el anuncio representa un avance.
El expresidente de la CMF y socio de la consultora Pavez&Olivares, Carlos Pavez, indica que el endurecimiento de las penas por el uso de información privilegiada “va en la dirección correcta respecto del fortalecimiento del funcionamiento de los mercados de capitales”.
Además, Pavez destacó la modificación de las sanciones penales. “Para tener una mayor probabilidad de cumplimiento efectivo de la sanción, el hecho de que el umbral suba es importante”, explicó.
Actualmente, las penas para este tipo de infracciones parten en 61 días de cárcel, lo que hace muy sencillo para los infractores cumplir la pena sin pasar por un período de presidio efectivo.
En esa línea, el extitular de la exSVS, Alejandro Ferreiro, afirmó tener “una opinión general positiva respecto de ser más severo con los delitos económicos y tributarios”.
Rescató además el diálogo existente entre las medidas anunciadas y la coyuntura política y social que vive Chile. “Creo que es positivo correlacionar la sanción penal con el estado de ánimo social que determina el cuestionamiento social a determinadas conductas”, indicó.
Eso sí, mirando hacia adelante, ve como importante que los proyectos de ley clarifiquen las figuras penales sobre el uso de información privilegiada y la infracción al deber de abstención.
Ferreiro destacó que, complementario al efecto disuasivo de penas más altas, se debe proteger a aquellas personas que entreguen información sobre una operación de este tipo (denunciante anónimo).“Eso requiere sacarle mucha punta al lápiz de lo que el Presidente anunció, pero que no está completamente desarrollado, que es el hecho de favorecer la denuncia”.
Desde el Ministerio Público, el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, también valoró la iniciativa de endurecer las penas para la información privilegiada y la entrega de información falsa al mercado.
“Ojalá que los proyectos de ley respectivos tengan normas claras al respecto y que establezcan un marco penal adecuado, y que sea aprobado por el Congreso tras una tramitación relativamente rápida”, acotó.
Casos recientes
Desde el mundo de las corredoras de bolsa, si bien destacaron que la futura norma podría tener un efecto disuasivo para quienes piensen realizar operaciones con información privilegiada, algunos ejecutivos de intermediarias locales señalan que es difícil eliminar esta práctica por completo, dada la complejidad de su persecución, incluso en países avanzados en nivel de legislación financiera, como Estados Unidos y algunas jurisdicciones europeas.
De todos modos, desde el mercado miran con atención cómo será la “bajada” de los anuncios de Piñera.
En la última década ha habido más de una docena de sanciones por este delito, con el caso de Blanco y Negro uniéndose a las filas recientemente. Esto, luego de que la CMF sancionara a los accionistas Gabriel Ruiz-Tagle y Aníbal Mosa por el deber de abstención de compra de acciones en posesión de información privilegiada en noviembre de este año, aplicándoles multas de UF 7.500 y UF 10.000 respectivamente.
Otros ejemplos recientes en el mercado nacional fueron el de Juan Bilbao, por operaciones irregulares con acciones de CFR Pharmaceuticals en 2014; a una serie de directores y personas relacionadas a ellos a raíz de la negociación de acuerdo de fusión de las sociedades Falabella y D&S; y el caso de LAN Airlines (actual Latam Airlines), en 2007, en que se sancionó a los entonces directores Juan José Cueto y Sebastián Piñera, por deber de abstención en la compra de títulos de la firma.
En esa oportunidad también se sancionó a Víctor Bezanilla, ligado a la constructora Besalco.
Luego de que el Presidente Piñera propusiera un aumento de las penas mínimas para delitos ligados al mercado financiero, como por ejemplo, el uso de información privilegiada y la entrega de información falsa al mercado, algunos exsuperintendentes de Valores y Seguros indicaron a DF que la decisión va por el camino correcto.
Parte de esto, según explicó el ministro de Economía, Lucas Palacios, es una pena mínima de cárcel de un año y medio para quienes infrinjan estas normas, sin posibilidad de sustituir la pena de cárcel efectiva, además de un aumento de las multas económicas, las que podrán llegar al doble del beneficio obtenido por el delito.
Eso sí, anteriores reguladores de la industria y fuentes del mercado financiero indican que aún falta conocer los detalles sobre cómo operará el nuevo marco legal.
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