Exgerentes acusados por Primus interponen demanda laboral y exigen millonaria indemnización

El conflicto que mantiene el controlador del factoring Primus Capital, Raimundo Valenzuela, y sus exejecutivos Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar -a quienes los acusa de elaborar un esquema para defraudar a la empresa a través de cheques falsos- llegó a los tribunales laborales.

El jueves 29 de junio, los exgerentes interpusieron demandas laborales en contra de la compañía, acusando vulneración de sus derechos fundamentales y despido indirecto.

Según lo expuesto en el Primer y Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, ambos ejecutivos se enteraron el 29 de marzo de la suspensión de sus funciones (Coeymans era el gerente general y Amenábar director comercial), así como de la existencia de un informe de auditoría interna que reveló ciertas operaciones de factoring que habrían sido respaldadas con cheques bancarios posiblemente falsos. Coeymans y Amenábar alegaron en el Tribunal que no fueron consultados ni intervinieron en dicho proceso.

Según el escrito presentado por los abogados del estudio Clyde & Co, que representa a los exgerentes, a ambos ejecutivos “se le privó de su trabajo simplemente por existir una denuncia interna en su contra, sin que pudiera hacer los descargos a los que cualquier trabajador tiene derecho por la aplicación del principio de presunción de inocencia”.

Bloqueo de cuentas

También denunciaron que, a contar del 7 de abril, sus cuentas de correo electrónico institucionales de Primus Capital fueron bloqueadas, además de prohibirles la entrada a las oficinas de la firma.

Ante lo ocurrido, tanto Coeymans como Amenábar procedieron a acogerse a la figura legal de autodespido.

Los demandantes acusaron que en el tiempo transcurrido entre la “suspensión unilateral” y la decisión de autodespido, los exejecutivos habrían sido objeto de una “conducta sistemática de menoscabo y acoso laboral, que incluyó desprestigio entres sus colaboradores, bloqueo de los accesos y no proporcionar las labores convenidas, llamados a terceros para presionarlos para efectos de que reconocieran una supuesta responsabilidad de mi representado en el deterioro de una parte de la cartera de colocaciones, circunstancia que reiteramos era de conocimiento del directorio”, escribieron los abogados.

A la fecha, los exejecutivos desconocen qué operaciones y por qué montos se les acusa, y tampoco tienen clara su participación en las acusaciones por cheques falsos.

Denuncian haber sido objeto de una “conducta sistemática de menoscabo y acoso laboral, que incluyó desprestigio entres sus colaboradores, bloqueo de los accesos y no proporcionar las labores convenidas, llamados a terceros para presionarlos”.

Rol de Guerrero

Los exgerentes también cuestionaron el rol del actual vicepresidente ejecutivo de la firma, Eduardo Guerrero, ya que según ellos, ejerció “indebidas presiones en su contra” con el objetivo de liberar de responsabilidad al directorio, “y especialmente al señor presidente señor Valenzuela Lang, en relación al deterioro de una parte de la cartera de colocaciones, y en especial, en relación a la existencia de los referidos instrumentos”.

Ambos demandantes aseguraron que desde agosto de 2022 la gerencia general y la dirección comercial fueron limitadas en sus atribuciones por disposición de Valenzuela, quien es presidente del directorio y controlador de la compañía.

“Desde el 10 de agosto y en lo sucesivo todas las renovaciones y nuevas operaciones relacionadas con las cartera de colocaciones informadas como deterioradas por el directorio fueron aprobadas por el área de riesgos y en caso de excepciones por el vicepresidente ejecutivo, Eduardo Guerrero, involucrándose en dichos negocios tanto el área legal, como la de operaciones y riesgo de la compañía además de las respectivas gerencias”, apuntaron.

“Una parte importante de las operaciones respaldadas por los cheques que se reputan como falsos fueron directamente autorizadas por él”, sostuvieron los abogados de Coeymans y Amenábar.

Indemnizaciones millonarias

Los exejecutivos además demandan el pago de más de $ 2.675 millones en reparaciones en contra de Primus.

Del total, destacan las indemnizaciones solicitadas por nueve años de servicio de Coeymans y Amenábar, quienes tenían un sueldo de cerca de $ 39 millones y $ 31,3 millones mensuales respectivamente, violación a derechos fundamentales ($ 429 millones para Coeymans y $ 345 millones para Amenábar) y daño moral ($ 150 millones cada uno).

Primus: “Demandas son muestra de la estrategia de quienes están involucrados en el esquema defraudatorio”

Consultado por DF, Primus Capital respondió que “la presentación de la demanda laboral y la argumentación que ahí se desarrolla, constituye otra muestra de la estrategia de aquellos que están involucrados en el esquema defraudatorio que afectó a Primus”.
Para la firma “los demandantes, intentado eludir su responsabilidad, se autodespidieron e iniciaron esta ofensiva laboral y comunicacional”.
En la misma línea, recalcaron que ambos exejecutivos y otras personas están siendo investigadas por “hechos gravísimos”, “por lo que estamos conscientes que nos enfrentaremos a una seguidilla de acciones judiciales que no van a prosperar”.
“Como ha sido la conducta permanente de Primus, los antecedentes que dan cuenta del fraude serán presentados ante las instancias judiciales correspondientes y no serán dados a conocer por la prensa”, concluyeron.